El Espanyol sigue bajo la sombra de un proceso de venta no reconocido públicamente por su propietario y presidente, el inversor chino Chen Yansheng. Diversas fuentes aseguran que a través de intermediarios se ha rastreado el mercado buscando interesados.
En Occidente y en Oriente se han presentado propuestas a posibles inversores, que hasta el momento no han dado resultado positivo. Posiblemente una de las causas que explican que no haya pasado nada es la cantidad en la que el propietario del club blanquiazul ha cifrado el valor del club: en torno a los 180 millones de euros. Considerada demasiado elevada, pero que caso de materializarse quedaría lejos de los 240 millones que Chen ha invertido en el club desde que en el año 2016 se hizo primero con un 54% de su capital, que fue ampliando posteriormente hasta alcanzar el 100%.
Rastar Group, la empresa de juguetes y videojuegos a través de la que Chen controla la entidad deportiva, es también su único acreedor. A pesar de eso, el club de Cornellà no tiene apenas margen financiero, fair play, para elevar su gasto en fichajes, de acuerdo con los criterios establecidos por LaLiga. Fuentes cercanas al club aseguran que no han recibido propuestas serias de compra, pese a que consideran que el Espanyol es de los pocos clubes de alto nivel que podría despertar interés entre el creciente número de inversores que apuestan por el futbol profesional. El resto de los que podrían estar en venta no tienen ni sus instalaciones, Cornellà; ni sus seguidores, ni su salud económica, rematan las fuentes citadas.
Madrid ha sido siempre territorio complicado para la Generalitat, aunque la presida Salvador Illa. Su conferencia este jueves pasado no consiguió atraer apenas empresarios de la capital. Sí acudieron catalanes que presiden empresas, públicas y privadas. Alguna excepción: el presidente del BBVA, Carlos Torres, en plena campaña por la OPA sobre el Sabadell; Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona, que acaba de cerrar un importante acuerdo con el Govern para finiquitar el caso ATLL; y el de Petronor, Emiliano López Atxurra. Muy pocos nombres representativos del capitalismo madrileño.
Parte de la explicación podría residir en la Puerta del Sol. Es de sobra conocido que este sector social está muy alineado con las recetas económicas, sobre todo las fiscales, de la presidenta de su comunidad, la popular Isabel Díaz Ayuso. Esta lleva tiempo lanzando tenebrosas admoniciones a los empresarios, advirtiéndoles contra cualquier amago de entendimiento con Pedro Sánchez. También ha aplicado su peculiar excomunión a Illa, a quien ha calificado, con las más variadas hipérboles de independentista camuflado y de peor ministro de Sanidad por su gestión de la pandemia. Pese al discreto resultado del jueves, la Generalitat trabaja intensamente para escenificar acuerdos trascendentes con grupos empresariales madrileños relevantes. Más éxito tiene Illa (y Junts) cuando las reuniones son privadas y lejos de los focos.
No cesa la peregrinación empresarial a Waterloo, ciudad belga donde reside Carles Puigdemont, presidente de Junts; decisiva fuerza parlamentaria en el Congreso gracias a sus siete diputados. El último convoy lo ha formado el sector hotelero y turístico. El presidente de la La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració (Confecat), Santiago García Nieto
El motivo del viaje de estos empresarios era pedirle al expresident que mantenga su rechazo a la reducción de jornada que defiende Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Puigdemont ya ha recibido bastantes comitivas con el mismo propósito.
