El diálogo social está congelado, camino de la UVI en palabras de Antonio Garamendi, con ni un solo acuerdo a tres bandas en el último año y en cambio, con un desencuentro permanente y un cruce de declaraciones hirientes con periodicidad prácticamente semanal, especialmente entre el Ministerio de Trabajo y la CEOE. Las repetidas puyas entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi son el síntoma del mal de fondo, de que la conversación se ha interrumpido. Lo que ya es más opinable es por culpa de quién.
Lo cierto es que coinciden en el tiempo una ministra en dificultades con un presidente de la patronal que ha interiorizado que el escenario le sonríe. Por un lado, Yolanda Díaz no atraviesa su mejor momento, con perspectivas electorales frágiles, y ha visto como le rechazaban su medida estrella, la reducción de jornada. Como respuesta, ha lanzado una batería de iniciativas, con procesos acelerados y con escasa consulta a los agentes sociales. Por el otro lado, Antonio Garamendi parece convencido de que, con el actual equilibrio parlamentario, es muy difícil que normas que no cuenten con su apoyo pasen el filtro del Congreso, por lo que no tiene ningún incentivo para a entrar a negociar. Hace unos años, cuando se criticó a Garamendi por aprobar la reforma laboral, uno de sus argumentos era que había cedido en algunos elementos para evitar unas medidas más radicales. Ahora, ya no siente esta necesidad de compromiso. Es la fórmula dura que aplicó con la reducción de jornada, replicando con un no a todo y sin presentar ninguna propuesta alternativa. Y le salió bien.
Hay que ir muy lejos para encontrar los últimos ejemplos de acuerdos a tres bandas. En concreto, toca retroceder a junio y septiembre del 2024, cuando se firmaron el acuerdo para la no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral, y la última reforma de las pensiones para facilitar la jubilación parcial (aunque en este caso es el ministerio de Inclusión y Seguridad Social y no el de Trabajo). Y ya fueron dos excepciones en un terreno poco abonado al consenso. Un rara avis. Polarizado está el mundo laboral, con dos personajes que parecen condenados a enfrentarse y, lo que es peor, que aparentan haberle tomado gusto al choque. Ahí se ve desde la sorprendente comparativa de Garamendi con los cracks del tenis, recordando que “Carlitos” trabaja más de 37,5 horas a la semana, hasta su ironía de que pediría un permiso de diez días para descansar de los anuncios de la ministra; mientras que, por el otro lado, Díaz ya señala una supuesta deriva de extrema derecha del presidente de la patronal.
Sin ningún atisbo de acercamiento en el horizonte .
Son fuegos artificiales para acompañar un combate que en los próximos meses se va a disputar en tres escenarios distintos. El principal, donde habrá más zarpazos, es el del registro horario que Trabajo quiere establecer el próximo año, mientras que, en el campo adyacente, se batalla por la subida del SMI. Finalmente, otro enfrentamiento es el de la reforma del despido, con más indemnizaciones, lo que constituye otra línea roja para la patronal.
El registro horario es ahora mismo la gran baza de Yolanda Díaz. De entrada, porque el objetivo de la medida, que es el cumplimiento de la jornada de trabajo, es difícil de contestar como principio, y también como necesidad, dado que el 40% de horas extraordinarias no se pagan. En concreto, en el segundo trimestre se llevaron a cabo siete millones de horas extras la semana, de la cuales 2,8 millones no se abonaron. Pero siempre queda margen para oponerse a una norma que establece un registro digital obligatorio, con acceso instantáneo de la inspección de Trabajo.
En sus alegaciones a la medida, la CEOE considera ilegal querer realizar la modificación a través de un real decreto porque, dicen, contradice el Estatuto de los Trabajadores. El quid de la cuestión es precisamente el formato de real decreto, que permite aplicar la norma sin pasar por el parlamento; es la carta en la manga que se guardó Trabajo durante toda la negociación de las 37,5 horas.
La tesis de la patronal es que, si hay incumplimientos se pueden atajar con las herramientas de control previstas, y que no hay circunstancia que justifique un cambio “tan drástico”. Los empresarios ven detrás de la maniobra razones de oportunidad política. El real decreto está en fase de consultas y tendría que aprobarse a principios del próximo año. Es la gran esperanza blanca de Yolanda Díaz que, cuando lanzó la iniciativa, ya contaba con que habría batalla jurídica impulsada por la CEOE. En este aspecto en Trabajo dicen que están tranquilos, que lo tienen asegurado.
Tres terrenos de confrontación
A falta de saber quién se lleva el gato al agua en el control horario, está arrancando la pugna por la subida del SMI. En esta ocasión, el porcentaje de aumento será un elemento del debate, pero no el principal. Ahora entra en escena la antigua reivindicación de los sindicatos de impedir que los pluses se puedan absorber en la subida del salario mínimo. Trabajo la ha asumido y la ha incluido en el borrador del real decreto sobre la subida del salario mínimo. (Borrador, por cierto, que adelantó La Vanguardia). Por tanto, aquí la patronal ya no se enfrenta solo a la subida, sino también a que se establezca como norma que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio, y como decíamos, a prohibir la absorción de pluses, que es lo que más duele a la CEOE.
Si en estos dos temas, las posiciones están enfrentadas, en el tercero, la reforma del despido, la oposición de la CEOE es todavía más frontal. Se trata básicamente de “personalizar” la indemnización por despido, de adaptarla a cada caso. Modificar el actual sistema rígido, que puede penalizar al trabajador si lleva poco tiempo en el empleo, y aplicar criterios más flexibles en casos determinados, algo que algunas sentencias judiciales ya han hecho por su cuenta. Es un tema que se aparcó en la reforma laboral del 2022 para evitar que la patronal se desmarcara del consenso, pero que ha revivido posteriormente con dos resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CESD), del Consejo de Europa, en las que consideró la legislación actual por despido improcedente no es disuasoria, y que había que modificarla.
Enemigos para siempre
El comité europeo intervino a petición de UGT y CC.OO., que ganaron aquella batalla, aunque poco después les llegó un jarro de agua fría por la sentencia del Tribunal Supremo en julio, que cerraba el camino. La vía judicial sigue abierta con un recurso en preparación al Tribunal Constitucional, pero está muy empinada, por lo que Trabajo ha abierto el camino de la modificación legislativa. Travesía difícil porque no cuenta de momento ni con el apoyo asegurado de la parte socialista del Gobierno y porque tiene a la patronal en pie de guerra, hasta el punto de que ha anunciado que no participará en las próximas reuniones de la mesa social en que se debata este tema. La CEOE considera que el Tribunal Supremo les dio la razón y que no hay más que discutir, mientras que los sindicatos presentarán una propuesta conjunta en las próximas semanas.
Con este polarizado panorama, el diálogo social recorrerá en los próximos meses un agitado recorrido en un mercado laboral que mantiene un buen comportamiento, pero que lleva tiempo con el consenso roto, y esto se acaba pagando. Trabajo y patronal parecen condenados a seguir enfrentándose, como si estuvieran decididos a reescribir la letra de la mítica canción de los Juegos Olímpicos de Barcelona, transformándola en un “Enemigos para siempre”.
