¿Resulta posible realizar donaciones en efectivo en España o es obligatorio recurrir a las transferencias bancarias? ¿Cuál es la situación concreta en Catalunya?
Fiscalidad cotidiana
Abonar en metálico resulta lícito a pesar de su
Varios billetes de cien euros.
Donar fondos a un descendiente para el desembolso inicial de una vivienda, asistir financieramente a un allegado o facilitar ahorros en efectivo representan prácticas comunes en el entorno familiar. No obstante, dentro del marco normativo, cualquier entrega gratuita de dinero se considera una donación y, por consiguiente, se halla obligada al pago de gravámenes, sin que influya la cifra implicada. Tal es la base esencial que se debe asimilar: no existe un mínimo exento.
El artículo 618 del Código Civil caracteriza la donación como un procedimiento mediante el cual un individuo entrega un activo o un importe sin obtener compensación. Bajo tal criterio, desde una moneda de un euro hasta un envío de miles, cualquier transacción se integra en la misma figura legal. Asimismo, es obligatorio declararlo en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tributo que debe satisfacer el beneficiario de los fondos en un margen de 30 días.
No obstante, todavía perduran ciertas creencias falsas. La idea más común afirma que si la cantidad es inferior a 3.000 euros, no existe el deber de declarar impuestos. Esto es incorrecto. Dicho valor únicamente obedece a normativas internas de las entidades bancarias, las cuales informan a la Agencia Tributaria sobre ciertos depósitos de dinero físico que superen esa cuantía, aunque esto no supone beneficio tributario alguno.
¿Se puede donar en efectivo?
La respuesta corta es sí. Tanto en España como en Catalunya l a ley permite entregar dinero en metálico entre particulares.
“No existe un límite legal para entregar dinero en efectivo”, explica Maria José Gómez García, presidenta de la Sección de Derecho Fiscal i Financiero del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. “El límite aparece en la normativa antifraude, y solo cuando interviene un empresario o profesional”.
En tales situaciones, la Ley 11/2021 establece un tope de 1.000 euros para pagos en efectivo. Por citar un caso, si la donación se emplea finalmente para pagar servicios o la señal de una vivienda a un profesional, no resultaría posible efectuarla en efectivo rebasando esa cantidad. Entre parientes o sujetos privados, no obstante, no se impone un techo máximo. Mas esto no conlleva que esté exento de efectos.
Por qué importa dejar una huella
Si bien resulta lícito, el dinero en metálico dificulta la acreditación frente a Hacienda. Los organismos tributarios tienen la facultad de requerir pruebas sobre el origen del dinero y la causa de la entrega.
Debido a ello, Gómez sugiere elegir las transacciones bancarias: “Es conveniente a efectos de probar la fecha de la donación, quién es el donante y, principalmente, el origen de los fondos. Permite hacer la trazabilidad”.
Dicho de otro modo: el banco crea un historial automático que facilita demostrar que se trata de una ayuda familiar y no de ingresos opacos.
Los montos significativos pueden generar avisos. Los ingresos en efectivo superiores a 3.000 euros suelen generar comunicaciones automáticas a la Agencia Tributaria, y circular con más de 10.000 euros por el país requiere tramitar el formulario S1. Si se portan 10.000 euros o más al atravesar límites internacionales, es preciso informarlo. Para traslados domésticos, el tope aumenta a 100.000 euros.
De qué forma identifica Hacienda las operaciones dudosas
La fiscalización no se restringe únicamente a las entidades bancarias. La Agencia Tributaria coteja datos de diversos orígenes: transferencias, compras de viviendas o vehículos de alta gama, datos notariales, declaraciones de IRPF de progenitores y descendientes o retiradas relevantes de efectivo. Si algo no concuerda, aparecen los requerimientos.
“Envían solicitudes de información dentro de procedimientos de gestión tributaria o pueden abrir inspecciones”, indica la jurista. “El coste de regularizar dependerá de si se puede justificar el origen de los fondos y del importe implicado”.
Si no se acredita adecuadamente, adicionalmente a la regularización tributaria, pueden imponerse sanciones que alcanzan un porcentaje relevante de la cantidad no declarada, además de intereses.
La singularidad de Catalunya
En Catalunya, adicionalmente, se encuentra un componente esencial si se busca conseguir deducciones impositivas: la formalización notarial.
Para aplicar bonificaciones en donaciones entre familiares directos, como padres e hijos, suele exigirse escritura pública y que esta se otorgue en el plazo de un mes desde la entrega del dinero. Sin ese paso, pueden perderse reducciones muy significativas del impuesto.
“El régimen tiene particularidades dentro de las competencias autonómicas”, explica Gómez. “Existen incentivos específicos, por ejemplo en la empresa familiar o en los tipos aplicables entre padres e hijos”.
No obstante, el régimen punitivo fundamental está vinculado al Estado, de modo que las sanciones económicas mantienen pautas parecidas en toda la nación.
¿Quién paga y cuánto?
El beneficiario está obligado a pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuyo tipo impositivo estatal se sitúa entre el 7,65% y el 34%, a pesar de que cada autonomía dispone de beneficios fiscales que pueden reducir notablemente el coste.
Si el bien donado no es efectivo, sino títulos, participaciones o propiedades, el donante podría estar sujeto a tributación en el IRPF por el incremento patrimonial. Asimismo, en el supuesto de fincas urbanas, puede concurrir la plusvalía municipal.
Transferencia, el método con mayor seguridad
A nivel operativo, los especialistas concuerdan: si bien el traspaso de efectivo es lícito, no acostumbra a ser la alternativa más sensata. Generar un registro escrito, suscribir un convenio o presentarse ante el notario disminuye peligros, previene dudas y simplifica la obtención de ventajas tributarias.
Debido a que, para Hacienda, resulta indistinto si el apoyo se percibe en efectivo o mediante banca digital: toda donación computa. Y mientras más elevado sea el monto, más relevante será también la obligación de justificarlo debidamente.