El Ministerio de Economía defiende la normativa española a partir de la cual el Gobierno ha adoptado decisiones que afectan a la opa del BBVA sobre el Sabadell. Lo hace en respuesta al procedimiento de infracción recién abierto por la Comisión Europea.
“Se trata de normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones”, aseguran fuentes del Ministerio de Economía acerca del procedimiento de Bruselas, que cuestiona la legislación sobre opas española.
El procedimiento de infracción no se abre por las decisiones adoptadas, entre ellas la imposición de condiciones al BBVA durante tres años ampliables a cinco, sino por el contenido de las propias leyes, ya que existe un “desalineamiento” de la normativa española vigente con la normativa europea.
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Las dos leyes que Bruselas cuestiona son la ley de Defensa de la Competencia, del 2007, y la ley de Solvencia Financiera, del 2014. El Gobierno ha impuesto condiciones al BBVA a la luz de la primera, al tiempo que el Ministerio de Economía tiene capacidad para pronunciarse sobre una fusión en virtud de la segunda. Por ahora no se ha recurrido a la norma del 2014 para frenar la opa al Sabadell.
España, indican las fuentes, comunicará su respuesta a la Comisión Europea en el plazo de dos meses, como habilita el procedimiento. “El Gobierno seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica”, señala. Mantiene además el “firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho”.
El Gobierno responderá a Bruselas en el plazo previsto de dos meses
En la carta de emplazamiento remitida al Gobierno, Bruselas insta a España a que cumpla la normativa bancaria de la UE y las libertades fundamentales del mercado único. Es el trámite que inicia el procedimiento de infracción.
Bruselas entiende que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia otorgan al Gobierno “poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos”.
Estas “amplias facultades discrecionales”, asegura Bruselas, “vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE”. También “constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales”.
“La operación sigue su curso”, asegura Cuerpo
En declaraciones a la prensa antes de comparecer en el Senado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que, pese al expediente de Bruselas, “la operación sigue su curso”. ”Son dos planos que van a ir evolucionando en paralelo” y “el inicio de este procedimiento no suspende la eficacia del acuerdo del Consejo de Ministros sobre la opa”, ha afirmado sobre las condiciones recientemente impuestas.
El Gobierno, asegura el ministro, está “convencido” de que su actuación “está en línea con la normativa doméstica y plenamente alineada con la europea”. A partir de ahora, colaborará de manera “constructiva” con Bruselas, aportando “toda la información”. “Esperamos que prevalezca nuestra posición”, añade.
