El príncipe Alberto genera polémica en Mónaco 

Alberto II de Mónaco ha recordado esta semana que quien manda en el principado es él. A pesar de que el país se rija bajo un sistema de monarquía parlamentaria hereditaria, la soberanía reside en el príncipe y no en el pueblo. Y el hijo de Grace Kelly y Rainero se ha servido de esta situación y de sus poderes ejecutivos para vetar la ley del aborto aprobada ampliamente por el parlamento.

A diferencia de otras monarquías europeas como la española, el jefe de estado monegasco no se limita a firmar simbólicamente todas las reformas legislativas acordadas por los representantes políticos en las cámaras elegidas democráticamente. Alberto puede no hacerlo porque también goza de poder ejecutivo. Suele no ponerlo en práctica para no interferir en las decisiones políticas, pero esta vez ha decidido intervenir en una temática tan delicada como el aborto.

El texto aprobado en el parlamento con diecinueve votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, legalizaba el aborto hasta la semana doce de gestación, ampliable a dieciséis en el caso de violaciones. También rebajaba la edad mínima para consentir el procedimiento a los quince años. En la actualidad, el aborto, cuya práctica se despenalizó en 2019, sigue siendo formalmente ilegal en Mónaco y solo se permite bajo tres circunstancias: violación, riesgo grave para la vida de la madre o una malformación fetal severa.

Alberto II explicó en una entrevista a Monaco-Matin que a pesar de que comprende “la sensibilidad de este tema, la emoción que puede suscitar y los dolorosos recuerdos que puede evocar en algunos”, el marco legal vigente en el principado “respeta nuestra identidad y el lugar que ocupa la religión católica en nuestro país, al tiempo que garantiza una atención segura y más humana”. La constitución establece que la religión católica es la religión del Estado. Además, el 90% de la población se identifica como católica. 

La decisión tomada del príncipe Alberto ha generado debate social. Mientras que los sectores más católicos de la población han aprobado su negativa a la ley, otros han puesto en relieve esta contradicción que vive el poder ejecutivo en el principado.  En la práctica, las mujeres que optan por abortar acuden a hacerlo mayoritariamente en clínicas francesas.

El actual caso de Mónaco recuerda el que vivió Bélgica en 1990, cuando el rey Balduino manifestó que por convicciones personales no podía firmar la ley del aborto, aunque se veía obligado a hacerlo. Para solucionar esta situación, el gobierno lo declaró incapaz de reinar durante unas horas, las que se utilizaron para firmar el texto legislativo, y lo restituyó después.