El Parlament exige al Govern un plan para regular la compra de vivienda especulativa a inicios del 2026

Crisis habitacional

Las mociones de ERC y la CUP reclaman la presentación de “diferentes alternativas” en el primer trimestre del próximo año, pero evitan pedir la prohibición como inicialmente recogía el texto tras un pacto con el PSC

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El pleno del Parlament, durante una votación este jueves.

Maria Pratdesaba / ACN

La crisis habitacional tiene cada vez más espacio y protagonismo en el debate político en Catalunya. Esquerra Republicana y Comuns, aliados del Govern, han presionado estas últimas semanas con la petición de prohibir la compra especulativa de vivienda e intervenir el mercado. El Executiu se comprometió a estudiarlo y ha encargado un informe al respecto. Este jueves, el Parlament ha dado un paso más allá y los cuatro grupos de izquierdas de la Cámara -PSC, ERC, Comuns y la CUP- han aprobado dos mociones (de republicanos y anticapitalistas) en la que dan al Govern hasta el primer trimestre del 2026 para presentar un plan de “regulación de la compra de viviendas con finalidades especulativas”. Junts se ha abstenido, y PP, Vox y Aliança Catalana lo han rechazado.

En concreto, el texto -que finalmente ha sido transaccionado entre socialistas, ERC y la CUP- insta al Executiu de Salvador Illa a que presente antes de que finalice el presente ejercicio “las conclusiones de las evaluaciones en relación con la regulación de la compra de vivienda con finalidades especulativas”. Esquerra y la CUP habían registrado las mociones por separado, pero al transaccionar con el PSC se ha consensuado un único redactado.

Paralelamente, lo que tendrá que “elaborar y presentar” el Govern durante el primer trimestre del 2026 son “diferentes alternativas estratégicas, normativas y programáticas” con el objetivo -según la moción- de “garantizar el acceso a la vivienda habitual y permanente y la regulación de la compra de viviendas con finalidades especulativas”.

El acuerdo con los socialistas ha rebajado la pretensión inicial de Esquerra Republicana y la CUP. El primer texto registrado por los republicanos iba más allá y reclamaba que el Govern presentara durante el primer trimestre del año 2026 “un proyecto de ley que establezca el marco normativo necesario para regular la compra de vivienda y hacer efectiva la prohibición de la compra especulativa en Catalunya”. Tras la entente con el PSC, la alusión al término “prohibición” desaparece, cuestión que ha facilitado que el sentido del voto del grupo socialista acabara siendo favorable.

Desde el PSC, la diputada Eva Candela ha reclamado diferenciar entre la especulación y la inversión. A su juicio, lo primero es la adquisición de un inmueble para “obtener un beneficio rápido”, mientras que el segundo implica la compra de una vivienda para “ponerlo a alquiler habitual”, algo que no ven mal.

Pese a su abstención, JxCat ha remarcado su distancia con la propuesta y la diputada Glòria Freixa ha cargado contra la “dictadura ideológica” de la izquierda. Para los posconvergentes, “Catalunya no tiene un problema con la especulación, sino que lo tiene con la construcción e inversión”.

ERC, Comuns y la CUP han coincidido en la defensa de estas mociones. Mar Besses, de los republicanos, ha instado a “poner fin a la barra libre del mercado inmobiliario” y cree que lo que “realmente destruye la propiedad privada es la especulación y no la regulación”. Para Laure Vega (CUP), la elección transita entre “una economía tiránica o popular, entre vender pisos por Telegram para especular o defender que todo el mundo tenga una casa”.

Àngels Esteller, del PP, ha tildado la iniciativa de “aberración jurídica” y ha sostenido que los grupos que la respaldan “quieren hacer entrar el comunismo por la puerta de atrás”. Tanto Vox como Aliança Catalana han vinculado la inmigración como uno de los problemas que explica la dificultad para el acceso a la vivienda.

Más allá del compromiso que el PSC ha adquirido para que el Govern presente a inicios de año el plan para regular la compra especulativa de vivienda, el Executiu y Comuns siguen trabajando en la composición de un grupo de trabajo para abordar esta cuestión. La previsión es que la primera reunión se pueda producir a principios de la próxima semana, según fuentes del grupo ecosocialista. En la mesa estará, entre otros elementos, la proposición de ley que los de Jéssica Albiach presentaron para que los ayuntamientos cuenten con herramientas que les permitan “prohibir” la compra especulativa de vivienda.

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