El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciará hoy tras la reunión del Consejo de Ministros, las condiciones que el gobierno impone a la opa del BBVA sobre el Sabadell. Según las fuentes consultadas, las medidas afectarán a las políticas de crédito; a la continuidad indefinida de estructuras de decisión del Sabadell y que afectan tanto a su política comercial como financiera; los derechos del consumidor; y el mantenimiento de los actuales niveles de empleo de los dos bancos, entre otros aspectos. El ministerio de Economía ha recogido, además de sus propios criterios, los de otros cinco departamentos del Gobierno.
Como consecuencia del endurecimiento de las condiciones, según los analistas, el BBVA deberá hacer una evaluación profunda sobre si le merece la pena económicamente seguir adelante con la opa o por el contrario renuncia a la operación para hacerse con el control del Sabadell.
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El ejecutivo ha operado en este asunto aplicando el máximo hermetismo, hasta el punto de que uno de sus más relevantes socios parlamentarios, Junts, una de las fuerzas política que con más vehemencia se ha opuesto a la operación y que tiene vínculos territoriales con el banco catalán, aseguró ayer a este diario que no ha sido informada sobre el contenido de esa resolución, ni de forma concreta ni general, hecho que criticó.
El Ejecutivo ha operado con hermetismo hasta el punto de que Junts no ha sido informada de la resolución
Fuentes jurídicas que han seguido el proceso han asegurado a este diario que la decisión del Gobierno implicará la imposición de condiciones muy duras a la opa del banco que preside Carlos Torres sobre el que preside Josep Oliu. Eso se deduce también de las declaraciones públicas de todos los miembros del gobierno desde que se anunció la operación, en mayo del año pasado.
Entre las medidas que las mencionadas fuentes consideran que incorporará la resolución del Gobierno se mencionan varias relacionadas con el crédito desde la perspectiva no de competencia, algo que la ley en este ámbito restringe mucho al dejarlo en manos de la Comisión de Competencia (CNMC), que ya se pronunció a favor de la operación, con algunas condiciones aceptadas ya por el BBVA. Se trataría del enfoque del interés general y por ello se dirigirían hacia el papel del crédito en la economía nacional y el crecimiento, lo que requeriría un análisis más allá del ámbito de la competencia y que se adentraría en consideraciones como la fluidez en la calidad de las relaciones con la clientela. También atendiendo a los derechos del consumidor, un concepto mucho más vinculado al interés general.
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Uno de los puntos clave de la resolución que se conoce hoy es el de la cohesión territorial, criterio al que se han referido reiteradamente en público tanto el presidente Pedro Sánchez como Cuerpo.
El Gobierno podría imponer estructuras de decisión descentralizadas y territorializadas
Precisamente, las quejas de los sectores empresariales contrarios a la concentración han hecho también mención de ese aspecto.
Desde un punto de vista jurídico, se destaca, la menor manera de hacer frente a ese problema sería imponer al opante el compromiso de mantener estructuras de decisión descentralizadas y territorializadas, que permitirían tomar decisiones sobre créditos o financieras sin crear entes alejados del territorio y desconocedores de la realidad del tejido empresarial. De su capacidad de devolver préstamos o de sus implicaciones con el resto de la economía del territorio.
En esa línea, aunque el Gobierno no se pronunciaría sobre la fusión de los dos bancos, se trata de una fase posterior, una vez la OPA se haya lanzado y en el caso de que el BBVA se hiciera con la mayoría del capital y por tanto con el control del Sabadell, sí estaría anticipando que su posición es contraria a ella y por ella exige que determinadas estructuras de decisión del banco catalán se mantuvieran en caso de que la opa saliera adelante. Desde el Sabadell se había reclamado que el Gobierno dejara claro que estaba en contra de la fusión, pues en caso de anunciar su rechazo podría ser un argumento más para que los accionistas no acudieran a la opa. La resolución que se conoce hoy no se pronunciaría explícitamente, aunque podría indicar que sí lo hará en el futuro si el BBVA propusiera la fusión.
El BBVA deberá hacer una evaluación sobre si le merece la pena económicamente seguir adelante
Cuerpo ha expresado en público que es un convencido defensor de un sistema financiero en el que junto a los grandes bancos, existan otros de dimensiones algo menores pero que siempre muestran una mayor preocupación por la atención a los territorios más acotados en los que operan. Una banca mediana que equilibre el conjunto de la galaxia financiera.
Parte de las condiciones han sido planteadas ya con antelación por otros ministerios, como el de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que exigía el mantenimiento del empleo o las que reclaman el mantenimiento del volumen de inversiones en ámbitos como el de la innovación.
