Un total de 14 entidades sociales (entre ellas, CC.OO., Ecodes, Fundación Renovables, Transport and Environment, CECU o Ecologistas en Acción) han presentado una propuesta al Ministerio de Transportes en la que reclaman un impuesto específico climático para gravar los billetes de avión para ‘los más ricos’. La idea es aplicar este impuesto a los vuelos comerciales de clase premium (primera y asimilados) de los aviones que despeguen de los aeropuertos españoles) y a los vuelos en aeronaves privadas y chárter (jets privados, aeronaves no reguladas hasta cierto tamaño). Se busca de esta manera contribuir a la reducción del impacto climático del transporte aéreo y generar ingresos destinados a fines sociales y ambientales, tanto nacionales como internacionales. “Debemos desincentivar el uso desproporcionado del transporte aéreo por parte de los mayores emisores”, dicen estas entidades cívicas.
La propuesta fue presentada el pasado martes al ministro Óscar Puente en el contexto del debate sobre la Ley de Movilidad Sostenible, y su contenido no sería incorporado a este texto sino que podría desarrollarse en una reglamentación en paralelo.
Fuerte expansión
Los promotores de esta iniciativa alegan que la aviación está experimentando un fuerte crecimiento de las emisiones y es responsable de una parte significativa del total del transporte europeo que no para de crecer en los últimos años. “Un pequeño grupo de usuarios (jets privados, pasajeros en clase business y viajeros frecuentes) contribuye de manera desproporcionada a estas emisiones”, dice Carlos Bravo, portavoz de estas entidades. Además, la aviación comporta una serie de impactos adicionales que incluyen contaminación atmosférica local (NOx, partículas), ruido y desigualdad.
Esta iniciativa encaja con la propuesta presentada por Pedro Sánchez durante su participación en la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo de la ONU celebrada en Sevilla en junio. Sánchez anunció que España formará parte de un grupo de naciones que buscarán «una mayor contribución del sector de la aviación a las transiciones justas y a la resiliencia climática a través de una tasa específica a los billetes de clase ejecutiva y también a los jets privados».
Reducir emisiones
Asimismo, recuerdan que Europa ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55 % de aquí a 2030 respecto a los niveles de 1990. La aviación constituye, con gran diferencia, el medio de transporte que genera más emisiones de gases por pasajero transportado. Además, el transporte aéreo y la actividad aeroportuaria son una importante fuente de partículas ultrafinas, hollín y ruido, entre otros.
La aviación representa una fuente creciente de emisiones y responsable de una fracción significativa del total del transporte europeo, que no para de crecer en los últimos años. Un pequeño grupo de usuarios (jets privados, viajeros business y viajeros frecuentes) contribuye de manera desproporcionada a estas emisiones. Además, la aviación presenta una serie de impactos adicionales que incluyen contaminación atmosférica local (NOx, partículas), ruido y desigualdad.
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Un régimen favorable
El sector de la aviación en España disfruta de un régimen fiscal excepcional que lo sitúa en clara ventaja frente a otros medios de transporte, lo que contraviene el principio de “quien contamina paga”, esgrimen también.
Según datos de Transport and Environment, en 2022 esta anomalía generó una brecha fiscal estimada en 4.600 millones de euros, y sitúa a España como el segundo país de la UE con mayores pérdidas recaudatorias, solo por detrás de Francia.
“La exención del impuesto al queroseno, la inexistente tributación del IVA en billetes internacionales y reducida en domésticos y un mercado de carbono reducido y poco exigente explican esta situación”, añaden los promotores de la propuesta.
No obstante, un destacable número de países -como Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, entre otros- disponen de un impuesto al billete del que España carece. Este “privilegio” hace que España “pierda ingresos que, en parte, deberían de destinarse a financiar la transición energética del sector”. Estos recuerdos también servirían “para asegurar el acceso de toda la ciudadanía al transporte público, la mejoría de la calidad de los servicios y la profundización de sus efectos de tipo redistributivo y ecológico”.
Además, recalcan que la recaudación obtenida se debe destinar íntegramente a facilitar la transición ecológica de forma socialmente justa
