El impuesto de patrimonio podría mejorar, con una reforma no demasiado compleja, su progresividad. Es la tesis central de un informe publicado hoy por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que señala que el tributo español es prácticamente único en Europa al gravar el patrimonio neto y que presenta “limitaciones significativas” en términos de equidad y política fiscal. La propuesta del ‘think tank’ se produce en vísperas de que el Gobierno central presente su propuesta para reformar el modelo de financiación.
Fedea señala que en España se está produciendo “un proceso de creciente desigualdad en la distribución del patrimonio, ya que los sectores más altos concentran cada año una mayor riqueza. Esta “distribución patrimonial altamente desigual”, apunta el documento firmado por Francisco García-Rodríguez, puede “afectar a la movilidad social y reforzar dinámicas económicas poco inclusivas”. Para ello plantea varias reformas del impuesto de patrimonio y advierte que esta desigualdad podría acentuarse en ausencia de políticas efectivas de redistribución”.
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El punto de partida del documento es que el impuesto de patrimonio en España cuenta con un diseño que limita la redistribución efectiva. Dispone de un mínimo exento elevado y cuenta con amplias bonificaciones autonómicas, de forma que la carga tributaria se concentra en los niveles más altos. Por tanto, hay un escaso número de contribuyentes alcanzados.
El estudio simula ocho escenarios alternativos que varían en aspectos clave como el mínimo exento, la existencia de bonificaciones autonómicas, el tipo de activos incluidos en la base imponible y la estructura del gravamen. También contempla otros modelos de países de nuestro entorno, como los de Noruega, Suiza, Francia e Italia, así como la propuesta realizada por el economista galo Thomas Piketty.
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Los resultados son claros: reformar parcialmente el impuesto de patrimonio actual mejoraría su desempeño. Por ejemplo, la eliminación del mínimo exento provocaría un aumento de la recaudación de hasta 4.716 millones y adelantaría la entrada efectiva del impuesto a más contribuyentes, apunta el informe.
Además, suprimir las bonificaciones que aplican algunas comunidades autónomas dentro de su autonomía fiscal elevaría la recaudación a 6.393 millones y mejoraría tanto la progresividad como la incidencia agregada, añade el estudio. Ambas medidas, eliminación del mínimo exento y de las bonificaciones autonómicas, aumentarían la recaudación en 7.922 millones.
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“Estos resultados sugieren que reformas graduales y técnicamente viables podrían fortalecer notablemente la capacidad redistributiva del impuesto de patrimonio sin necesidad de una transformación institucional radical”, apunta García-Rodríguez. El autor recuerda la literatura económica ya ha apuntado que “la cesión de competencias a las comunidades autónomas y la elevada cuantía del mínimo exento son los principales factores que limitan la eficacia de la imposición patrimonial en España”.
En conclusión, en todas las propuestas de reforma que realiza el estudio se observa una mejora de la capacidad redistributiva del impuesto de patrimonio. “Los modelos menos selectivos --con bases más amplias y mínimos exentos más bajos-- tienden a generar una mayor progresividad, ampliando el número de contribuyentes efectivos sin sacrificar equidad”, advierte.
