El apagón de los dos reactores de Ascó (que deberían desconectarse de la red en 2030 y 2032) preocupa enormemente en esta localidad de la Ribera d’Ebre. El alcalde Miquel Àngel Ribes (del partido Per Tu) estima que el cese de la actividad podría comportar la pérdida de unos 3.000 puestos de trabajo, “entre directos e indirectos”, en todo el territorio bajo la influencia de las dos centrales. Los impuestos relacionados con las nucleares suponen el 90% del presupuesto municipal (cifrado en unos 17 millones anuales), por lo que el efecto económico para las arcas consistoriales puede ser tremendo. “Buscar alternativas de futuro no se hace de un día para otro porque en el momento en que llegue el cierre de la nuclear todo desaparecerá. Los planes se deben hacer antes, con antelación”, expone.
En parecidos términos se expresa Assumpció Castellví, alcaldesa de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Junts). Ella explica que la nuclear “deja unos 7 millones de euros” anuales a las arcas municipales mientras que, en el futuro, con la planta cerrada, recaudaría un millón, “como máximo”. Pero sobre todo teme por los puestos de trabajo de sus conciudadanos, “por las empresas de limpieza y jardinería que deberán dejar de trabajar en la nuclear...” En su caso el cierre se ha previsto para 2035.
Los impuestos relacionados con las nucleares suponen el 90% del presupuesto municipal de Ascó (cifrado en unos 17 millones anuales)
Las incertidumbres sobre el futuro económico de las localidades afectadas y la ausencia de planes estatales de transición justa (que han sido prometidos por el Ministerio, para más adelante) están teniendo repercusión política.
Gracias a la abstención de Junts y ERC, el Congreso aprobó hace dos semanas una proposición no de ley del PP a favor de extender de la vida de las nucleares.
El acuerdo no es vinculante, pero los dos partidos independentistas dan un balón de oxígeno a las empresas propietarias de nucleares, que vienen sugiriendo una revisión del cierre acordado por ellas mismas en 2019.
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Ambos grupos (Junts y ERC) esgrimen que la prórroga a las nucleares sería consecuencia de la falta de desarrollo de las renovables en Catalunya, lo cual les sitúa en una contradicción pues durante su mandato al frente de la Generalitat ese impulso fue escaso. Junts sostiene que el apagón nuclear pone en riesgo las empresas, las industrias y los consumidores. Y ERC sacrifica sus principios antinucleares ante la obediencia al territori y su defensa de la economía comarcal.
Si la votación del Congreso se extrapolara a Catalunya, presumiblemente el cierre de Ascó y Vandellòs quedaría en minoría en el Parlament, pues solo cosecharía 52 votos (42 del PSC, 6 de Comuns y 4 de la CUP) frente a una mayoría de grupos partidarios de la prórroga.
Producción bruta de energía eléctrica en Catalunya
El debate de fondo es si se podrán cerrar las tres nucleares catalanas sin causar efectos indeseados. Las nucleares aportan actualmente el 54,9% de la generación mientras que las renovables sólo suponen el 19,8%. El Govern expresa una posición clara, y coincidente con la de la Administración central a favor de “un cierre ordenado y progresivo, tal y como está acordado con las empresas propietarias y establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”, explica Jordi Sargatal, secretario de Transición Ecológica. Ese calendario “responde a criterios de seguridad, sostenibilidad y transición energética, y no ha existido ninguna solicitud formal para modificarlo”.
Las tres nucleares catalanes aportan actualmente el 55% de la generación eléctrica en Catalunya mientras que las renovables sólo suponen el 19,8%.
Pero la división la expresan también los sectores profesionales. La Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya esgrime que los reactores deben seguir funcionando dado el insuficiente desarrollo de las energías renovables en Catalunya. Su argumento es que con ese cierre “Catalunya se enfrenta a una reducción significativa de su capacidad de generación eléctrica” y se ocasionaría “un riesgo demasiado elevado que condiciona el crecimiento industrial”.
En sentido contrario se expresan las asociaciones empresariales del sector eólico y fotovoltaico (Unef y EolicCat), que se sienten “preparadas para asumir el reto de tomar el relevo de las nucleares catalanas y cubrir su aportación en el momento de su cierre”. Salvador Salat, delegado de Unef en Catalunya, admite no obstante que para que todo ello sea realidad “necesitamos que el Gobierno central nos dé acceso a la red y que el Executiu catalán apruebe una tramitación acelerada” de los proyectos.
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Manuel Torrent, autor de Renovables: l’energia de la llibertat (Ed. Pòrtic), juzga que el cierre sería factible triplicando la producción de las plantas de gas (mientras la renovable y las líneas MAT no puedan saldar la demanda que ahora cubre la nuclear), más las interconexiones de redes y las renovables.
Programa de operación y clausura de las instalaciones nucleares
Jaume Morron, asesor en materia energética, sostiene que es “falsa” la idea de que sin nucleares habrá problemas de suministro. En 2031, aduce, estarían desconectados cuatro reactores, lo cual supone una pérdida de 32.000 GWh, pero esta cantidad puede suplirse instalando 2.000 MW fotovoltaicos y 1.000 MW eólicos anuales hasta el año 2030.
“En fotovoltaica, es menos de la mitad de lo que se está instalando ahora y en eólica es la mitad de lo que se está instalando”, concluye.
