Nuevo golpe a Google en Europa. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha propuesto este jueves a la corte con sede en Luxemburgo que confirme la multa de más de 4.000 millones de euros impuesta a la multinacional estadounidense por aplicar restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos que utilizan su sistema operativo Android.
La abogada general pide, por lo tanto, que se desestime el recurso de casación presentado por Google. Sus conclusiones no son vinculantes, pero respaldan los argumentos en los que se basó el Tribunal General de la UE para fijar la multa de 4.124 millones de euros al gigante tecnológico estadounidense. Se trata de la mayor multa de la historia hasta ahora.
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El caso está abierto desde hace más de diez años. Todo se remonta a abril del 2015, cuando la Comisión Europea abrió una investigación por considerar que Google llevaba a cabo estrategias para consolidar su dominio en su motor de búsqueda. En el 2018, le impuso esta multa millonaria argumentando que la compañía estaba obligando ilegalmente a los fabricantes de teléfonos móviles a preinstalar la aplicación Google Search y el navegador Chrome como condición para obtener la licencia de su Play Store, el mercado de aplicaciones de Android.
Además, consideró que Google realizó pagos a algunos grandes fabricantes y operadores con la condición de que preinstalaran exclusivamente la aplicación de Búsqueda de Google. Y, por último, sostuvo que la empresa con sede en California impidió que los fabricantes que deseaban preinstalar aplicaciones ejecutaran versiones alternativas de Android no aprobadas por Google.
Según el Ejecutivo comunitario, mediante todas estas restricciones, Google pretendía proteger y reforzar su posición dominante en el ámbito de los servicios de búsqueda general. Y también sus ingresos fruto de anuncios publicitarios asociados a dichas búsquedas, en un momento en el que la relevancia del Internet móvil era cada vez más significativa.
Debido a su objetivo común y a su interdependencia, la Comisión calificó estas restricciones de infracción única y continuada. Google impugnó esta decisión ante el Tribunal General. Entonces, en el 2022, la justicia europea confirmó la multa pero estimó de manera parcial el recurso presentado por la compañía, por lo que redujo un 5% la cuantía de la sanción, a 4.125 millones de euros, ante lo que Google interpuso un nuevo recurso de casación, esta vez ante el TJUE.
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Entre otras cosas, Kokott considera que no es realista comparar la situación de Google con la de un hipotético competidor igualmente eficaz, ya que Google “ha ocupado una posición dominante en varios mercados del ecosistema Android y, de este modo, se ha beneficiado de efectos de red que le han permitido asegurarse de que los usuarios utilicen Google Search”. “Con ello, Google tiene acceso a datos con los que ha podido a su vez mejorar sus servicios. Ningún competidor igualmente eficaz habría podido hallarse en tal situación”, opina.
Fuentes de Google señalan tras la decisión que “nos decepciona el dictamen que, si fuera seguido por el Tribunal, desalentaría la inversión en plataformas abiertas y perjudicaría a los usuarios, socios y desarrolladores de aplicaciones de Android”. “Android ha creado más opciones para todos y da soporte a miles de empresas de éxito en Europa y en todo el mundo”, se añade.
Estas multas millonarias, por muy cuantiosas que sean, en el pasado no han servido para que los grandes gigantes digitales cambiaran el comportamiento que no gustaba a la UE. Por eso, ahora la estrategia es diferente con el nuevo reglamento de mercados digitales (la llamada DMA, por sus siglas en inglés) que, más allá de las multas, pretende forzar a las compañías a cambiar su modelo de negocio para adaptarse a las reglas europeas. La primera multa fue en abril, cuando la Comisión impuso una sanción de 500 millones a Apple y de 200 millones a Meta, en el primer gran paso desde que entró en vigor el nuevo marco jurídico comunitario impuesto a los grandes operadores considerados los guardianes de acceso a la red.
