Durante años se extendió la idea de que el aceite de palma había desaparecido de los supermercados, empujado por la presión social y su mala reputación ambiental y sanitaria. Pero el nuevo informe del Observatorio de Corporaciones Alimentarias (OCA), de Justicia Alimentaria, demuestra lo contrario: sigue muy presente, especialmente en productos dirigidos a niños y adolescentes. Solo que ahora, alertan, aparece más “camuflado” que nunca.
Bajo el lema “¡Alejad vuestra palma de nuestra infancia!”, la organización ha presentado la décima edición de su informe, centrada esta vez en el uso del aceite de palma en ultraprocesados infantiles. El documento desmonta una percepción “extendida pero sesgada”: “Existe un quorum social que cree que el aceite de palma ha desaparecido, pero es falso”, sostiene la entidad.
Vista aérea de una plantación de aceite de palma en el límite de la selva del Parque Nacional de Gunung Leuser, Indonesia.
Según el informe, la industria alimentaria continúa demandando grandes volúmenes de aceite de palma por su “versatilidad”, es decir, su capacidad para facilitar la producción masiva de ultraprocesados a bajo coste. Para esquivar el rechazo del consumidor, lo oculta bajo otras denominaciones: grasa vegetal de palma, palmoleína, estearina de palma, aceite de palmiste, sodium palmitate o incluso su nombre botánico, Elaeis guineensis.
“La ciudadanía ya dictó su veredicto: no quiere aceite de palma en la comida. Ahora falta que actúen administraciones y empresas”, denuncia Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria. La organización asegura que este ingrediente está presente en prácticamente la mitad de los productos del supermercado, aunque “apenas se vea, apenas se nombre”.
La organización señala varios ejemplos populares entre niños y jóvenes: Donuts clásicos estilo glacé (Bimbo); Caramelos Sugus (Mars); Galletas Príncipe (Mondelez); Galletas La Buena María (Fontaneda) y helados mini bombón almendrado Hacendado (Mercadona). Todos ellos incluyen aceite o grasa de palma, pese a que “existen alternativas reales utilizadas por otras marcas”, sostiene el informe.
Las Galletas Príncipe, entre los productos donde se detecta aceite de palma.
Más allá del impacto ambiental, Justicia Alimentaria recuerda los riesgos sanitarios asociados. El aceite de palma contiene varias veces más grasas saturadas que aceites como el de oliva o el de girasol, y su refinado puede generar compuestos potencialmente peligrosos, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Buena parte del informe se centra en Guatemala, donde el monocultivo de palma aceitera ha crecido casi un 200% entre 2009 y 2019, situando al país como tercer exportador mundial. La expansión, coordinada por la patronal Grepalma, ha transformado regiones enteras y, según múltiples denuncias, ha provocado “desalojos forzosos, pérdida de bosques, desvío de ríos y criminalización de líderes comunitarios”. Incluso áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas han sufrido la entrada del cultivo.
Una dieta rica en ácido palmítico aumenta la capacidad metastásica de las células tumorales y su se asocia a un riesgo de al menos doce enfermedades crónicas
España es uno de los principales destinos del aceite de palma guatemalteco, importando cerca del 20% del total, que luego se transforma en ultraprocesados presentes en la cesta de la compra. Un estudio del IRB Barcelona, publicado en Nature en 2021, demostró que una dieta rica en ácido palmítico aumenta la capacidad metastásica de las células tumorales a través de una “memoria” celular duradera. Y una estudio reciente de The Lancet ha vuelto a vincular el consumo de ultraprocesados con un mayor riesgo de al menos doce enfermedades crónicas.
El informe sitúa el foco en el 30 de diciembre de 2025, cuando debía entrar en vigor el reglamento europeo contra la deforestación. La nueva norma exige a las empresas pruebas verificables de que los productos con aceite de palma no han provocado daños a la biodiversidad después del 31 de diciembre de 2020, incluyendo geolocalización de cultivos y certificaciones. Sin embargo, la Comisión Europea ha decidido aplazar por segundo año consecutivo la aplicación completa del veto. Para Justicia Alimentaria, se trata de “una promesa incumplida” con consecuencias graves para la biodiversidad y las comunidades indígenas de países en expansión palmicultora.