El Gobierno ha conseguido salvar in extremis la ley de Movilidad Sostenible, que permitirá a España poder solicitar 10.000 millones de los fondos europeos. La aprobación de la ley llegó gracias a un acuerdo con Podemos, que se ha abstenido, a escasos minutos de la votación final. En ese pacto se garantiza la ampliación de El Prat a cambio de un endurecimiento de los requisitos medioambientales.
Tras un intenso debate y una ajustada votación, el Pleno del Congreso ha dado luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV, la abstención de Podemos y los votos en contra del Partido Popular, Vox y UPN.
El texto sale adelante gracias a la abstención de Podemos, que amenazó con tumbar la ley si el Gobierno no renunciaba a la ampliación del aeropuerto de El Prat
Al final, a través del pacto alcanzado, el Ministerio de Transportes se ha comprometido a que en el Plan Director de la ampliación del aeropuerto de El Prat se establezca un refuerzo de los requisitos ambientales.
El departamento dirigido por Óscar Puente acuerda establecer “una vía específica para que el proyecto se evalúe con carácter vinculante sobre su grado de ajuste en emisiones de gases invernadero a los objetivos de descarbonización que determina el Fit for 55”. Estos objetivos prevén, a nivel europeo, una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050.
El acuerdo cerrado también establece que el mismo Plan Director de El Prat “se someterá en todo caso a un proceso especialmente intenso de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia”.
En el refuerzo de las exigencias medioambientales acordadas se incluye, el compromiso de que el Plan Director se someterá a “una Evaluación Ambiental Estratégica, para analizar si se han tenido en cuenta todas las consideraciones ambientales que permitirán conciliar adecuadamente el desarrollo de la infraestructura con la protección y conservación del medioambiente”.
En todo caso, la Comisión Europea deberá aprobar la ampliación de El Prat, ya que el proyecto tendrá una afección a un espacio que forma parte de la Red Natura, que es la Laguna de la Ricarda.
Interpretación de Podemos
El pacto entre Podemos y el Ministerio de Transportes recoge expresamente que la ampliación de El Prat no se incluirá en la planificación del DORA III, el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.
El acuerdo dice concretamente que, “de acuerdo con las previsiones temporales y las disposiciones legales de elaboración de los documentos de regulación aeroportuaria, la ejecución material de la ampliación no se realizará en el DORA III, salvo las actuaciones de naturaleza ambiental o de naturalización”.
Para Podemos esto significa, de facto, un “compromiso público del Gobierno de paralizar las obras de El Prat hasta 2031 a cambio de su abstención en la Ley de Movilidad Sostenible”.
Fuentes de la plataforma ciudadana Zeroport, contraria a la ampliación del aeropuerto del Prat, señalan que, dada la complejidad de los trámites pendientes, el Gobierno asume que ya “no iba a llegar a tiempo para que esa ampliación llegara en el Dora III”.
También cree que se deja abierta la puerta a una ampliación de la capacidad del aeropuerto sin una ampliación de las pistas. Y también señalan que el acuerdo es deliberadamente ambiguo sobre si la ampliación se daría en el DORA IV.
Salvar 10.000 millones de euros
En su rechazo de la ley, el diputado José Alberto Herrero Bono (PP), lamentó que no se hubieran aceptado las enmiendas de su grupo; sostuvo que “estamos ante una ley puramente ideológica”, y exclamó que “no puede ser que la descarbonización comporte el cierre de vuelos de aerolíneas”. También afirmó que la ley “demoniza el sector privado” y auguró el cierre de numerosas paradas de autobuses en diversas comunidades españolas.
Juan Ramon López Caro (PSOE), destacó que el texto aprobado ha sufrido numerosas modificaciones desde que entró en el Congreso como proyecto de ley, y justificó todo ello, entre otros argumentos, en el hecho de que “un tercio de las emisiones proceden del transporte”. “No se va a cerrar ninguna línea de autobuses”, replicó al diputado del PP. Sobre todo reclamó el voto favorable a la ley porque de ella depende una inversión europea de 10.000 millones de euros.
