El Govern cambia el criterio para ser gran tenedor de vivienda, avisa el sector

Crisis habitacional

La residencia de uso habitual ya no computa dentro de los cinco inmuebles, según los agentes de la propiedad

Un hombre consulta la oferta de vivienda de una inmobiliaria en Barcelona

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Llibert Teixido

El sector inmobiliario lleva tiempo lamentando la “inseguridad jurídica” que, a su juicio, sufre Catalunya en materia de vivienda. El último ejemplo es el reciente cambio de criterio que ha introducido el Govern en un tema altamente sensible como es quién es considerado gran tenedor y quién no, avisaron ayer los agentes de la propiedad inmobiliaria (API).

Según constaba el jueves en la información sobre la limitación al alquiler incluida en el portal de Habitatge de la Generalitat, la vivienda de uso habitual no computa en el cálculo y, por tanto, es gran tenedor aquella persona física o jurídica titular de cinco o más viviendas dentro de una zona de mercado tensionado siempre que ninguna de éstas corresponda a su residencia habitual. Hasta hace poco, la vivienda de residencia sí se estaba contando en el cálculo, destacaron los API en un encuentro ayer en el que participó Montserrat Junyent, presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), y Carles Sala, portavoz y director del Área Jurídica de los API de Catalunya, entre otros miembros de la entidad.

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16 - 10 - 2025 / Barcelona / Pisos en venta - Alquiler de pisos - Inmobiliaria / Foto: Llibert Teixidó

“En el cómputo de viviendas, no se tiene en cuenta la que es la vivienda habitual y permanente del propietario”, señalaba el portal de la Generalitat en el apartado que clarifica las dudas sobre la regulación del alquiler y las zonas tensionadas. Fuentes del Govern consultadas confirmaron que esta definición recogida en el portal es correcta. La modificación ha cogido a los API y a otros actores consultados por este diario por sorpresa, ya que no ha habido una comunicación oficial. Según insisten, la definición que ha difundido la Generalitat desde la ley catalana del 2015 hasta la de Vivienda estatal y que ha aplicado el sector incluía el inmueble de residencia. Ahora bien, 24 horas después, todo el apartado que define lo que es un gran tenedor ha desaparecido del portal de Habitatge de la Generaliat.

La modificación es relevante porque los grandes tenedores están sujetos a una normativa más exigente a la hora de arrendar sus inmuebles. Si la vivienda es propiedad de un gran tenedor, el precio del alquiler debe estar por debajo de lo que establece el índice de referencia, un indicador de consulta pública que se aplica en las zonas de mercado residencial tensionado y que determina el ministerio de Vivienda. En este caso, se aplica una doble limitación y siempre prevalece el precio más bajo.

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“No hay claridad normativa y en dos años las consultas de los asociados a nuestros servicios jurídicos han aumentado un 50%”, explicó Carles Sala. El pasado julio se produjo otra polémica cuando desde el sector advirtieron que Economia y Territori diferían en la definición de gran tenedor. El departament de Alícia Romera publicó una resolución para clarificar la aplicación de la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a grandes tenedores. Ésta indica que la vivienda de residencia habitual no ha de computar y argumenta que hacerlo iría en contra del artículo 47 de la Constitución. Ahora Habitatge parece haber unificado criterio.

El tope al alquiler se aplica a los contratos que se hayan firmado a partir del 26 de mayo del 2023 de viviendas situadas en municipios de zonas tensionadas. En Catalunya existen dos grandes zonas, una declarada el 16 de marzo del 2024 que incluye 140 municipios, entre ellos Barcelona y su gran conurbación, y otra declarada el 10 de octubre de ese mismo año en otros 131 municipios. De esta manera, la práctica totalidad de la población catalana vive en una zona considerada tensionada y con tope al alquiler.

“Hay municipios con las rentas topadas en los que no hay oferta de alquiler”, lamentaron en la reunión de ayer. Los API proponen reconfigurar las zonas tensionadas, facilitar la inversión y reducir la burocracia para ayudar a resolver la crisis de acceso a la vivienda, entre otras medidas. La entidad impulsa asimismo un pacto transversal sobre vivienda con diferentes actores implicados para buscar soluciones a medio y largo plazo.

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