Donald Trump ha anunciado esta tarde su enésima medida punitiva contra la delincuencia en la capital de Estados Unidos, tomada ya por más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional, que patrullan armados sus calles junto con agentes migratorios y de la policía metropolitana, que la Casa Blanca puso hace dos semanas bajo su control. Durante su reunión de gabinete, el presidente ha comunicado a los miembros del gobierno que buscará aplicar la pena de muerte contra cualquier persona condenada por homicidio en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante su reunión de gabinete de este martes. (MANDEL NGAN / AFP)
“Cualquiera que asesine a alguien en la capital, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. Si alguien mata a alguien en Washington, vamos a solicitar la pena de muerte y eso es una medida preventiva muy fuerte”, ha anunciado el republicano. “Todos quienes han escuchado esto están de acuerdo. No sé si estamos listos para ello en este país, pero no tenemos otra opción. Los estados tendrán que tomar su propia decisión, pero si alguien mata a alguien en Washington, recibirá la pena de muerte”.
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El anuncio forma parte de la campaña de Trump contra el crimen en la ciudad, cuyos niveles de delincuencia se encuentran en su punto mínimo en 30 años, a pesar de la exageración del presidente, que asegura que hace dos semanas “era la ciudad más peligrosa del país” y ahora, tras los 1.500 arrestos ejecutados desde que la militarizó, es “una de las más seguras del mundo”.
Trump no ha dado detalles de cómo pretende llevar a cabo la aplicación de la pena de muerte en la capital, donde –además de la gran cantidad de restricciones para solicitarla en cualquier Estado del país– fue abolida en 1981 y sus ciudadanos ratificaron su oposición en un referéndum en 1992.
Desde entonces, los crímenes cometidos en Washington solo pueden ser castigados con pena capital si se procesan como delitos federales. En la práctica, no se ha ejecutado ninguna pena de muerte en Washington en los últimos 44 años. Este tipo de sentencia sigue siendo legal en 27 estados, en los que durante el primer mandato de Trump se estableció un récord de ejecuciones.
Trump repite que él no es “un dictador”, aunque “algunas personas” lo preferirían si les asegura que “detendrá el crimen”
El anuncio llega un día después de la firma de una orden ejecutiva que criminaliza la quema de la bandera americana, una acción que el Tribunal Supremo dictaminó en 1989 que está protegida por la libertad de expresión. Además, ayer Trump también firmó otra orden que permitirá el despliegue rápido de la Guardia Nacional en caso de protestas, un movimiento que sus críticos temen que sea usado a gran escala en un futuro.
Respondiendo a sus opositores, Trump ha repetido que él no es “un dictador”, aunque “algunas personas preferirían tener un dictador” si les asegura que “detendrá el crimen”, y él es “bueno respondiendo al crimen”. Son declaraciones similares a las que hizo el lunes, por primera vez en sus siete meses de mandato, normalizando la idea de un régimen autoritario en su país.
Entre quienes le acusan de estar llevando a cabo medidas cada vez más represivas, se encuentran el gobernador de Maryland, Wes Moore, y el de Illinois, J.B. Pritzker, dos posibles candidatos a las primarias demócratas. Como ha vuelto a hacer hoy, el presidente lleva días amenazando con enviar a la Guardia Nacional a sus principales ciudades, Baltimore y Chicago, algo que por ley requeriría de la autorización de ambos, que le han respondido que no hay la necesidad, pues la delincuencia también se ha reducido allí.
“Estoy dispuesto a ir a Chicago, que tiene un gran problema, pero tenemos un gobernador que se niega a admitir que tiene problemas”, ha dicho Trump a su gabinete, caracterizando la ciudad como un “matadero”. “En Baltimore, Wes Moore me dijo que quiere caminar con el presidente. Pero primero tendrán que limpiar su crimen, porque yo no voy a caminar por Baltimore ahora mismo. Es un desastre infernal”.
Con sus acciones punitivas, y con la militarización de las calles de la capital, el presidente empuja día a día los límites de su autoridad hacia nuevas cotas, con medidas de dudosa legalidad, que no tienen precedentes en la historia del país. Con ello, está normalizando un tipo de respuesta que los demócratas consideran desproporcionada contra una supuesta “epidemia del crimen”, con la que justifica la expansión de su control social.