Un 40% de laspersonas que trabajan en el sector cultural se ven oblifadas a combinar varios tipos de trabajos para poder subsistir. Esta es una de la principales conclusiones que presenta el estudio del 2024 del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca).
Esta mañana, después de entregar el informe anual al presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, el Conca ha hecho públicos sus datos más relevantes. Esta tarde se entregará a la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar.
Salvador Casals, miembro del Conca, ha resumido el contenido del informe a la prensa, remarcando los “salarios bajos, la intermitencia laboral y el pluriempleo” como problemas generales entre los trabajadores, “a pesar de la bonanza que vive el sistema cultural del país” y de que que en el año 2024 “hubo una serie de avances importantes en este sector”.
Los salarios bajos, la intermitencia laboral y el pluriempleo son problemas generales entre los trabajadores, a pesar de la bonanza que vive el sistema cultural del país
En la encuesta Condiciones de trabajo de artistas, creadores y profesionales de la cultura, en la que han participado 1.200 personas, “se da a conocer una realidad compleja y diversa, marcada por la dedicación, la precariedad y la pasión por el arte y la cultura”.
El informe señala que algunos de los principales problemas identificados son “las desigualdades de género, la baja sindicación (solo un 10%), la falta de reconocimiento social y las dificultades para acceder a una formación adecuada”.
La encuesta también concluye que un 23% de los trabajadores culturales tienen “unos ingresos que están por debajo del salario mínimo y solo un 35% superan el salario medio”.
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Como solución a estos problemas, el Conca “reclama políticas que pongan a las personas en el centro, con una mejora de las condiciones laborales, porque sin dignidad laboral no puede haber un sistema cultural justo, inclusivo ni transformador”.
Sobre las medidas que deberían aplicarse, el Conca apunta algunas, como la implementación efectiva de la Ley de Derechos Culturales; incorporar la diversidad como criterio estructural; revisar los modelos de colaboración público-privada, porque “los actuales a menudo generan precariedad y desequilibrios, especialmente en la contratación pública”; fortalecer el uso social del catalán en el ámbito digital y audiovisual; asegurar la sostenibilidad de los equipamientos culturales; reforzar la alianza entre cultura y educación; y simplificar la burocracia en las gestiones públicas.
