Pimec cifra en 9 millones diarios el impacto económico de la suspensión de Rodalies y el corte de la AP-7
Crisis ferroviaria
La patronal catalana recomienda que las ausencias debidamente justificadas no conlleven consecuencias disciplinarias ni laborales para las personas afectadas
Última hora sobre la circulación de trenes de Rodalies de Catalunya y el accidente de tren en Gelida

Una pasajera de Rodalies se dispone a bajarse en Girona tras dos días sin servicio.

La patronal Pimec estima que la interrupción del servicio de Rodalies, junto con el corte puntual de la autopista AP-7, está generando un impacto económico muy elevado sobre el tejido productivo catalán, con un coste mínimo diario de 5.988.688,75 euros en términos de costes laborales y de 8.952.227,83 euros en términos de Producto Interior Bruto (PIB).
Según los cálculos elaborados por el Observatori de la Pime de Catalunya, estas estimaciones se basan en los costes laborales derivados de los retrasos de los trabajadores afectados, que se han visto obligados a recurrir a medios de transporte alternativos. El análisis excluye a las personas con posibilidad de teletrabajar y asume un retraso medio de 60 minutos por trabajador. En el caso del corte de la AP-7, los costes se han calculado a partir del tiempo adicional empleado por los trabajadores para llegar a sus puestos de trabajo a través de rutas alternativas.
El impacto es mayor en las pymes, que disponen de una menor capacidad de adaptación ante este tipo de incidencias
Más allá del impacto directo sobre la ciudadanía, Pimec advierte de que esta situación comporta costes muy relevantes para la economía y para el tejido empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que disponen de una menor capacidad de adaptación ante este tipo de incidencias. La patronal recuerda que tanto el Gobierno central como la Generalitat de Catalunya han reconocido que el origen del problema se encuentra en déficits de inversión sostenidos a lo largo de los años, que han debilitado la capacidad de la infraestructura ferroviaria para prestar el servicio previsto. En este contexto, Pimec considera inaceptable que las consecuencias de esta falta de inversión recaigan ahora sobre las empresas.
Ante esta situación excepcional, la entidad ha recomendado a las empresas que las ausencias derivadas de la imposibilidad de llegar al puesto de trabajo se consideren debidamente justificadas cuando se acredite dicha circunstancia, sin que ello conlleve consecuencias disciplinarias ni laborales para las personas afectadas. No obstante, Pimec precisa que estas ausencias no tienen la consideración de permiso retribuido, dado que las autoridades han instado a buscar alternativas de movilidad y no han emitido ninguna indicación de restricción general de los desplazamientos. En consecuencia, las horas no trabajadas deberán ser objeto de recuperación o reorganización mediante acuerdo entre empresa y trabajadores.
La patronal alerta asimismo de que la falta de claridad institucional y la transmisión de mensajes contradictorios han generado confusión e inseguridad jurídica tanto en las empresas como entre las personas trabajadoras, dificultando la toma de decisiones y aumentando la presión sobre el tejido empresarial. Por ello, Pimec apela al sentido común y exige al Gobierno que no utilice una regulación pensada para situaciones excepcionales para trasladar a las empresas costes adicionales cuando la causa real de la situación es el déficit sostenido de inversiones de las propias administraciones en la red ferroviaria.
Además, la entidad reclama que la Generalitat de Catalunya ejerza plenamente sus competencias en materia laboral e investigue si las paradas producidas se enmarcan en una posible huelga encubierta por parte de algunas personas trabajadoras de la operadora, lo que, de confirmarse, podría constituir una huelga ilegal.
Finalmente, Pimec insiste en la necesidad de abordar de manera urgente el déficit de inversión acumulado y el infrafinanciamiento crónico de las infraestructuras de Catalunya, en especial del servicio de Rodalies, y reclama un compromiso firme de las administraciones para garantizar un sistema de movilidad robusto y fiable, alineado con las necesidades del tejido productivo catalán y clave para preservar la competitividad empresarial y la seguridad jurídica en las relaciones laborales.