El príncipe Enrique ha perdido este viernes la última batalla legal por el acceso a guardaespaldas de la policía británica financiados con fondos públicos durante sus visitas al Reino Unido, y ha sido condenado a pagar las costas del proceso, un suma de 1,5 millones de libras. Según defendía el duque de Sussex en esta apelación (pues ya perdió el caso inicialmente en febrero del 2024), este derecho de protección le fue revocado injustamente tras la renuncia a sus funciones reales en el 2020.
El asunto de la seguridad de los Sussex es uno de los últimos cabos sueltos tras el Megxit. Enrique peleaba contra el fallo que negó el derecho automático para él, su esposa Meghan y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, a contar con guardaespaldas financiados por el contribuyente británico y organizados por la policía durante sus estancias en el Reino Unido.
Boceto de la artista judicial Elizabeth Cook de Shaheed Fatima, observada por el príncipe Enrique, a la izquierda, durante la audiencia en los Tribunales Reales de Justicia, en el centro de Londres.
El duque de Sussex viajó los días 8 y 9 del pasado abril a Londres desde su residencia en California para asistir a la audiencia en el Tribunal Real de Justicia de Londres, cuando fue defendido por la abogada Shaheed Fatima. Tras años luchando por el restablecimiento del sistema de seguridad automático y estatal durante sus visitas al Reino Unido, el equipo legal del príncipe había descrito este litigo como una “lucha por su vida”.
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En febrero de 2024, Harry perdió el caso inicial contra la decisión de Ravec (un comité ejecutivo para la protección de la realeza y las figuras públicas) de reducir su seguridad y el fallo de este viernes se produce tras su exitosa solicitud de apelación. Si bien el príncipe ha lidiado con múltiples casos judiciales contra la prensa sensacionalista británica en varias tandas de juicios, esta lucha en particular por su seguridad la creía crucial para su futuro y el de su familia.
Los duques de Sussex en una visita a Londres para el jubileo de platino de la reina Isabel II en el 2022.
Cuando el duque de Sussex emprendió acciones legales contra la decisión de Ravec, lo hizo en dos sentidos. Por un lado, intentó hacer valer su derecho a la protección oficial cuando visitase territorio británico, algo que de momento no le ha reconocido ningún tribunal. Y, por otro, si esta vía no fuese posible, quería poder realizar pagos privados de su bolsillo al ministerio de interior británico para que su seguridad y la de su familia siguiese a cargo de los servicios del Estado en sus visitas al Reino Unido, pero otro juez ya desestimó esa causa en mayo del año pasado.
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En el segundo caso, el príncipe buscaba el visto bueno para pagar su propia protección en el Reino Unido, pero que de la organización de esa seguridad se hiciera cargo el Estado. Ante requerimientos del juez, la Policía Metropolitana de Londres insistió en que sus oficiales no son “armas de alquiler” para los ricos y famosos, y alegaron que permitir que Enrique pague por la protección oficial sentaría un “precedente inaceptable”. También coincidían en que sería “incorrecto que un cuerpo policial ponga a los oficiales en peligro tras el pago de una tarifa por parte de un particular”.