El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó hace unos días que su gabinete iba a por todas en materia de vivienda y que no debe “tener miramientos” para intervenir en el mercado. Ahora, hace realidad esa premisa con una iniciativa que ha puesto en alerta al sector: la prohibición de la compra especulativa.
Fiel a su posición como laboratorio en legislación habitacional, Catalunya se dispone a estudiar la viabilidad de esta polémica medida y la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ya ha recibido el encargo de evaluar su aplicación, avanzó Illa este miércoles en el Parlament durante una respuesta a la CUP. “Todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos”, aseveró Illa.
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A la espera de los resultados del análisis, propietarios, agentes de la propiedad y economistas reaccionaron de inmediato porque la consideran una medida más ideológica que efectiva que puede generar una fuerte inseguridad jurídica.
“Haremos todo lo posible para garantizar la vivienda como un derecho”, afirma el President
“Se trata de una iniciativa errónea y contraproducente; el propio concepto de compra especulativa, de hecho, no está definido, lo que dificulta valorar y entender esta posible actuación”, considera Òscar Gorges, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
Desde esta entidad temen que la eventual prohibición incluya adquisiciones ahora legítimas, como la compra para rehabilitar, para destinar el alquiler o como segunda residencia. “Aún más preocupante sería si se limitan los derechos de compra de los ciudadanos de la Unión Europea por no ser residentes, creando de este modo un agravio comparativo y una vulneración de libertades fundamentales dentro del mercado común”, añade Gorgues.
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El anuncio del president, a preguntas de la CUP, llega pocos días después de que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) publicase un estudio jurídico que avala limitar la compra de viviendas sólo para residencia habitual en zonas tensionadas. La práctica mayoría del territorio catalán está declarado zona tensionada, con limitación de los alquileres.
Dicho informe fue presentado el 10 de octubre por la vicepresidenta del PEMB y hasta ahora líder de BComú, Janet Sanz, lugarteniente de Ada Colau durante su etapa como alcaldesa que se dispone a abandonar la política institucional, tal y como explicó ella misma recientemente.
El sector advierte que una medida de este tipo puede colisionar con el derecho a la propiedad privada
“Más allá de las iniciativas de fomento que se han puesto en marcha, seguimos improvisando y validando propuestas en función de la aritmética parlamentaria que convierten a Cataluña en un laboratorio legislativo experimental, con efectos más que dudosos”, señala al respecto Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya. Antes de hablar de prohibir la “compra especulativa”, los APi consideran necesario aclarar qué incluye este concepto. “¿También quién compra para alquilar o rehabilitar?”, se pregunta. Sala destaca que con esta propuesta llueve sobre mojado. El Govern ya aprobó aumentar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 20% y lamenta una normativa “cada vez más sancionadora, que no contribuye a generar la confianza necesaria para aumentar la oferta de vivienda”.
Tanto el estudio del PEMB como la iniciativa de Illa se fijan en las políticas que ha aplicado la ciudad de Ámsterdam, que en el 2022 obligó a los compradores de vivienda a habitar durante cuatro años en los inmuebles para frenar la especulación.
Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la URV y director de la cátedra UNESCO de Vivienda, advierte en este sentido que una actuación como esta podría colisionar con el derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución. Ahora bien, añade un punto de incertidumbre al recordar que la ley de Vivienda recoge en los artículos 7, 10 y 11 que estos inmuebles solo se pueden usar para vivir. “No sabemos bien lo que significa”, advierte, y cree que podría provocar una “expropiación” de facto de las casas.
En el mundo existen pocos precedentes de limitación de la compra especulativa, recuerda el catedrático de la UPF José García Montalvo. En cambio, algunos países sí han frenado las adquisiciones por parte de ciudadanos extranjeros, ya sea con moratorias y con subidas de impuestos. El Gobierno español ha actuado en este sentido al eliminar, por ejemplo, las Golden Visa. Catalunya puede ir otra vez un paso más allá.
