Luis Garvía, experto en economía: “Deberíamos jubilarnos a los 72 años para que salgan las cuentas. La esperanza de vida ha subido hasta los 84 años”
JUBILACIÓN
El descenso de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida profundizan el desequilibrio entre quienes cotizan y los jubilados
Imagen de un jubilado con su pensión
Con una esperanza de vida que sigue aumentando y una natalidad en mínimos históricos, el equilibrio entre trabajadores en activo y pensionistas se resiente año tras año. Esta realidad plantea un desafío creciente para la sostenibilidad de las cuentas públicas y subraya la urgencia de adaptar las políticas sociales a una población cada vez más envejecida. La previsión es que la edad legal de jubilación suba a los 66 años y 10 meses a partir de este 2026, un cambio que refleja las transformaciones demográficas y económicas del país.
Luis Garvía es un economista español, profesor universitario y experto en finanzas. En una intervención en el programa de 'Y Ahora, Sonsoles' ha reflexionado sobre la magnitud del problema: “La esperanza vida de vida hace 20 años era de 74 años; ahora vivimos 84 años”, empieza diciendo.
“Si vemos la gente que nace en España y vemos la gente que se jubila, el problema es que no estamos mejor que hace 10 años”
El experto explica que cada vez hay menos trabajadores activos por cada jubilado. Esto ocurre por la baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la precariedad laboral, lo que hace que el sistema de pensiones reciba menos aportes por persona jubilada: “Hace 20 años cotizaban cinco personas por cada jubilado; ahora son solo 2,3” advierte.
En España, la pensión media de jubilación se sitúa actualmente en torno a 1.505‑1.510 € al mes, aunque varía según el régimen: los jubilados del Régimen General perciben aproximadamente 1.660 €, mientras que los del régimen de autónomos cobran alrededor de 1.010 € al mes. Estas cifras reflejan la media de más de 6,4 millones de pensionistas y se actualizan periódicamente para ajustarse a la inflación y garantizar cierto poder adquisitivo, aunque siguen mostrando diferencias significativas según historial laboral, comunidad autónoma y género.
A partir de enero de 2026, España implementa un nuevo método para calcular la pensión de jubilación como parte de la reforma del sistema público. Hasta ahora, la base reguladora se obtenía sumando las cotizaciones de los últimos 25 años y dividiéndolas por un número fijo de meses. Con el nuevo sistema se aplicará un cálculo dual que permitirá elegir automáticamente la opción más beneficiosa para el trabajador. Por un lado se mantiene el método tradicional y por otro se introduce un sistema que irá ampliando progresivamente el periodo considerado hasta 2037, tomando los mejores años de cotización dentro de un periodo más largo y excluyendo los peores, de manera que se tenga en cuenta trayectorias laborales irregulares y se pueda mejorar la base reguladora de la pensión para muchos trabajadores.
Garvía señala que, ante esta situación, tendríamos ampliar la edad de jubilación hasta los 72 años para que salgan las cuentas, ya que el gasto público con las pensiones va a ir a más: “Si vemos la gente que nace en España y vemos la gente que se jubila, el problema es que no estamos mejor que hace 10 años”, señala. Ajustar la edad de jubilación podría ser una medida para equilibrar ingresos y gastos, aunque plantea también un debate social sobre la viabilidad de trabajar más años y la necesidad de acompañar estas decisiones con políticas que protejan la salud laboral y la calidad de vida de los trabajadores.
El experto termina su intervención afirmando que el principal problema es que vamos a vivir mucho más. Por este motivo es necesario abordar los factores que incrementan el gasto social asociado al envejecimiento. A medida que la población envejece, el número de personas que requieren cuidados continuos o atención especializada aumenta. Garantizar calidad de vida, prevención de enfermedades, apoyo psicológico y asistencia diaria es fundamental para evitar que la vulnerabilidad se traduzca en precariedad o aislamiento. Reconocer y actuar sobre estos factores no solo protege a los mayores, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sistema de bienestar, equilibrando recursos y necesidades en un contexto de cambios demográficos profundos.