La Administración de Donald Trump ha propuesto una nueva normativa con la que pretende acortar la duración de los visados para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y miembros de los medios de comunicación. La medida, con la que la Casa Blanca quiere “supervisar y vigilar mejor” a los titulares de dichas visas durante el tiempo que permanezcan en Estados Unidos, entra ahora en periodo de revisión de 30 días, para que el público pueda presentar comentarios sobre la normativa. Al final de su primer mandato, en el 2020, Trump ya aprobó un cambio similar, pero nunca se llegó a aplicar y el presidente Joe Biden lo deshizo.
La normativa propuesta establecería un plazo fijo para los visados de estudiantes internacionales (visa tipo F), que en 2024 fueron 1,6 millones de personas; para los visitantes de intercambio (J), a quienes se concedieron 355.000 visados, y para los periodistas (I), que el año pasado fueron 13.000. Según la medida, los dos primeros tipos de visado no superarían los cuatro años de duración, mientras que la visa para periodistas sería todavía más limitada, de 240 días y, en el caso de los nacionales chinos, de 90.
Los visados de los corresponsales, que en la actualidad duran varios años, se tendrían que renovar cada 240 días
En la actualidad, los visados de periodistas tienen un periodo flexible, que suele depender de la asignación o contrato laboral, pero suelen ser de varios años de duración. De aprobarse, esta nueva normativa obligaría a los periodistas a presentarse en las embajadas de EE.UU. en sus respectivos países para pasar una entrevista al menos una vez al año. Es algo similar a lo que en la actualidad hacen otros países autoritarios con los corresponsales extranjeros, como Rusia o China. En la práctica, esta medida permitirá a la Casa Blanca ejercer más presión sobre los corresponsales, que podrían incurrir en la autocensura para poder renovar sus visados.
La normativa forma parte de la agenda nativista de Trump, que no solo pone el foco en la inmigración irregular, como prometió en campaña, o en la legal, con la limitación del asilo y la revocación de visados permanentes por motivos ideológicos; también en aquellas personas que lleguen a EE.UU. con un visado de residencia temporal.
En este sentido, el jueves pasado el departamento de Estado anunció que está revisando los expedientes de todas las personas que poseen visados válidos de residencia en EE.UU., más de 55 millones de personas, para detectar posibles causas que justifiquen su revocación o violaciones de las leyes migratorias que puedan derivar en deportación.
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El departamento lo desveló en respuesta a una pregunta de la agencia Associated Press, en la que añadió que todos los titulares de visados estadounidenses están sujetos a una “evaluación continua”. Entre los motivos que pueden llevar a la revocación o, si el extranjero se encuentra en EE.UU., a su deportación, se encuentran todo tipo de actividades delictivas, amenazas a la seguridad pública, participar en cualquier forma de actividad terrorista o prestar apoyo a una organización terrorista.
Con el mismo argumento, la Administración ya ha deportado a más de 6.000 personas con visados de estudiante, según cifras de la Casa Blanca. De estos, unos 4.000 correspondían a infracciones de la ley y aproximadamente 300 visados fueron revocados por asuntos relacionados con el “terrorismo”. La mayoría, por su participación en las protestas propalestinas que se expandieron por las universidades de todo el país el año pasado, pues se interpreta que el apoyo a Palestina supone apoyar a la organización terrorista Hamas.