El Govern de Illa ha situado la vivienda como una de sus prioridades dada las crecientes dificultades de los ciudadanos para acceder a un piso asequible. El precio de compraventa se ha disparado el último año a niveles cercanos a los de la burbuja, con un coste medio de 2.693 euros el metro cuadrado en el segundo trimestre, tal y como indican los datos del Colegio de Registradores. Mientras, el mercado del alquiler sufre una fuerte crisis, con rentas que superan los mil euros al mes en la ciudad de Barcelona y una oferta escasa que no cubre ni mucho menos la demanda.
Esta es la foto actual, pero el problema puede agravarse aún más a corto y medio plazo. Todas las previsiones apuntan a un crecimiento de la población y de la formación de hogares los próximos años, principalmente por la llegada de inmigración en edad de trabajar, mientras que la construcción de pisos apenas llega a las 14.000 o 15.000 unidades anuales.
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El objetivo de la Generalitat es multiplicar ese ritmo por tres para alcanzar los 214.000 pisos nuevos en cinco años, la mitad, de protección oficial. El sector ha recibido de forma positiva la iniciativa, pero advierte de que no resultará fácil lograrlo y se muestran cautos con los plazos fijados. “El plan es necesario, pero será complicado”, considera Guim Costa Casalmiglia, decano del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
El Govern ha identificado suelo en diferentes fases de desarrollo que podrían albergar estos inmuebles, la mayoría, en el área metropolitana. Existen dos grupos con los planteamientos urbanísticos aprobados y la gestión ejecutada o en curso con capacidad para unos 54.000 pisos. Pero un tercer grupo, con 52 áreas, aún tiene el planteamiento pendiente y no cuenta aún con proyecto de urbanización ni reparcelación. De éste dependen 160.000 inmuebles del plan de Illa. “Aquí es donde se tendrá que hacer el mayor esfuerzo”, señala el catedrático de la UPF José García Montalvo, puesto que este tipo de trámites suelen extenderse hasta una década.
La burocracia y el atasco en los ayuntamientos es, de hecho, lo que más preocupa al sector. “Construir un bloque puede llevar entre 12 y 15 meses; conseguir las licencias, mucho más”, recuerda el decano de los arquitectos.
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En todo caso, su realización es “perentoria”, afirma el catedrático de la UAB Josep Oliver. Este economista estima que en los próximos diez años Catalunya tendrá entre 250.000 y 300.000 hogares más que requerirán vivienda. “Necesitamos un shock de oferta”, insiste.
Los promotores consideran por su parte que se trata de un plan “realizable” si todo está alineado y celebran muy especialmente que la Generalitat esté dispuesta a modificar los requisitos de las viviendas protegidas –tamaño, bloques de más alturas...– para que les sean rentables. “Ahora no eran viables”, lamenta Xavier Vilajoana, presidente de APCE.
Preocupa también la falta de trabajadores en el sector de la construcción, aunque el presidente de la Cambra de Contractistes, Lluís Moreno, asegura que a medida que la producción se incremente, encontrarán la manera de solventar esta escasez de profesionales.
Queda un último punto por resolver, crucial para que casi la mitad de los pisos sean de protección oficial: los presupuestos. Catalunya encadena dos años con las cuentas prorrogadas y sin nuevos presupuestos, difícilmente habrá dinero para tal cantidad de viviendas oficiales.
