Un juez federal de Rodhe Island ha acusado a la administración Trump de ignorar una de sus resoluciones. Sucedió el lunes pasado. El juez había determinado que la Casa Blanca no podía bloquear la distribución de fondos públicos porque esta es una prerrogativa del Congreso. La administración presentó un recurso y sus portavoces descalificaron al juez con la retórica agresiva que es tan común en el presidente Trump.
Desde el lunes, los expertos en leyes se preguntan si Estados Unidos sufre una crisis constitucional, es decir, si el poder ejecutivo (Trump) ha decidido que está por encima del legislativo y el judicial. La Constitución impone la división de poderes. El legislativo, el ejecutivo y el judicial son iguales y su misión es vigilarse mutuamente. Este es un principio básico en todas las democracias representativas. Romperlo implica pasar de la democracia a la autocracia.
Un alto cargo acusado de desacato a la justicia es probable que no asuma su culpa
Estados Unidos, por lo tanto, estaría en una deriva hacia el autoritarismo y el poder de los jueces para impedirlo es limitado.
¿Qué puede hacer un juez? Se pregunta Cristina Rodríguez, profesora en Yale y referente del constitucionalismo en EE.UU. “No mucho”, admite. Puede declarar en desacato a quien se resiste a cumplir sus órdenes. Puede imponer multas y amenazar con la cárcel, pero ¿a quién culpar?
Es difícil identificar a un único funcionario como responsable del desacato, sobre todo, en la escala intermedia de la administración. Y si se apunta más arriba, todo se complica. A medida que el juez busca un responsable y va subiendo en la cadena de mando, el caso gana visibilidad y se politiza. En la cúspide de la administración no hay funcionarios, sino personas designadas por el presidente. Lo normal es que defiendan su interpretación de la Constitución, aunque no sea correcta, y en última instancia presenten un recurso de inmunidad.
El Tribunal Supremo ha determinado que el presidente es inmune en cualquier decisión que tome en el ejercicio de sus funciones. Los miembros de su administración fácilmente pueden argumentar que no se les puede acusar de nada porque obedecen órdenes del presidente.
La Casa Blanca opta por recurrir las decisiones judiciales en su contra, litigios que piensa llevar hasta el Supremo
Los jueces han bloqueado varias órdenes ejecutivas de la Casa Blanca y decretado que algunas son inconstitucionales, como privar de la ciudadanía a los hijos de padres que no sean estadounidenses, enviar a cárceles de hombres a las internas trans, desmantelar la agencia de ayuda al desarrollo o permitir que el departamento de eficacia gubernamental que dirige Elon Musk acceda a la información salarial de los funcionarios.
La administración ha recurrido estas decisiones. Apelar es su estrategia pues confía en que los recursos lleguen al Tribunal Supremo, donde hay una mayoría de jueces conservadores.
John Roberts, el magistrado que preside el Supremo, recuerda que “cualquier presidente ha sufrido derrotas judiciales”. La competencia entre poderes es saludable para la democracia y es normal que el ejecutivo intente sacar adelante interpretaciones de la ley que le son favorables. Forma parte de la vida democrática. Sin embargo, como reconoce Roberts, “ahora vivimos en la posibilidad de que se desatienda una orden judicial”.
El sistema judicial se romperá cuando Trump no acate una resolución del Tribunal Supremo
El sistema judicial se romperá en el momento que Trump no acate una resolución del Tribunal Supremo. Roberts, según opina la jurista Quinta Jurecic, de la Institución Brookings, “quiere ayudar a Trump”, pero para ello necesita que no se comporte como un elefante en una cacharrería. “Gobierna a martillazos, detrozándolo todo” y así es difícil que los tribunales le den la razón.
Roberts necesita que Trump siga el guión que marca la Constitución, pero es muy probable que no lo haga. El vicepresidente JD Vance lo dejó muy claro el pasado fin de semana: “Los jueces no están autorizados a controlar al poder ejecutivo”.
Este desafío a la separación de poderes abre una crisis constitucional. “Estamos en una crisis constitucional –admite Erwin Chemerinsky, decano de la facultad de Derecho de Berkeley-. Nunca hemos visto algo igual”.
Chemerinsky sostiene que la acumulación de actos inconstitucionales, como los que se han producido desde que Trump vuelve a ser presidente, desencadena la crisis.
Sin embargo, Pamela Karlan, de la universidad de Stanford, cree que esta cadena de supuestas inconstitucionalidades no basta para decretar una crisis. Ésta se producirá cuando el presidente o un alto cargo de la administración desafíen abiertamente una orden judicial.
Es verdad que Trump todavía no ha cruzado esta línea roja. Recurrir una orden y argüir dificultades técnicas para acatarla es propio de cualquier administración.
El comité editorial de The New York Times, sin embargo, se posiciona con Chemerinsky y otros expertos en la idea de que la crisis constitucional es un hecho porque el conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial ya no puede resolverse en el marco de la Constitución.
Si el orden constitucional está en peligro como nunca lo había estado desde la guerra civil (1861-1865), como sostiene el Times, se debe en gran parte a que el Congreso no ha intervenido. El partido republicano, que domina las dos cámaras, ha decidido no entorpecer a Trump.
El Congreso, del todo inoperante, se convierte en un órgano consultivo de la presidencia
Trump, además de litigar con la administración de justicia, podría trabajar con el Congreso para dictar nuevas leyes y tratar de enmendar la Constitución. Sin embargo, no lo hace porque no tiene una mayoría fácil. En la Cámara de Representantes, es de apenas tres escaños, y en la Cámara Alta cuenta con 53 senadores, lejos de la mayoría cualificada de 60 que necesita para superar cualquier veto de los demócratas.
El Congreso debería legislar sobre las propuestas de Trump. Es su deber constitucional, como lo controlar al poder ejecutivo. Su principal poder político reside en gestionar el gasto. El Congreso aprueba los presupuestos y la financiación de la administración. Este es un poder que Trump, sin embargo, no tiene en cuenta.
Cuando Musk cierra departamentos y agencias que han sido creadas por el Congreso, cuando despide a los funcionarios que deben sus empleos a una decisión del Congreso, está rompiendo la división de poderes. No considera que el legislativo sea un poder a la altura del ejecutivo.
Bajo control republicano, el Congreso ha pasado a ser un órgano consultivo. Cristina Rodríguez sostiene que “nadie puede salvar al Congreso de sí mismo”. Sin duda, no van a hacerlo los jueces. Los jueces aplicarán las leyes que apruebe, pero no pueden legislar.
El Congreso “tiene que resistir”, insiste Rodríguez, porque si no lo hace “el sistema constitucional está en peligro”.
No está previsto que el liderazgo republicano plante cara a Trump. Cuando Musk redistribuya el gasto de Defensa, a pesar de que sus empresas tienen contratos con el Pentágono, no es previsible que la mayoría parlamentaria plantee que podría haber un conflicto de intereses.
Cuando un juez de Rodhe Island le dice al Congreso que la Casa Blanca no puede decidir por sí misma cómo se financia un departamento porque ésta es una de sus competencias más sagradas, pero el propio Congreso no hace nada ¿qué sucede?
Chemerinsky, Rodríguez y otros juristas tienen muy claro que se desencadena una crisis constitucional de muy difícil arreglo, un problema que, tarde o temprano, acabará en la mesa de John Roberts, un juez que, según Jurecic, “quiere ser algo más que un político con toga”.
Son los seis jueces conservadores del Supremo, tres de ellos designados por Trump, los que tendrán la última palabra. De que sean algo más que políticos con toga dependerá, en última instancia, el futuro de la democracia en Estados Unidos.
