Vivir peligrosamente

Desde hace bastante tiempo, nuestros sistemas económicos (contando el de Baleares) provocan que la población resida en una situación de riesgo. Deslumbrados por el aumento del PIB, hemos dejado de lado la productividad y los ingresos por habitante, y fundamentalmente nuestra riqueza cultural y patrimonial. O sea, aquello que realmente tiene relevancia. Hemos nutrido el motor de producción mediante la generación de puestos de trabajo para elevar el rendimiento, obteniendo cada vez un menor valor añadido por cada empleado. Hace ya un periodo considerable que percibí esto con claridad al observar los hechos en Eivissa, que mostraba incrementos de dos cifras, frente a una Menorca paralizada, reserva de la biosfera, supuestamente dominada por sectores ecologistas de izquierda, pero que ha logrado proteger su entorno de forma excelente. En la actualidad, estas visiones que anteponen el éxito de las campañas turísticas a la protección del legado, los beneficios inmediatos a la solidez financiera y el incremento de ganancias a la calidad de vida se han propagado como una plaga, arruinando el porvenir de numerosas personas.

Tal fenómeno ocurre desde la estrategia de introducir trabajadores de forma ilimitada, lo que ha facilitado la creación de más puestos laborales que de riqueza, mermando así los ingresos promedio de la población. Esta es mayormente la situación del sector turístico, aunque también se observa en el agroalimentario y en otras áreas de negocio, las cuales no pueden sostenerse con tarifas mínimas y el apoyo indirecto de la ciudadanía.

Estos ámbitos económicos consiguen localizar frecuentemente a personas migrantes que aceptan pagas reducidas, salvaguardando los beneficios de bastantes empresarios, al tiempo que trasladan los efectos negativos a la sociedad o al sector público mediante la falta de vivienda, el excedente de purines, la precariedad social y otras consecuencias ambientales. O incluso desarticulando el territorio. La mayor parte de tales impactos y gastos imprevistos afectan a las administraciones autonómicas y locales, pero el Estado desatiende el problema cuando se le ha pedido que se incluyan en la financiación territorial.

No debería admitirse ninguna directriz económica que no se centre en optimizar la productividad, único motor capaz de garantizar mayores sueldos por empleado y una renta per cápita superior. Este enfoque debe aplicarse al analizar la demanda laboral, la llegada de inversiones foráneas o las ayudas a las pymes para escalar y mejorar su innovación. Lo esencial es el impacto real de estas medidas en la prosperidad de la ciudadanía. Ya no resulta creíble vincular la excelencia simplemente a la creación de empleo o a la insistencia en los datos brutos de crecimiento del PIB.

El progreso financiero debe valorarse según la manera en que la riqueza producida se transforma en bienestar real dentro de los ingresos de las familias. Todo lo demás resulta ilusorio y nubla el término de una pugna por el desarrollo que nos resta recursos, marginando a más individuos bajo el amparo de un sistema público que cada vez menos personas desean costear.