Gobierno y sindicatos pactan una subida salarial de más del 11% para los funcionarios
Función Pública
A partir de diciembre de 2025 se abonará una paga con los atrasos de todo el año, con un incremento de un 2,5%
Gobierno y sindicatos llegan a un acuerdo para la revalorización de los salarios de los funcionarios. Según han explicado fuentes de la negociación a la salida de la reunión de hoy, las partes han acordado una subida del 11,5% hasta 2028, con una subida este año con efectos retroactivos del 2,5%. UGT y CSIF han aceptado la propuesta reformulada. CC.OO. Por su parte, ha pedido más tiempo para valorar el acuerdo, según fuentes del sindicato.
La clave ha sido la cesión, por parte de Función Pública, de aumentar el porcentaje de revalorización de sueldos para 2025 y 2026. El lunes, la negociación encalló porque el Ejecutivo ofrecía un 11% pero en el reparto, solo se incrementaban los sueldos un 4% en los dos primeros gastos para no superar el techo de gasto.
Función Pública ha aceptado una revalorización adicional de los sueldos en 2026 en función del IPC
Al final, Función Pública ha cedido en añadir un 0,5% al año 2026 vinculado a que el IPC sea igual o superior al 1,5% de la parte fija para este año. Este incremento se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.
El reparto quedará de modo que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028, según han informado fuentes sindicales. El del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos.
Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años rondará el 11,5%.
El acuerdo salarial irá acompañado de otros compromisos por parte del Ejecutivo como la eliminación progresiva de la tasa de reposición, que limita las ofertas de empleo público a las bajas por jubilación; u otras mejoras en materia de procesos de selección, jornada, carrera profesional, jubilación o permisos laborales, según han confirmado fuentes de la negociación.
El acuerdo además incluye eliminar progresivamente la tasa de reposición
El acuerdo se ha logrado tras una nueva reunión, la segunda en esta semana, de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, con los representantes de CCOO, UGT y CSIF, para abordar un nuevo pacto plurianual de mejoras salariales y de condiciones laborales para los empleados públicos. ”El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha alcanzado un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y está a la espera de que CCOO también forme parte del mismo. Dicho acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028”, ha destacado el departamento que dirige Óscar López en una nota.
“Este es un gran acuerdo, un acuerdo en el que no solamente ganan los empleados y empleadas públicas, sino que gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país en general”, ha afirmado Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos. “Es un acuerdo en el que se acaba se termina con la tasa de reposición de efectivos, en el que las ofertas públicas de empleo se van a ejecutar en un año. También la insularidad está dentro del acuerdo, están las indemnizaciones por razón de servicio, está el mutualismo, están las clases pasivas, están reflejados todas y todos los empleados públicos de nuestro país”, destacó Araque.
Desde CSIF defiende que el acuerdo salarial alcanzado es “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas” y supone, por un lado, acabar con la congelación salarial que estaban sufriendo los funcionarios este año y la recuperación de un 2,9% del poder adquisitivo que había perdido el colectivo.
“CSIF suscribe este acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con los empleados públicos. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN por el gasto en defensa”, apunta el sindicato que preside Miguel Borra.
Las partes han acordado constituir una comisión de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las medidas pactadas en un plazo máximo de 15 días desde la firma del acuerdo. De este modo, CSIF ha subrayado que el acuerdo “no es un cheque en blanco” y que velará por su cumplimiento “en tiempo y forma”, reservándose “todas las medidas para asegurar su efectiva ejecución”.