David Alegre, doctor en Historia Comparada: “En un estudio sobre los perpetradores de crímenes en la Guerra Civil llegas a plantearte la posibilidad de autocensurarte con sus identidades para evitarte problemas”
Entrevista
A través de los golpistas de la ciudad de Zaragoza, el profesor de Historia Contemporánea de la UAB traza en ‘Verdugos del 36’ un retrato extrapolable de los autores de crímenes del bando sublevado
El historiador David Alegre, autor de ‘Verdugos del 36’ (Crítica)
La historiografía española vive un momento dulce. Tenemos muchos especialistas jóvenes que nos ofrecen estudios renovadores basados en archivos y en el conocimiento de los debates de la historiografía internacional. En ocasiones, incluso ven traducidos sus trabajos al inglés, cosa que hace algunos años no podíamos dar por supuesto. David Alegre Lorenz (1988) es uno de ellos. Ya nos deslumbró con su anterior libro, Colaboracionistas (Galaxia Gutenberg, 2022), en el que indagaba en los apoyos que encontró el fascismo en diversos países europeos. Ahora, en Verdugos del 36 (Crítica), se adentra en la maquinaria del terror golpista en la Zaragoza de la Guerra Civil. Conecta así con la novedosa tendencia a poner el énfasis no tanto en las víctimas, como se hacía hasta ahora, sino en los verdugos.
Tendemos a focalizar nuestra atención en la responsabilidad criminal de Franco, Mola o Queipo de Llano. Sin embargo, por debajo de ellos, había mucha gente, mandos militares intermedios o civiles, que colaboró activamente en la represión. Alegre pone nombre y apellidos a todos estos hombres que, como bien dice, estuvieron “a cargo del trabajo sucio”. A través de la búsqueda de sus orígenes familiares y de sus trayectorias personales llegamos a entender cómo estos individuos lucharon contra los valores democráticos desde el convencimiento de que las masas populares representaban un peligro para el futuro del país. Más tarde, cuando las matanzas ya habían sido perpetradas, se ocuparían de hacer desaparecer este pasado incómodo. De ahí que Verdugos del 36 sea tan importante como aportación a la lucha contra el olvido.
Franco (izq.), Queipo de Llano (centro) y el cardenal Illundáin en 1937 en el ayuntamiento de Sevilla
La historiografía de la represión en la Guerra Civil se ha centrado durante mucho tiempo en las víctimas. ¿Ha llegado ya el momento de concentrarse en los verdugos?
Sí, han pasado noventa años de la Guerra Civil, más que suficientes para que nadie se sienta incómodo o señalado por investigaciones históricas como esta, que se atienen escrupulosamente al método, a los debates internacionales sobre problemáticas similares y a las fuentes documentales generadas por la propia dictadura franquista. Ya no es solo que la sociedad española tenga derecho a saber, sino que además ha demostrado una madurez política y cultural que a menudo se le ha negado.
La historiografía tiene que poder tratar a estos sujetos cruciales en la historia de la España del siglo XX sin caer en moralismos y juicios de valor innecesarios. De hecho, el tiempo que ha sido necesario para la aparición de las primeras investigaciones sistemáticas sobre los perpetradores ha sido similar al que precisaron las sociedades alemana, francesa e italiana, por citar tres casos próximos.
¿Por qué resulta tan difícil que los testigos de la época dieran los nombres auténticos de los perpetradores?
La memoria popular deformó a estos sujetos hasta transformarlos en monstruos y criaturas mitológicas de otro tiempo, como si no pudiera ser cierto lo que hicieron. Además, el miedo estuvo muy vivo durante décadas, y en cierto modo sigue presente. No en vano, un proceso de investigación como este te lleva a la encrucijada de qué hacer con el potencial del material que has ido descubriendo, cómo tratar las identidades y vidas de los perpetradores. Llegas a plantearte la posibilidad de autocensurarte para evitarte problemas.
Imaginémonos lo que fue para gente que se cruzó día tras día durante décadas con muchos de los autores materiales de los crímenes del 36, que en muchos casos siguieron paseándose por las calles de las poblaciones en las que mataron hasta el final de sus días. Después hay una decisión ética comprensible y admirable de muchos supervivientes o de sus herederos, que por escrúpulos y compasión hacia los descendientes prefieren inhibirse y callar.
Hubo familiares de perpetradores que sufrieron en sus propias carnes la naturaleza violenta de algunos de ellos
¿Cómo acostumbran a reaccionar los descendientes de los represores cuando se saca a la luz lo que hicieron sus antepasados?
