¿Hasta dónde llega la libertad de expresión de un juez a la hora de dictar una sentencia y qué papel juega su deber de independencia e imparcialidad?
El Ministerio y la Inspección de Trabajo han alzado su voz en contra del magistrado Álvaro Lobato, titular del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, por haber hecho unas “manifestaciones impropias” sobre la Inspección de Trabajo en una sentencia sobre su papel en el sector de las plataformas de reparto a domicilio. La ministra Yolanda Díaz publica en su cuenta de la red social Bluesky que ha presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la directora de la Inspección de Trabajo, Cristina Fernández, indica que se ha enviado una misiva al mismo organismo reclamando medidas disciplinarias.
La sentencia fue publicada el jueves y versaba sobre una demanda por competencia desleal que Just Eat presentó contra Glovo al considerar que había sufrido un perjuicio al emplear mensajeros asalariados mientras Glovo operaba con flotas de falsos autónomos. El magistrado –conocido también por el caso Celsa– desestimó la demanda y en su argumentación hizo alusiones al papel que tuvieron tres inspectoras de trabajo y una subinspectora en el proceso judicial.
En la resolución, el juez considera que estas funcionarias manifestaron “hostilidad y beligerancia a Glovo y sus representantes” y también apunta que esta institución llevó a cabo una “denodada e incansable persecución de continuo acoso a la compañía”. Asimismo, el juez pide “relativizar” los testimonios de dichas inspectoras “porque adolecen de un indiscutible sesgo de grupo” y también considera que “los procesos de toma de decisiones están inevitablemente contaminados por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”. Asimismo, apunta que en su interrogatorio parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, “el mundo de ayer” administrado y burocrático.
La ministra Díaz considera que el juez ha “menospreciado de manera inaceptable a la Inspección de Trabajo” y mostró “su apoyo total a quienes luchan contra la precariedad desde lo público”. La directora de la Inspección añade que sus manifestaciones fueron “absolutamente impropias de una sentencia judicial, carentes de justificación y que desprestigian la labor de esta institución y de sus funcionarios”.
Durante la jornada, el sindicato CC.OO. se ha sumado al malestar y ha anunciado en un comunicado que próximamente también presentará una queja ante el CGPJ reclamando medidas disciplinarias. Según el sindicato, la sentencia tiene un “sesgo ideológico, antisindical y misógino”.
