Filmin y el riesgo de los boicots culturales
Una de las críticas que se puede hacer de un documental es decir que su tono es sesgado. Cuando lo es hasta el punto de que solo se recoge en él la opinión de una de las partes en conflicto, se puede calificar también de propagandístico o panfletario. Estos adjetivos pueden aplicarse a Ícaro, la semana en llamas , dirigido por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, motivo estos días de una controversia por su exhibición en la plataforma catalana Filmin.
El documental está elaborado a partir de testimonios de los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía que en el 2019 participaron en la represión de las movilizaciones independentistas contra la sentencia de los líderes del procés , en el aeropuerto del Prat, en la Via Laietana y en la plaza de Urquinaona.
El uso de algunas de las tomas de calle o de las entrevistas a policías, debidamente contextualizado, podría haber tenido su sentido, de haberse insertado en un documental que ofreciera también los puntos de vista de las personas que reaccionaron contra la sentencia. Pero no ha sido este el caso.
Tendemos a pretender que el programador sea el censor y se atenga a las consecuencias
A partir de su emisión, las primeras críticas formuladas en las redes sociales dieron paso a llamamientos a darse de baja de la plataforma y, pocos días después, a la aparición de pintadas frente a la sede de Filmin. Una de ellas acusaba a la plataforma de “colaborasionista (sic) con la represión española”. La firmaba la organización NS (Nosaltres sols).
En declaraciones a este diario, Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin, pidió disculpas por haber exhibido la película sin haberla visto antes, recordando que formaba parte de un paquete de filmes constituido por acuerdos con otras compañías y que no había sido ni producida, ni promocionada ni recomendada por Filmin, compañía que tiene 11.000 títulos en catálogo.
En su descargo, Ripoll recordaba –con mucha razón– que la plataforma se ha destacado siempre por su decidido apoyo a la lengua catalana y al cine catalán, y que ha exhibido también filmes muy críticos con las actuaciones policiales, como la Ciutat morta de Xavier Artigas y Xapo Ortega.
Ciertamente, se puede argumentar que una plataforma de prestigio como es Filmin no debería exhibir películas que no ha visto antes. Pero lo acaecido con Ícaro también puede verse en el contexto de una época en que a los proveedores de contenido se les exige una oferta exhaustiva, sugestiva e inmediata para poder competir en un mercado cada vez más tensionado.
Hablamos de una plataforma que ha exhibido una película que no está a la altura de su catálogo, pero la crítica se puede hacer extensiva, por motivos similares, a los medios en su conjunto y a todo tipo de programadores culturales. La aceleración de nuestros días combina mal con una cultura que necesitaría de la pausa para programar menos y mejor.
Boicotear o llamar al boicot
Hay boicots que se instigan y boicots que simplemente ocurren. Los segundos, que se desarrollan por decantación –cuando se produce de forma natural una renuncia individual a comprar, a mirar, a ir a determinado lugar– suelen ser más eficaces que los primeros. Por ejemplo, nadie ha pedido formalmente un boicot a EE.UU., pero está claro que los europeos hemos dejado mayoritariamente de viajar hasta allí, ya sea por miedo a la arbitrariedad de su policía o porque el país no proyecta precisamente su mejor imagen.
Con todo, hay una reflexión de Ripoll que apunta al corazón del problema: “¿No tenemos que estrenar estas películas? En tanto que espectadores, ¿no somos capaces de acercarnos a una obra y expresar si nos gusta o no?”. La respuesta debería ser que sí, que tiene que ser el espectador, y no el programador, quien decida si quiere ver o no determinado contenido, para luego expresar su crítica a través de la sección de comentarios o en las redes sociales. Sería esto lo propio en una sociedad madura.
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Pero, a la vista de unas reacciones que, en este caso, han derivado en una invitación a irse de Filmin –probablemente con muy limitado éxito–, parece que no, que lo que se pretende es que el responsable de contenidos ejerza de censor por el bien de todos y de todas. Y, si se equivoca, que se atenga a las consecuencias.
El problema de los boicots es que a menudo los carga el pensamiento único. Si se insiste en amedrentar a los gestores culturales, lo que se logrará es que nadie se atreva a asumir riesgos en la hora de elaborar programaciones. Será más confortable delegar el trabajo en el algoritmo y pedirle que seleccione solo productos pulcros, higienizados y sin aristas.
