La suerte sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz se decidirá antes de fin de mes y, a juzgar por lo ocurrido este martes, es probable que se decante en favor de su continuidad.
Tras muchos meses de rumores y de resistencia, la principal propietaria de Almaraz, Iberdrola con el 52,7% del capital , accedió a dar el paso estratégico que esperaban sus socios, Endesa con un 36% y Naturgy con un 11,3%. La eléctrica anunció públicamente su “compromiso” para presentar la documentación que permita prolongar la vida útil de la central.
El anuncio se produjo tras la reunión mensual de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT), la sociedad que gestiona la planta, en la que se concluyó que la central se encuentra en “óptimas condiciones técnicas” para su funcionamiento. Contrasta con la posición pública que había mantenido hasta ahora Iberdrola.
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Hace apenas un mes, la empresa entregó la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para el cierre de la central. Además, en la reciente presentación de su plan estratégico, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, indicó que el grupo no preveía la continuidad de Almaraz.
A ello se suma que, para tomar esta decisión, reclamaban una rebaja de impuestos al Gobierno central que no se ha producido.
Comienza ahora un sprint burocrático para solicitar formalmente lo que, más que la continuidad sine die de la planta, consistirá en un retraso de su cierre hasta el 2030. El plazo de operación de Almaraz concluye el 1 de noviembre del 2027, pero el CSN quiere tener toda la documentación dentro de diez días.
Las eléctricas deben obtener ahora el visto bueno de sus consejos de administración y convocar una junta de accionistas de CNAT, todo ello antes del 1 de noviembre. En el comunicado de este martes de Iberdrola, a diferencia de otros pronunciamientos públicos, no hay rastro de peticiones de mejoras fiscales.
El riesgo de apagón forma parte ahora de los argumentos de las eléctricas para la continuidad
Lo que sí hay en el nuevo discurso de Iberdrola es un mensaje acerca de la aportación de la nuclear como “escudo antiapagones”. Es la expresión que usa su consejero delegado en España, Mario Ruiz- Tagle, que destaca la capacidad de esta tecnología para aportar electricidad firme y síncrona esencial para la estabilidad de la red. Aunque representa solo el 5% de la potencia instalada, suministra cerca del 20% de la electricidad y opera cerca del 90% de las horas del año al margen de las condiciones meteorológicas.
El primero de los dos reactores de Almaraz estaba llamado a estrenar el calendario de clausuras de centrales nucleares pactado en el 2019 entre las eléctricas y el Gobierno. El primer reactor de Almaraz habría de cerrar en noviembre del 2027 y el segundo, en octubre del 2028. A eso le seguiría, en octubre del 2030, Ascó I, en Tarragona. Así, hasta completar el apagón nuclear en el 2035.
Iberdrola asegura ahora que “las centrales nucleares españolas figuran entre las mejores del mundo en indicadores de operación y disponibilidad, lo que garantiza una producción eléctrica continua y fiable”. También recuerda que en Estados Unidos y Francia hay centrales similares que han extendido su vida útil hasta los 60 o incluso los 80 años. Añade que el cierre de las plantas ocasionaría “un incremento significativo en el coste de la electricidad”.
El Gobierno condiciona la extensión a que haya garantías de seguridad, económicas y de suministro
El Ministerio de Transición Ecológica dio este martes por recibido el mensaje, pero recuerda que la continuidad no depende este tipo de intenciones, sino de que las eléctricas presenten formalmente una solicitud al Gobierno. Es una de las líneas rojas. Las otras ya las anunció Pedro Sánchez: que se garantice la seguridad de suministro, la inexistencia de riesgos y un entorno económico de operación que no ocasione sobrecostes a los consumidores.
Hace unos meses, en junio, Iberdrola y Endesa enviaron una carta al Ministerio de Transición Ecológica en la que se mostraban partidarias de la continuidad de la central, pero el ministerio insistió en que el contenido de la misiva, de por sí, no constituía una petición formal. Fuentes ministeriales consideran que, a efectos prácticos, todavía no se ha dado el paso clave para mantener operativa la central.
Almaraz, que aporta el 7% de la electricidad que se consume en España, se encuentra ahora en el centro de una particular batalla política. Si las eléctricas han venido reclamando una mejora fiscal, incluida una rebaja de la tasa Enresa con la que se sufragan la gestión de los residuos y los desmantelamiento, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han sumado al discurso. La Junta de Extremadura aprovechó la semana pasada para anunciar rebajas fiscales para la central.
