Telefónica ha anunciado este lunes a los representantes de los trabajadores que aplicará un ERE en siete de sus sociedades: Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+, según informa UGT. Sindicatos y empresa se veían las caras este lunes para conocer el impacto del nuevo plan estratégico sobre el empleo, pero no hubo tanto detalle. De momento no se han adelantado cifras, aunque de manera extraoficial se barajan entre 6.000 y 7.000 salidas. Los datos se concretarán en las reuniones que mantendrán el próximo día 24 para el caso de las tres empresas que conforman la operadora en España y el día 25 para el resto de unidades, según precisó ayer UGT en un comunicado.
Tras la comunicación formal del proceso, ahora se abre un plazo de una semana para constituir las comisiones negociadoras. Pese al rechazo del expediente, desde la central sindical se afirma que se negociará “de buena fe, desde el diálogo y el consenso”, pero con “firmeza”.
“UGT ha trasladado a las distintas direcciones su rechazo a estos nuevos planes, que una vez más recurren a la reducción de plantilla como vía de ajuste organizativo”, plantea en su nota. Insiste en que la voluntariedad ha de ser el eje central de estos nuevos despidos. El sindicato puso como referencia para el acuerdo de estos ERE el modelo acordado en 2024 para Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones y en el que salieron más de 3.400 personas.
Dentro del plan estratégico, que lleva la firma del presidente de Telefónica, Marc Murtra, se buscan unos ahorros de costes de 3.000 millones de euros hasta el 2030. Desde la compañía se ha ido sosteniendo en las últimas semanas que las medidas en empleo serían acordadas con los representantes de los trabajadores.
En un sentido similar, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmo ayer que “lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos”. El Estado posee una participación del 10% a través de la SEPI en el accionariado de la firma de telecomunicaciones.
A la vez que se negocia el expediente, UGT pidió la apertura de la negociación del convenio colectivo, para exigir una vigencia hasta el 2030 “para garantizar estabilidad, coherencia con el plan estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales”. Con ello se busca, dicen, asegurar el futuro de todas las personas trabajadoras que permanezcan en la compañía.
El Estado, que tiene un 10% del capital, incide en la necesidad de que las medidas sean acordadas
Por su parte, CC.OO. afirmó que estará en primera línea de negociación de este ERE y ha coincidido con UGT en que será indispensable el mantenimiento y mejora de las condiciones laborales de las personas que permanezcan vinculadas a las empresas a futuro.
La comunicación y el inicio de las negociaciones por el ERE no llega en una fecha casual. Teniendo en cuenta los plazos legales, el final del periodo para negociar las condiciones acabaría el 31 de diciembre, último día del año. El acuerdo permitiría computar en este ejercicio los costes derivados del ajuste, tal y como buscaría Murtra, teniendo en cuenta el plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre.
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La comunicación y el inicio de las negociaciones por el ERE no llega en una fecha casual. Teniendo en cuenta los plazos legales, el final del periodo para negociar las condiciones acabaría el 31 de diciembre, último día del año. El acuerdo permitiría computar en este ejercicio los costes derivados del ajuste, tal y como buscaría Murtra.
La ausencia de detalles en el plan estratégico impide dar más precisión al recorte de empleos. En esas líneas generales, el documento apunta un plan de ahorro de costes de 3.000 millones de euros hasta 2030 (2.300 millones de euros hasta 2028) y precisa que, en estas cifras, se incluían las partidas ligadas a personal. Son números que se acercan mucho al coste del ERE de 2024, que se situó en alrededor de 1.300 millones de euros, con una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en anteriores años