En la última sesión de control al Govern, celebrada el miércoles de la semana pasada, el president Salvador Illa afirmó ante una pregunta de la CUP que estudiará la prohibición de la compra especulativa de la vivienda. Este mismo martes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confirmó que analizarán esta posible medida. Los Comuns quieren que el Executiu acelere y por ello registrarán esta tarde en el Parlament una proposición de ley con la que pretenden dotar a los ayuntamientos catalanes de las herramientas para, a través de planes especiales, prohibir la compra especulativa de vivienda.
En una atención a medios desde Barcelona, acompañada de Pablo Bustinduy (ministro de Derechos Sociales) y Janet Sanz (líder de Barcelona en Comú en el consistorio barcelonés), Jéssica Albiach ha manifestado que “ya no se puede perder más tiempo” ante una situación de “emergencia”. El grupo ecosocialista lo quiere articular mediante la modificación de la ley de urbanismo -y no la de vivienda- para que “una persona solo pueda comprar una casa”.
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Habrá, eso sí, algún matiz. Tal como ha expuesto la presidenta de Comuns en la Cámara catalana, su propuesta contempla que una persona pueda comprar una vivienda para familiares directos, como puede ser un hijo, un hermano o un padre. En cuanto a los edificios, también se podrán adquirir con la condición de que los inquilinos que residan en el mismo se les alargue entre cinco y siete años el contrato de alquiler “en consonancia con el índice de referencia de precios de alquiler”. También se permite, según esta proposición, que una persona pueda comprar una segunda residencia, siempre que sea fuera del municipio de primera residencia.
Estas medidas que ponen encima de la mesa los ecosocialistas se proponen en contextos de “emergencia habitacional” y siempre que esté declarada la zona tensionada. La líder de Comuns en el Parlament considera que el president “ya tiene el trabajo hecho con esta proposición de ley” y le ha instado a “no dilatar más en el tiempo esta medida” porque “es uno de los grandes males que sufre el país”.
Además, han elevado la apuesta y la concejal de Barcelona en Comú Janet Sanz ha anunciado que mañana trasladarán esta propuesta al alcalde Jaume Collboni como “condición indispensable” para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de 2026. “Le pediremos que desarrolle ya un plan de usos sencillo para prohibir compras especulativas de vivienda. No tenemos que encargar más informes ni estudiar más, ya hay un informe que lo avala y es el momento de actuar porque lo primero de todo es que se pueda vivir en nuestra ciudad”, ha subrayado Sanz.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha mostrado su respaldo a estas acciones de Comuns y Barcelona en Comú. Desde las filas de Sumar ha explicado que plantearán “la protección de los inquilinos mediante la prórroga de contratos vigentes y congelación de precios, la limitación de la acumulación de viviendas en pocas manos y la prohibición de compras especulativas en el conjunto del Estado”. “Este es el mayor desafío que tenemos, es el primer problema de las clases trabajadoras y es nuestra mayor obligación porque todos los demás derechos están en cuestión si no se garantiza este”, ha insistido el titular de Derechos Sociales.