La derecha cree que puede recuperar el poder en el Reino Unido si en la mente de los votantes establece un vínculo férreo entre inmigración y delincuencia. Y en ese contexto hay que entender las siete protestas celebradas ayer ante hoteles que albergan a solicitantes de asilo político (un 75% hombres) y la veintena adicional convocadas para el fin de semana. Hasta la líder tory Kemi Badenoch ha proclamado que no se atreve a hacer jogging por la noche, no sea que la asalte un inmigrante.
Es difícil saber cuántos de los participantes en las protestantes son ciudadanos locales genuinamente recelosos de la presencia de asiáticos y africanos y cuántos aparecen convocados a través de las redes sociales por grupos neofascistas como Homeland. Pero todos coinciden en presentar a los solicitantes de asilo como potenciales asesinos y violadores de sus mujeres e hijas (aunque las estadísticas sugieren lo contrario, y los extranjeros están proporcionalmente menos representados que los británicos en el conjunto de la población penitenciaria del país).
El Reino Unido es solo el quinto país europeo que recibe a un mayor de número de asilados, pero la derecha lo ha convertido en un gran problema
Dos factores han servido de revulsivo a las protestas de estos días. Primero, una sentencia obligando al Gobierno a desalojar un establecimiento que alberga a 138 inmigrantes en Epping (Essex). El segundo, el anuncio de que en el año transcurrido desde la llegada al poder del Labour ha habido 111.000 solicitantes de asilo, un aumento del 14% (aunque menos que en el pico alcanzado en el 2023 con los conservadores al timón). De ellos, 32.000 carecen de familiares y medios propios de subsistencia, e Interior los tiene distribuidos en dos centenares de hoteles.
El Reino Unido es solo el quinto país europeo que recibe a un mayor de número de asilados en términos absolutos, por detrás de España, Italia, Francia y Alemania, y el decimoséptimo en el ranking en proporción a la población. Pero la derecha, con la asistencia de los medios afines, lo ha convertido en un gran problema.
De hecho, una reciente encuesta señala que millones de británicos creen erróneamente que la gran mayoría de inmigrantes son ilegales, cuando, según las últimas cifras oficiales, apenas constituyen el 20% del total. En lo que va de año han atravesado en lanchas hinchables el canal de la Mancha 43.000 personas, y la inmigración neta en el último periodo de doce meses ha sido de 431.000 individuos, generalmente con visados de trabajo o estudios, todos los permisos necesarios y la bendición de las autoridades.
El ultraderechista Nigel Farage y los conservadores ignoran las consideraciones demográficas y la necesidad de que alguien pague las pensiones y haga los trabajos que los nativos no quieren ver ni en pintura, y se llevan las manos a la cabeza porque en el último presupuesto el Estado gastó 5.500 millones de euros en apoyar a los solicitantes de asilo (la mayoría de Pakistán y Afganistán), dándoles alojamiento y dinero para su manutención. La mitad aproximadamente de esos fondos se dedicó a colocarlos en pisos, apartamentos y hoteles como el que la justicia ha obligado a desalojar.
El ambiente está cada vez más tenso, y el personal de oenegés de apoyo a los inmigrantes como Stand Up to Racism son objeto frecuente de amenazas, y en algunos casos, han tenido que trasladar las oficinas a lugares más discretos tras sufrir actos de vandalismo.
