Un jurado popular de Dakota del Norte ha ordenado a la organización Greenpeace pagar más de 650 millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer por las protestas que organizó entre el 2016 y el 2017 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, que degeneraron en actos de vandalismo.
El jurado, compuesto por nueve ciudadanos anónimos del estado conservador, dictó el miércoles su fallo en contra de Greenpeace ante la demanda presentada por la compañía energética por difamación, allanamiento y conspiración civil, entre otros delitos. El monto de la multa amenaza con llevar a la organización ecologista a la bancarrota.
Sin embargo, tras el veredicto, el asesor jurídico de Greenpeace dijo que el trabajo de la organización, que se fundó en Vancouver (Canadá) en 1971, “no se detendrá”. Greenpeace tiene un largo historial de batallas legales libradas contra las acciones de distintos gobiernos y empresas privadas alrededor del mundo. En este caso concreto, alegó que simplemente apoyó las protestas, pero no fue responsable de su desarrollo.
Miles de personas acamparon entre 2016 y 2017 en Dakota del Norte contra la construcción del oleoducto
En el 2016, miles de personas acamparon durante meses en la zona en la que se estaba construyendo el oleoducto, argumentando que la obra dañaría el medio ambiente en un terreno protegido y que podría suponer un peligro para el suministro de agua. El lugar donde se construyó pertenece a una reserva de nativos americanos de la tribu sioux.
Varios grupos ecologistas han denunciado el veredicto del jurado popular. Rebecca Brown, presidenta del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, emitió un comunicado en el que señalaba que la decisión es un ataque a la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Lo considera “un ataque calculado contra los derechos soberanos de los sioux de Standing Rock y de todos los pueblos indígenas que defienden sus tierras y sus aguas. Este caso es un ejemplo de manual de la instrumentalización corporativa del sistema legal para silenciar la protesta e intimidar a las comunidades”.
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El caso es un ejemplo de la llamada Demanda Estratégica contra la Participación Pública, un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros. La organización sin ánimo de lucro ClientEarth, socia de Greenpeace, dijo a través de sus redes sociales que el veredicto ejemplifica esta tendencia, que busca enviar el mensaje de que “ninguna organización que desafíe a las industrias contaminantes está a salvo”.
La compañía, Energy Transfer, celebró el veredicto como una “victoria” para los residentes del Estado norteño. “Aunque nos complace que Greenpeace haya sido responsabilizada por sus acciones contra nosotros, esta victoria es realmente para la gente de Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvo que vivir el acoso y las perturbaciones diarias causadas por los manifestantes financiados y entrenados por Greenpeace”, aseguran en un comunicado.
Greenpeace ya ha presentado una demanda contra “los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica”, anunció la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper. “Nos veremos en los tribunales este julio en Ámsterdam. No retrocederemos, no nos silenciarán”, añadió.