Rubiralta niega el uso indebido de los préstamos de 500 millones de Celsa a sus patrimoniales
Industria
El ex presidente de la compañía apunta que parte de los préstamos se dedicaron a financiar las filiales en el extranjero y recuerda que los fondos tampoco reclamaron esos fondos
Imagenes de la sala de prensa durante el juicio de Francesc Rubiralta sobre el caso Celsa.
Francesc Rubiralta Rubió ha vuelto hoy a enfrentarse en los juzgados a los fondos que le apearon de la presidencia y propiedad de la siderúrgica que cofundó su padre, Francesc Rubiralta Vilaseca. El empresario que desde hace dos años vive autoexiliado en Nueva Zelanda volvió ayer a comparecer públicamente en el juzgado mercantil número 5 de Barcelona con motivo de una acción de responsabilidad social que los nuevos propietarios impulsaron contra él por conducta contrarias a su deber como administrador del grupo industrial. En concreto, le acusan de no reclamar entre los años 2020 y 2022, cuando la empresa se encontraba en una situación límite, unos préstamos de 504 millones de euros con las sociedades patrimoniales de su familia. La tesis de la acusación es que la familia Rubiralta utilizó estos préstamos para descapitalizar Celsa y utilizar estos recursos a su beneficio y provecho.
Rubiralta ha negado la mayor: “No he sacado ni un euro de las patrimoniales”. A preguntas del abogado de la acusación, Rodrigo López, del bufete Gómez Acebo Pombo, el empresario ha explicado que los préstamos entre sociedades del grupo siempre se utilizaron para financiar el crecimiento de filiales extranjeras. El interrogatorio ha sido tenso, con el magistrado Florencio Molina pidiendo contención al abogado en sus interrupciones.
Representado por el letrado Daniel Irigoyen, del despacho Cortés, Rubiralta también ha defendido que los fondos acreedores nunca reclamaron este dinero cuando estaban en derecho de hacerlo. “Se me reprocha algo que los acreedores podrían haber hecho perfectamente”, ha sostenido. A lo que la acusación ha apuntado que los acreedores trabajo tenían en reclamar los créditos y que de todos modos los consideró incobrables a causa de la delicada situación de la empresa.
Durante la vista, López ha puesto en duda el origen de la deuda y ha señalado hacia otro origen. La acusación sostuvo que el padre de Francesc Rubiralta retiró 212 millones para compensar a su hermano José María cuando estos se dividieron la empresa. Mientras que el primero se quedó con Celsa, el segundo asumió Werfen, que por aquel entonces era una empresa mucho más pequeña. López apuntó que posteriormente el padre del acusado retiró otros 250 millones para “no ser menos que su hermano”. La defensa defiende que estos fondos retirados posteriormente financiaron el crecimiento internacional.
Uno de los aspectos clave del juicio es un borrado masivo de datos entre junio y noviembre de 2023, justo antes de producirse el cambio de propiedad. Una histórica sentencia del juzgado mercantil de Barcelona homologó un plan de reestructuración que apeó a los Rubiralta de la propiedad y dio entrada a los fondos Strategic Value Partners, Attestor, DWS, Golden Tree y Cross Ocean como accionistas. Rubiralta y los exdirectivos de su comité de dirección han defendido que se decidió borrar información como parte de una estrategia de seguridad ante la creciente amenaza de ciberataques. En este sentido, Irigoyen ha argumentado que toda la información se encuentra guardada en el servicio de seguridad externo. Por su parte, la acusación ha señalado que este proceso de borrado de información no siguió los protocolos de ciberseguridad de la propia empresa.
En su alegato final, López ha elaborado un discurso para demostrar que la familia Rubiralta nunca quiso devolver el dinero. “Pocas veces me había encontrado con un comportamiento tan escandaloso”, ha asegurado. El letrado ha afirmado que los antiguos propietarios de Celsa pensaban que la empresa no era más que una herramienta para incrementar su patrimonio personal. “Lo que nos está diciendo el señor Rubiralta es que los socios de grupos familiares pueden apropiarse de la caja de una empresa porque tienen el mismo interés”, ha apuntado.
Por su parte, Irigoyen ha roto la baraja. El abogado de la defensa ha afeado la narrativa de la acusación y la ha acusado de presentar “argumentos generales simplistas para tratar de soslayar el marco jurídico”. En su argumento, ha apuntado que los nuevos propietarios no pueden presenta una acción social de responsabilidad porque, cuando fueron acreedores, no lo consideran necesario y, como propietarios, la valoración de la empresa ya incluía ese crédito de dudoso cobro.
El juicio llega en un momento delicado para Celsa. La compañía confiaba en incoporar a Criteria Caixa como nuevo socio inversor esta primera por un importe cercano a los 350 millones de euros, pero, finalmente, el holding inversor de La Caixa finalmente ha decidido no ejecutar la operación. La multinacional siderúrgica debe decidir ahora si vuelve a abrir el proceso o pasa a la siguiente mejor oferta.
En los juzgados aguardan otras dos acciones de responsabilidad social por otro préstamo fraudulento de 22 millones de euros y por administración desleal por retribuciones excesivas.