Foment advierte que el decreto de regularización de migrantes puede generar graves disfunciones
INMIGRACIÓN
La patronal reafirma su apoyo a la medida, pero considera que las garantías jurídicas deberían ser “mucho más estrictas”
El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno central provocó largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona
La patronal Foment del Treball ve con preocupación la regularización extraordinaria de migrantes puesta en marcha por el Gobierno. Aunque considera que la medida es “necesaria” para garantizar el funcionamiento del mercado laboral, también advierte de que faltan “garantías jurídicas y operativas” para que el proceso sea “seguro, ordenado y coherente con el marco legal vigente”.
A finales de enero el Ejecutivo español aprobó un real decreto para permitir que medio millón de personas puedan obtener residencia y permiso de trabajo en España a partir de principios de abril. Se trata de la séptima regularización extraordinaria que se llevará a cabo desde finales de los años ochenta.
La patronal sostiene que la actual versión del decreto “despierta inquietud” entre amplios sectores de la sociedad catalana, que critican la regulación insuficiente de elementos esenciales de control y verificación de este proceso. En concreto, “es especialmente grave que la falta de antecedentes penales en el país de origen se pueda acreditar mediante una simple declaración responsable en algunos casos”, argumenta Foment.
La patronal también considera que deberían tenerse en cuenta los antecedentes policiales y no solo los penales, “dado que pueden haber casos en los que todavía no se haya dictado sentencia o no aparezcan formalmente como antecedentes penales”. Añade también que “hay consenso entre diversos sectores sociales” de que tanto los antecedentes policiales como las causas pendientes con la justicia deberían comportar la suspensión del proceso hasta que este tipo de situaciones se aclaren.
Riesgo operativo
La patronal avisa de que la norma actual puede generar “efecto llamada”
Por otro lado, la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre detecta en el decreto “riesgo operativo” por los “efectos previstos y no deseados” que puede generar una norma “con vacíos y mecanismos débiles”, incluido un posible “efecto llamada” y la saturación de los servicios administrativos y policiales. Ante esta situación, la patronal reclama que se revise en profundidad la redacción definitiva del decreto. “El texto tiene que ser mucho más estricto, coherente con el Código Penal y la Ley de Extranjería”, asegura.