Muchos ya saben de antemano qué hicieron sus antepasados y lo aceptan con resignación y normalidad. Los hay que no tienen ni idea y prefieren no saber más porque se sienten abrumados, como es normal, porque muchos perpetradores se avergonzaron de lo que hicieron y se lo ocultaron a sus familias, explicando una guerra muy diferente, edulcorada o ciñéndose a los aspectos narrables, en clave de aventura. Finalmente, hubo familiares de perpetradores que sufrieron en sus propias carnes la naturaleza violenta de algunos de ellos, que también tuvo su expresión en el espacio doméstico, igual que los hubo que únicamente conocieron a personas afables y cariñosas.
En cualquier caso, solo una minoría muy residual de los testimonios con los que he podido hablar no repudian los actos de sus antepasados.
Milicianos republicanos caídos prisioneros durante la batalla de Guadarrama
Su libro habla de “maquinaria eliminacionista”. Eso quiere decir que la represión obedecía a un plan perfectamente diseñado y no a elementos incontrolados.
El alcance de las políticas eliminacionistas, sistemático, organizado y sostenido a lo largo del verano y el otoño de 1936, fue el resultado de factores diversos. Uno ellos fue el miedo a un colapso de la retaguardia golpista, muy evidente en las semanas de agosto de 1936 en Aragón, por una posible insurrección popular izquierdista en las zonas que ya controlaban.
Fruto del fracaso del plan previsto para el golpe, las autoridades sublevadas se enfrentaron a una guerra inesperada de duración incierta, todo ello mientras la mayor parte de los limitados recursos humanos y materiales se destinaban a las fuerzas que avanzaban sobre Madrid desde el sur. Esto aumentó mucho la sensación de vulnerabilidad en los centros de poder golpistas.
En este sentido, hablo de la existencia de una maquinaria eliminacionista porque la ejecución de asesinatos sistemáticos requirió de una organización y unas estrategias de ocultación que se perfeccionaron y adaptaron. La forma en que se organizó la violencia demuestra que en la zona golpista la existencia de incontrolados fue testimonial.
Mi abuela pertenecía al bando de los vencidos. Sin embargo, manifestaba que no podía haber un Franco en cada pueblo, con lo que venía a decir que el dictador no tenía ninguna responsabilidad en los crímenes que cometían los particulares. ¿De qué manera la propaganda del régimen contribuyó a este discurso exculpatorio?
La toma de decisiones en lo referente a la violencia y a todo lo demás emanaba de arriba abajo con toda claridad, vehiculándose por medio de las giras de las máximas autoridades o por medio de enlaces enviados a tal efecto con disposiciones siempre orales, porque se trataba de no dejar evidencias documentales. Los golpistas sabían que estaban cometiendo crímenes, por eso sus políticas estuvieron perfectamente asesoradas por gente del Cuerpo Jurídico Militar y profesionales del Derecho adscritos a las delegaciones de Orden Público.
Por supuesto, dentro de esta cadena de mando estrictamente jerárquica hubo una necesaria delegación de funciones, eso que Julio Prada llamó con acierto la dirección flexible, que dejaba en manos de los principales responsables regionales, y más abajo locales, un amplio margen de maniobra.
Franco llega a Ceuta procedente de Canarias para asumir el mando del Ejército en 1936
En cualquier caso, todo lo referente a las políticas de eliminación se negoció y debatió en las más altas instancias, con lo cual la responsabilidad jerárquica de Franco o Mola fue máxima en tanto que máximas autoridades autoproclamadas en las zonas bajo su responsabilidad.
Evidentemente, en cuarenta años la dictadura tuvo tiempo de intentar ocultar sus orígenes criminales. Lo hizo refundándose sobre la legitimidad de ejercicio, al presentarse como agente modernizador y al fomentar un nuevo relato basado en la idea de que sencillamente vinieron a poner orden en un caos que hacía inevitable el golpe de Estado.
¿Queda todavía documentación relevante sometida a la normativa sobre secretos oficiales?
No, en una abrumadora mayoría no. Lo que uno suele encontrarse es la cooperación total del Cuerpo Facultativo de Archiveros, que cuenta casi siempre con un personal excelentemente preparado, competente, muy sensible a los investigadores y al derecho ciudadano a la información y, por tanto, tendente a cooperar en todos los sentidos.
