La cuenta atrás para el cierre definitivo de Almaraz se acerca a su fin. Tras muchas dilaciones en el calendario previsto, mayo del 2025 se considera el punto de no retorno. Si antes de que acabe ese mes no se realiza un nuevo pedido de uranio, o no se actualizan las autorizaciones de formación para los operadores, entre otras actuaciones, el cierre previsto para el 2027 ya no tendrá vuelta atrás, y con él, el del resto del parque nuclear español.
Este tic-tac del reloj ha conseguido que todos los implicados en el cierre ajusten sus posiciones. El Gobierno ha abierto el diálogo con las empresas, y el Partido Popular ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para evitar el cierre para el que Alberto Núñez Feijóo asegura que hay “mayoría parlamentaria”.
Sería la baza con la que parar el reloj del desmantelamiento y darse tiempo para negociar a largo plazo
Pero el cambio más importante es que las empresas propietarias de la central de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, todas ellas con intereses estratégicos muy dispares, están valorando una solución de consenso para evitar el cierre definitivo.
Se trata de una ampliación temporal de la actividad hasta el año 2030. Es decir, dejarla funcionar tres años más de lo previsto y hacerla coincidir con el final del actual Plan Nacional de Estrategia y Clima (Pniec). “Técnicamente no hay ningún problema y así el país se da margen para testar si los objetivos del Pniec se cumplen y, sobre todo, se podría tener más claridad ante el actual contexto de incertidumbre geopolítica”, explican fuentes conocedoras de esta propuesta.
Almaraz ya solicitó una ampliación de la autorización de seguridad en el 2020 cuando se estableció su cierre en el 2027. Pero esas autorizaciones se conceden por un plazo de 10 años, con lo cual los requisitos de seguridad que se establecieron están vigentes hasta el 2030. “Lo que habría que pedir es una autorización administrativa de actividad, que no debe implicar mucho problema, si hay voluntad por parte de todos”, explican las fuentes consultadas.
Para avanzar en ese plan es necesario que se cumplan algunos pasos. El primero es que las tres propietarias de Almaraz estén de acuerdo. Algo que en teoría ya se ha conseguido, pero que hay que llevar a la práctica. La semana pasada, los principales directivos de Iberdrola y Endesa volvieron a reiterar en público la necesidad de que España reconsidere su plan de cierre de nucleares como vienen haciendo el último año. A ellos, se sumó por primera vez en público Francisco Reynés, presidente de Naturgy, propietaria minoritaria de Almaraz, quien planteó esta solución temporal “para evitar que España cometa un error histórico”.
La propuesta se ve con buenos ojos en las sedes centrales de las tres compañías, pero hace falta plasmarla en un documento que podría firmarse en la próxima reunión del consejo de la comunidad de bienes de Almaraz-Trillo, CNAT, que, con toda probabilidad, se reunirá pasada la Semana Santa.
De ser así, las empresas energéticas ya tendrán el documento que les ha reclamado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, con el que parar el reloj del cierre. Pero sin la necesidad de asumir el elevado coste que supondría asumir los trabajos de seguridad necesarios para abordar una ampliación normal por otros 10 años. Una “miniprórroga” (como la denominan) comporta la realización de un estudio que justifique la ampliación de la licencia de funcionamiento que debería ser revisado y aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Esta actualización conlleva costes de 13 millones de euros que las empresas estarían dispuestas a asumir siempre que el Gobierno y el arco político den muestras de “un apoyo estable a la nuclear”.
“Es un riesgo que las empresas deben asumir, si se les garantiza que durante este tiempo la actividad es rentable, y que permite al Estado una valoración más calmada sobre la totalidad del parque nuclear en función del Pniec, el contexto geopolítico y la nueva regulación europea”, explican.
Las fuentes consultadas aseguran que la presión de Europa es evidente y que frente a las posiciones inmovilistas de hace meses “algo se está moviendo también en España”.
Las piezas políticas ya se mueven
En el lado político, una miniprórroga puede abrir la espita para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el PSOE tengan margen de negociación sin necesidad de incumplir el acuerdo de Gobierno suscrito con Sumar, pese a que la rebaja de impuestos que reclaman las energéticas no es un tema que estas hayan planteado “todavía” de forma personal a la ministra Sara Aagesen en las primeras tomas de contacto sobre el tema.
En el otro lado del arco parlamentario, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció el jueves pasado su intención de llevar al Parlamento una proposición de ley para ampliar la vida útil de las nucleares y aseguró que la propuesta “tiene apoyo mayoritario”. En el ámbito impositivo, María Guardiola, la presidenta del PP extremeño, dice ahora estar dispuesta a rebajar la fiscalidad regional si el Estado también lo hace. Puzle complicado, pero con piezas ya en movimiento.
