Encarni Sánchez, jubilada de 83 años: “Para no perder mi hogar, tuve que pedirle a mis tres hijos que me avalaran”
VIVIENDA
Esta forma de discriminación silenciosa refuerza la exclusión social y debilita la cohesión comunitaria
Las personas mayores tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna
El aumento del precio de la vivienda, la escasez de opciones adaptadas y la falta de políticas públicas eficaces intensifican la vulnerabilidad de los mayores. La exclusión residencial afecta de manera particular a las personas mayores, un grupo que con frecuencia enfrenta limitaciones económicas, físicas y sociales que dificultan el acceso a una vivienda digna. Vivir en entornos inadecuados o tener que abandonar hogares que han sido su refugio durante décadas genera no solo precariedad material, sino también aislamiento, pérdida de redes de apoyo y un impacto emocional profundo.
Un reportaje de 'La Sexta' ha mostrado las dificultades que tienen las personas de más de 50 años a la hora de comprar o alquilar un piso: “Las personas mayores no tenemos opciones. He estado alquilada en habitaciones donde tocabas pared con pared. Mi casero me impedía encender la luz o cocinar al llegar a casa después de pasar todo el día trabajando”, explica Belkis Fernández en el vídeo.
“Muchos de nuestros mayores se ven abocados a alquilar una habitación y a tener que ir a un comedor social”
El mercado de alquiler muestra un sesgo claro hacia la edad y, en muchos casos, prefiere inquilinos de mediana edad. Las personas mayores a menudo enfrentan mayores dificultades para acceder a un alquiler, no por falta de recursos ni de responsabilidad, sino por prejuicios implícitos que asocian la edad con riesgos, problemas de movilidad o capacidad de pago. Vania de la Fuente es experta en envejecimiento saludable y reflexiona sobre ello: “Estereotipan que una persona de mediana edad va a ser más independiente, va a ser menos exigente y va a dar, en el cómputo general, menos problemas. Es común que a los mayores les pidan pruebas de autonomía o un avalista”, comenta en el vídeo.
Encarni Sánchez es una jubilada de 63 años que cuenta cómo necesitó el aval de sus tres hijos para poder seguir en su hogar: “La única solución que te dan es que te vayas a una residencia y tampoco se pueden pagar porque están por las nubes”, lamenta.
Marcelo Cornellá trabaja como dirigente asociativo centrado en la defensa de los derechos y el bienestar de las personas mayores: “Muchos de nuestros mayores se ven abocados a alquilar una habitación y a tener que ir a un comedor social”, explica video. La falta de recursos, combinada con un mercado de vivienda inaccesible y la ausencia de apoyos adecuados, obliga a personas que han trabajado toda su vida a depender de soluciones temporales e insuficientes, poniendo en riesgo su autonomía y dignidad.
Aproximadamente 20 % de las personas mayores de 65 años viven en viviendas con vulnerabilidad residencial extrema, con problemas como falta de accesibilidad, carencias de calefacción, hacinamiento o ausencia de ascensor. Problemas de habitabilidad como falta de agua corriente o servicios básicos también han sido señalados en estudios previos sobre este mismo fenómeno.
A muchas personas mayores se les niega el acceso a hipotecas o créditos necesarios para readaptar sus viviendas a medida que envejecen. Adaptar un baño, instalar rampas o realizar mejoras de accesibilidad debería ser una medida de prevención y autonomía, pero en la práctica se convierte en un obstáculo financiero casi insalvable. Garantizar que las personas mayores puedan acceder a financiación para adaptar sus viviendas es una cuestión de derechos. Ignorar esta necesidad perpetúa la exclusión residencial y erosiona la autonomía de quienes más han contribuido a la sociedad.