También nos encontramos con algunos archivos que custodian fondos cruciales sobre el periodo de la Guerra Civil y la dictadura franquista pero que no son de investigación, sino de gestión, es decir, cuyos fondos documentales no han sido transferidos todavía a centros archivísticos concebidos para la consulta abierta por parte de la ciudadanía, con unos índices e instrumentos de búsqueda a disposición del usuario. Tal es el caso del Archivo General del Ministerio del Interior, que custodia fondos policiales de vital importancia para impulsar nuevas investigaciones, a los que es posible acceder mediante petición telemática, dentro de márgenes de tiempo que se pueden ir a los dos años como mínimo.
La Guardia Civil, la Policía o el Ejército fueron claves en el diseño y puesta en marcha de la maquinaria eliminacionista
¿Fueron los falangistas los únicos responsables de las matanzas en la Guerra Civil o tendríamos que mirar también hacia otros sectores de los sublevados, como los carlistas?
Desde luego que no fueron los únicos. Esto es un relato interesado construido desde ciertas agencias que intentaron ocultar sus amplias y gravísimas responsabilidades para intentar apuntalar su legitimidad y credibilidad en la sociedad española. Tal es el caso de la Guardia Civil, de la Policía o del propio Ejército, que fueron claves en el diseño y puesta en marcha de la maquinaria eliminacionista, desde los despachos hasta el pie de la fosa.
Yo que soy nieto de guardia civil tengo muy presente que en mi familia se cultivaba ese relato que atribuía los excesos a los falangistas, mientras que las agencias estatales se habrían limitado al siempre aséptico y reconfortante cumplimiento de su deber, cuando lo cierto es que las cuadrillas de ejecutores falangistas operaron por lo general en operativos mandados por suboficiales y tropa de la Guardia Civil que se especializaron en estas tareas.
Desfile de guardias civiles y policías armados en San Sebastián, 1942
¿De qué manera los perpetradores, tras la Guerra Civil, maquillaron sus propias biografías para ocultar la violencia que habían protagonizado?
Los perpetradores tuvieron en ocasiones vidas muy largas y contaron con los cuarenta años de la dictadura para reconstruir y reelaborar sus trayectorias. Para ello tuvieron el apoyo institucional del régimen a todos los niveles, dado que a partir de los años cincuenta sus máximos responsables eran los primeros interesados en construir una narrativa y una legitimidad fundada en parámetros diferentes, como los de la supuesta eficiencia tecnocrática del régimen.
Algunos, como Tomás Garicano Goñi, consiguieron ocultar su papel clave en el aparato jurídico represivo que se empezó a levantar a partir del golpe de Estado. Logró presentarse como un reformador y un aperturista, igual que otros perpetradores, que consiguieron adaptar sus trayectorias al nuevo clima político de la Transición, donde se hicieron pasar por conservadores moderados. De hecho, si muchos perpetradores como Garicano hubieran sido cuestionados por su pasado, se habrían amparado sin duda en el principio de obediencia debida y en el cumplimiento del deber, pero ni siquiera tuvieron necesidad de ello porque tal cuestionamiento no tuvo lugar.
Su estudio muestra cómo los sublevados podían hacer lo que quisieran siempre que no molestaran a sus superiores jerárquicos. ¿De qué manera el sistema garantizaba que pudieran actuar con impunidad?
El mecanismo era muy sencillo: se declaraban sobreseídos la mayor parte de los procesos que llegaban a la justicia militar por asesinatos o abusos de poder. Esto queda muy claro en las diligencias previas que se instruyeron en julio y a principios de agosto de 1936 tras hallarse en lugares muy diversos los cuerpos de las primeras víctimas. En todos los casos se sobreseyeron los procedimientos, es decir, se interrumpieron las pesquisas sin sentencia condenatoria, no se dio recorrido a las investigaciones aunque las autoridades golpistas tenían el poder para hacerlo porque regía el estado de guerra.
Barricada infantil detrás de la Universidad de Barcelona, imagen tomada por Antoni Campañà en agosto de 1936
Los asesinos creían que estaban salvando España. No se basaban en hechos sino en teorías conspiranoicas. ¿Son las fake news el primer paso hacia la violencia?
La intoxicación de la opinión pública, que nace de estrategias políticas de la tensión y de miedos sociales que son reales en las mentes de quienes contribuyen a ella, favorece en buena medida los consensos necesarios para la adopción de soluciones políticas autoritarias. En este sentido, los golpistas de 1936 no eran diferentes a los contrarrevolucionarios y a una parte sustancial de la derecha conservadora europea del momento, gente de orden que se identificaba con los principios liberales y que acabó renunciando a ellos ante el supuesto peligro inminente de un vuelco revolucionario en todo el continente.
