La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) detecta, un año más, problemas estructurales en el despliegue y alcance del Ingreso Mínimo Vital. El supervisor apunta que, cuatro años después de la aprobación de una de una de las medidas más importantes en materia económica del Gobierno de coalición, la prestación disminuye la posibilidad de trabajar en tres puntos porcentuales, hasta el 12%. Dicho en otras palabras, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital se incorporan con menor probabilidad al trabajo que los no beneficiarios. En el caso de los hogares monoparentales y los menores de 30 años, la probabilidad de incorporarse al mundo laboral supera el 20%.
El Ingreso Mínimo también reduce el número de días trabajados en el mes un 11%, hasta 0,6 días, concluye también la Airef. En hogares monoparentales, con nómina alta y menores de 30 años, la reducción de días trabajados aumenta a más del 20%.
Es el cuarto análisis en profundidad que realiza el supervisor fiscal sobre el Ingreso Mínimo y las conclusiones son duras. La Airef detecta también una insuficiente llegada de la ayuda a quien la necesita. En concreto, el Ingreso Mínimo Vital apenas alcanzó en el 2024 al 42% de potenciales beneficiarios. En el caso del complemento a la infancia, la ayuda sólo llegó al 23% de las familias que podrían percibirla.
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El análisis de la Autoridad Fiscal demuestra, asimismo, que el 90% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo lo perciben durante más de un año, el 75% lo hace durante más de dos años y el 60% está permaneciendo en la prestación durante más de tres años.
La Airef también ha detectado que el 55% de los hogares que podrían recibir el Ingreso Mínimo Vital no lo han solicitado, una cifra que asciende al 72% en el caso de aquellos potenciales perceptores del complemento a la infancia. Estos niveles son muy similares a los de los años previos, de forma que, según el supervisor fiscal, la prestación no consigue llegar a todo aquel que lo necesita.
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La Autoridad Fsiscal también señala que el incentivo al empleo del Ingreso Mínimo, aprobado en el 2023, cuenta con “problemas de diseño” y, por tanto, no es eficiente. En primer lugar, la Airef ha detectado que este incentivo utilizar información de la Agencia Tributaria que se encuentra desfasada. Además, carece de elementos para fomentar la rapidez en la incorporación laboral. Y, por último, no ofrece duración garantizada para proporcionar seguridad a los beneficiarios.
El Ministerio de Inclusión ha querido matizar estas conclusiones de la Airef y ha señalado que la evaluación del incentivo al empleo del Ingreso Mínimo es temprana “porque solo se dispone de datos del primer año de aplicación (el 2023)”. El departamento dirigido por Elma Sáiz añade que la prestación sí permite a los beneficiarios mejorar sus condiciones de vida en otros ámbitos, como la vivienda o la educación. Además, el Ministerio estima que el Ingreso Mínimo permite a sus beneficiarios “esperar hasta encontrar un empleo de más calidad o adaptado a la formación de cada persona”.
No obstante, pese a estos problemas, la Airef también ha detectado que en el 2024 se han producido algunos avances en el despliegue y alcance del Ingreso Mínimo. En primer lugar, se ha reducido el número de potenciales beneficiarios que no perciben la prestación, ya que al cierre del 2023 apenas llegaba al 36% de estos hogares. Es decir, en un año se ha incrementado en un 14% en número de perceptores hasta los 392.444 en las comunidades autónomas de régimen común. En el caso del complemento a la infancia, los perceptores han crecido un 34% hasta los 452.234 hogares en las autonomías de régimen común. También se ha reducido en 45 días el tiempo medio de tramitación, hasta los 203 días.
Herrero recurre a la Abogacía por “atentar” contra su “independencia”
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, anunció ayer que ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado tras el último encargo que ha realizado el Gobierno al supervisor: un informe que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tiene previsto solicitar para verificar la sostenibilidad del sistema de pensiones. La Autoridad Fiscal debería tener listo este análisis antes del 1 de junio del 2026, según recoge un proyecto de real decreto sometido a consulta pública. Herrero consideró ayer que este tipo de encargos son “recurrentes” por parte del Ejecutivo y apuntó que “atentan” contra la “independencia” y “autonomía de gestión” del supervisor, que tiene regulada su gestión por ley. La principal responsable de la Airef añadió que la opinión de su equipo sobre la última reforma de las pensiones es la misma que hace unos meses, que es crítica, y que, por tanto, no comparte el tener que dedicar recursos y personal a un nuevo diagnóstico sobre la sostenibilidad del sistema público. Cristina Herrero reclamó que el Ejecutivo cese en sus encargos a través de leyes o decretos y citó otro ejemplo: la ley de startups. El objetivo de la Airef es que la Abogacía del Estado despeje las dudas legales sobre estas encomiendas.