Financiar el transporte público
La ley establece que la Administración central queda obligada, mediante el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible, a participar en la financiación de los servicios del transporte público colectivo urbano de viajeros reservado a las entidades locales. Asimismo, se obliga a las ciudades a fomentar la movilidad activa (a pie, bicicleta o ciclo), el transporte público, la intermodalidad, los vehículos cero emisiones y la optimización de los repartos. En el plazo de dos años a contar desde la aprobación del nuevo mapa concesional, deberán estar licitados los contratos de concesión de servicios de todas las concesiones estatales.
Neutralidad climática en el 2050
La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible pone fin a más de tres años de tramitación y negociación parlamentaria en el Congreso. El texto ha recibido cientos de enmiendas por parte del conjunto de grupos parlamentarios. Su probación es una obligación emanada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que no se quisieron incluir objetivos de descarbonización del sector transporte. El sector del transporte es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero) en España. En 2024, este sector contribuyó con el 33,3 % del total de las emisiones, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. En particular, el transporte por carretera fue, por sí solo, el responsable del 32,1 % del total de dichas emisiones. La ley prevé lograr la neutralidad climática -plena descarbonización- en el sector del transporte en el año 2050.
Reducción de los vuelos domésticos
La ley establece que el Ministerio de Transportes “impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales”
Esta fue una de las propuestas aprobadas por la Asamblea Ciudadana del Clima, un organismo de participación cívica emanado de la ley de Cambio Climático.
La ley aprobada también indica que el Ministerio de Transportes estudiará “si la racionalización del uso de los vuelos cortos mencionados” podría ser una medida que, de una forma efectiva, permita reducir las emisiones del modo aéreo”.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio presentará el estudio al respecto que “será sometido a un proceso de audiencia pública” antes de ser analizadas las aportaciones realizada, que servirán como base para posibles modificaciones normativas en caso de ser necesarias.
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Planes de movilidad en el trabajo
La ley obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible, a impulsar la electrificación de trenes, puertos y aeropuertos, y prevé la recuperación de trenes nocturnos, así como la reordenación de las rutas de transporte público por carretera.
También apuesta por sustituir el transporte de mercancías por carretera por el ferroviario, prevé el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos e insta a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales. Concretamente en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno presentará un estudio para actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional.
Puntos de recarga y otras previsiones
---Para desarrollar la movilidad eléctrica se prevé el establecimiento de puntos de recarga eléctricos en carreteras (gasolineras) y el de estaciones de recarga eléctrica rápida y ultrarrápida (electrolineras) suficientes y necesarios.
---A más tardar el 31 de diciembre de 2029, los aeropuertos deberán implantar una infraestructura que suministre electricidad a las aeronaves estacionadas en remoto y utilizadas en operaciones de transporte aéreo comercial para embarcar o desembarcar pasajeros o cargar o descargar mercancías.
---También antes de 2030 los puertos asegurarán el suministro de energía eléctrica a buques y embarcaciones atracados, así como a maquinaria portuaria, flotas de vehículos pesados y parque móvil.
-- Asimismo, el gestor aeroportuario y las autoridades portuarias publicarán anualmente la huella de carbono de la actividad aeronáutica y portuaria y se dotarán de un plan de reducción que podrá incorporar medidas de compensación
“La Ley de Movilidad Sostenible constituye un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad. A pesar de que el texto no presenta la ambición que nos hubiera gustado, contiene elementos significativos con capacidad real para reducir los impactos del sector y mejorar la vida de las personas, la salud pública y el medio ambiente. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado intensamente en estos últimos años con el objetivo de introducir mejoras en el texto de la ley”. Esta es la posición mantenida por una quincena de entidades sociales, entre las que están CC.OO., UGT, Ecologistas en Acción, Transport and Environment, CECU, Fundación Renovables y Greenpeace.