Vayamos a los nombres concretos. Su libro menciona a la familia Giménez Arnau, que más tarde emparentó con Franco. ¿En qué consistió la actuación de sus miembros en el Aragón de la Guerra Civil?
La familia es interesante por cuanto es paradigmática de tantos otros casos por toda la geografía. Nos muestra cómo dos generaciones distintas de un mismo linaje de orden identificado con la respetabilidad burguesa confluyeron sin ningún problema en un mismo proyecto político: la construcción de un régimen fascista en España. Padres en plena madurez, a menudo procedentes de posiciones liberales o conservadoras que se habrían ido radicalizando al calor de las dos últimas décadas, e hijos en plena juventud, que dentro de un cierto conflicto generacional se adhirieron a las posiciones más radicales y atractivas de Falange, con esa apariencia de modernidad y ruptura.
Cada uno contribuyó a dicho proyecto político en sus respectivos ámbitos: Giménez padre se encargó de la depuración del notariado aragonés y los hijos ocuparon posiciones importantes en los aparatos de prensa y exteriores del Movimiento tanto en la guerra como en la posguerra.
José Antonio Giménez-Arnau pronuncia un discurso ante una multitud en Zaragoza en junio de 1938
La capacidad de uno de los nietos para emparentar con los Franco no es más que la muestra de la importancia que tuvieron las alianzas matrimoniales en el reforzamiento de la coalición del 18 de julio a largo plazo. Aunque en este caso hablamos de un enlace que tuvo lugar en 1977, es representativo de muchas otras uniones similares que se dieron con anterioridad entre los descendientes de figuras destacadas del bando sublevado.
¿Hubo, dentro del bando franquista, quien intentó limitar el alcance de las persecuciones?
Sí, hubo quien lo intentó por razones diversas, quizá no siempre movidos por el objetivo de preservar vidas stricto sensu, sino de limitar el impacto negativo que pudieran tener los asesinatos de ciertos sujetos por la posición de influencia de sus familias.
Sin ir más lejos, al primer delegado de Orden Público en Zaragoza, José Derqui, arquitecto de la maquinaria eliminacionista allí, se le acusaba desde ciertos sectores del bando golpista de ser demasiado tibio a la hora de señalar, perseguir y eliminar a los hijos descarriados de buena familia que habían defendido posiciones progresistas en los años republicanos. Lo que ocurría en este caso es que Derqui, quien se había desempeñado como director del Banco Español de Crédito en Aragón durante la década previa, estaba vinculado personalmente a muchas de estas familias por sus negocios, de manera que intentó proteger a algunos de sus clientes y a sus hijos.
En lo que respecta a los aparatos del poder, las continuidades son la norma y las depuraciones son la excepción
Su libro muestra que, en los cuerpos policiales, muchos agentes no simpatizaban con la República. La democracia de 1931 no hizo una depuración. Sin embargo, muchas veces se critica a la Transición por no ser más radical al romper con el franquismo. ¿No hay aquí un doble rasero?
La cuestión es mucho más sencilla: un Estado es una maquinaria de poder. Este forma y prepara con mucho esfuerzo, fruto de experiencias muy diversas, un capital humano o un personal especializado que considera necesario para su propio sostenimiento como aparato de poder encargado de conservar un statu quo determinado. En este caso hablamos de algo tan sensible como el personal securitario, pero lo mismo valdría para la judicatura e infinidad de técnicos, que las autoridades en general siempre consideran imprescindible y adaptable a nuevos marcos normativos, de ahí que los cambios de régimen en cualquier latitud estén tan marcados por las continuidades como por las rupturas. Y en lo que respecta a los aparatos del poder diría que las continuidades son la norma y las depuraciones son la excepción.
¿Cree que faltaría un libro como el suyo sobre los perpetradores de la represión en la zona republicana?
Creo que nos hacen falta muchas más buenas investigaciones sobre las políticas eliminacionistas en la zona republicana. Esto debería permitirnos arrojar luz sobre un tema atravesado por las sombras y distorsiones de la dictadura franquista, que encajó a los verdugos republicanos del 36 en un relato preconcebido: el intento de agentes extranjeros por precipitar una revolución en España con la colaboración de elementos autóctonos.
Una vez más, es de vital importancia saber con detalle quiénes fueron los responsables, cómo se organizaron, por qué decidieron implementar políticas eliminacionistas y qué grado de complicidad tuvieron en todo ello las fuerzas político-sindicales e, incluso, las autoridades gubernamentales, llegado el caso.