Italia vive una guerra cultural abierta, en la que la lucha por la hegemonía ideológica pasa ahora por el control del sistema fiscal. El Gobierno de derechas intenta calmar los ánimos, pero lo cierto es que la oposición más dura a Giorgia Meloni y su Ejecutivo ha llegado en estos meses de parte de actores y directores de cine. El mundo cinematográfico acusa al poder político de “maccarthismo” y de haber provocado una crisis profunda que estaría favoreciendo a otros países, como España, adonde se estarían trasladando muchos rodajes. Para los sectores conservadores, sin embargo, el audiovisual italiano ha disfrutado de privilegios —también políticos— que ahora deben corregirse.
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La respuesta del colectivo ha sido contundente: una carta firmada por los nombres más destacados del cine italiano, entre ellos Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Paola Cortellesi, Matteo Garrone y Nanni Moretti.
Meloni asegura que se han acabado los despilfarros y el ministro acusa al sector de izquierdismo tribal
La disputa, de base fiscal, se ha desplazado rápidamente al terreno ideológico. “Basta ya de descuentos fiscales para los chiringuitos de la izquierda”, acusa la derecha, tentada una vez más por imponer su hegemonía cultural.
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Pese al clima de confrontación, en los últimos días se ha abierto una tímida vía de entendimiento: la semana pasada, una delegación de artistas fue recibida por el ministro de Cultura Alessandro Giuli, quien anunció su intención de modificar parte de la normativa fiscal para atender algunas de las demandas planteadas. Un gesto bien recibido, que no resuelve del todo el conflicto.
La raíz del enfrentamiento es la fuerte restricción al llamado tax credit, un mecanismo que permite a las empresas del sector recuperar una parte de los costes de una producción mediante deducciones fiscales. En algunos casos, el reembolso alcanzaba hasta el 40% del gasto, una cifra elevada en comparación con otros países europeos.
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Según los cineastas, este sistema ha hecho posible la realización de muchas películas que, de otro modo, nunca habrían llegado a rodarse, especialmente dentro del cine independiente o de autor. Para el Ejecutivo, en cambio, el modelo ha favorecido una red clientelar afín a la izquierda, heredada de gobiernos anteriores, y no ha servido para ayudar a los más pequeños. Se destinaron grandes cantidades de dinero a películas que, en muchos casos, fracasaban en taquilla.
Una petición firmada por una veintena de asociaciones denuncia que actualmente el 70% de quienes trabajan en el cine en Italia lleva más de un año sin empleo. “Han pasado cosas que son una locura y las estamos corrigiendo —dijo Meloni en una entrevista al diario La Verità —. No voy a tirar el dinero de los ciudadanos para pagar cosas que no merecen ser financiadas. Haremos una distinción entre lo bueno y lo que, en nuestra opinión, no lo es tanto”. Unas palabras que han alimentado el temor de que, a partir de ahora, solo se financien obras afines al Gobierno.
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El director Gabriele Muccino resumió así la situación: “El cine lleva parado dos años, lo que ha provocado la fuga de productores extranjeros. Hoy prefieren rodar en países como España —donde los incentivos alcanzan el 45%— o Francia. Yo mismo voy a filmar una película en Marruecos”.
El enfrentamiento alcanzó su punto más álgido el mes pasado. La polémica estalló tras el discurso del actor Elio Germano —protagonista de películas como El capital humano o La nostra vita, ambas conocidas en España— durante la gala de los premios David de Donatello, el equivalente italiano de los Goya. Allí, Germano acusó al Ejecutivo de desentenderse de los problemas del cine y de colocar a sus aliados políticos en cargos clave, en lugar de nombrar a personas capacitadas. El ministro respondió hablando de “los daños provocados por el tribalismo doméstico gauchista”. La batalla cultural, en Italia, se libra también con palabras gruesas.