El 25% de la población española sigue bajo condiciones de fragilidad financiera pese al aumento experimentado en los salarios.
Condiciones de vida
El ingreso promedio por vivienda alcanza los 38.994 euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al dato registrado el ejercicio previo.
La vulnerabilidad infantil disminuye, si bien permanece en los niveles más elevados de la última década.
Un 8,5% de los residentes manifestó llegar al término del mes con “mucha dificultad” en 2025
La vulnerabilidad económica permanece estancada en España a pesar del avance en las cifras macroeconómicas y los salarios. Los ingresos medios por hogar se elevaron un 5,4% el pasado año, llegando a los 38.994 euros, si bien la tasa de habitantes en peligro de pobreza sigue en el 25,7%, lo que supone una reducción de apenas una décima respecto a 2024, según refleja la Encuesta de Condiciones de Vida presentada por el INE. Aun con todo, se trata del resultado más positivo de la década, con un descenso de tres puntos porcentuales frente a las estadísticas de 2016.
El indicador denominado tasa Arope, encargado de evaluar la proporción de habitantes en peligro de pobreza o marginación social, ha mostrado una leve mejoría en dos de sus tres dimensiones: El índice de riesgo de pobreza relativa se sitúa en el 19,5% de la ciudadanía, lo que supone un descenso de dos décimas frente al ejercicio previo, mientras que la proporción de personas con privación material y social severa también disminuye dos décimas hasta alcanzar el 8,1%. El tercer factor, relativo al porcentaje de población con baja intensidad laboral, permaneció estable en comparación con el año pasado, manteniéndose en un 8%. Estos tres parámetros alcanzan sus niveles más reducidos de los últimos diez años, aunque el progreso en relación a 2024 resulta limitado.
El porcentaje de individuos con carencia material severa se sitúa en el 8,1%
¿En qué consisten los indicadores del índice Arope? El primero, referido a la pobreza relativa, señala que las ganancias de dicho hogar son inferiores al 60% del ingreso mediano por unidad familiar; el segundo se basa en sufrir una privación material grave, tal como demorarse en los abonos o no tener capacidad para costearse un descanso vacacional o ingerir carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días. El tercero conlleva encontrarse en un estado de desocupación laboral extendido,
Las estadísticas son todavía más preocupantes si se observan los diversos segmentos generacionales. La carestía que golpea a los menores de 16 años registró el pasado ejercicio su porcentaje más elevado de la década, llegando al 34,7%, y dicha realidad, si bien ha experimentado mejorías, no se ha revertido del todo. El grupo de menores de 16 años contemplado en cualquiera de los tres parámetros de peligro de pobreza o exclusión social se sitúa en el 2025 en el 33,9%, una bajada de seis décimas frente al año anterior, pero aún muy alejado de valores como el del 2028, que fue del 29,9%, cuatro puntos inferior.
El índice de pobreza se agrava entre los trabajadores, situándose en el 25,9%
Se agrava un poco asimismo el escenario para el segmento demográfico de 16 a 69 años, la población activa, donde el 25,9% queda integrado en alguna de las tres condiciones de peligro, una décima superior a la del ejercicio previo.
El INE indica asimismo un crecimiento de la renta media individual, que se situó en 15.620 euros durante 2023, lo que supone un 5,5% más que el año previo. La moderación de los precios y el avance salarial permiten que, a pesar del encarecimiento de la vivienda y suministros fundamentales, el 8,5% de los habitantes afirmara concluir el mes con “mucha dificultad” en 2025. Esta proporción fue 0,6 puntos menor a la detectada el ejercicio anterior. Por otro lado, el 36,4% se vio incapaz de asumir pagos fortuitos, ante el 35,8% del 2024.
Un 32,2% de los ciudadanos careció de los medios para disfrutar de un viaje vacacional de una semana anual como mínimo. Dicha cifra representó un descenso de 1,2 puntos respecto a los datos registrados en 2024.
Considerando las regiones y ciudades autónomas, País Vasco (14,7%), Illes Balears (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) mostraron los índices de riesgo de pobreza o exclusión social más contenidos, en contraste con Andalucía (34,7%), Castilla - La Mancha (34,0%) y Región de Murcia (32,5%), que tuvieron los resultados más negativos. En Catalunya la proporción se sitúa en el 21,3%, lo que supone un aumento de ocho décimas frente al año anterior y la aleja de Madrid, donde el dato baja 1,5 puntos porcentuales hasta quedar en el 19,4%.