La Universidad de Harvard se apuntó este miércoles una victoria trascendental en su disputa con la administración Trump. Un juez federal decretó ilegal la congelación por el gobierno de 2,200 millones de dólares en fondos de subvención para Harvard como castigo al supuesto antisemitismo en su campus.
La juez Allison Burroughs estuvo de acuerdo con el argumento de la institución de Massachusetts de que imponer esa congelación, como medida de venganza al rechazar rendirse a las exigencias de introducir reformas, violó la protección que establece la primera enmienda de la Constitución (libertad de expresión).
Su decisión deja sin efecto la acción emprendida por la Casa Blanca y prohíbe a cualquiera de la administración Trump a aplicar esa orden. Aunque la resolución no es definitiva y el gobierno puede apelar, es otro revés a la política gubernamental en su cruzada en contra de la educación y la ciencia que el presidente emprendió nada más tomar posesión de su segunda mandato.
Esta resolución judicial es un hito importante para la universidad, la única que se atrevió a presentar denuncia contra la administración Trump por el explícito asalto a los fondos de investigación. Pero Trump ya ha prometido apelar cualquier decisión que contradiga a su ejecutivo y su política consiste en presionar a Harvard más allá del dinero que recibe para investigación.
El gobierno tomó la decisión de congelar los fondos el pasado 14 de abril, a las pocas horas de que Harvard rechazara las demandas en las que el ejecutivo le ordenó poner fin al programa de diversidad, equidad e inclusión, así como a la obligación de hacer exámenes sobre prejuicios ideológicos a los estudiantes extranjeros, donde se incluía el antisemitismo.
“El hecho de que los acusados tomaran la decisión rápida y repentina de terminar la financiación, ostensiblemente motivada por el antisemitismo, se adoptó en realidad antes de que supieran nada concreto sobre ese antisemitismo en el campus o las medidas que se hubieran implementado en respuesta, lo que lleva al tribunal a concluir que el foco súbito en el antisemitismo fue, en el mejor de lo casos, arbitrario, y en el peor, un pretexto”, escribió la juez en su fallo.
Burroughs también subrayó que la administración Trump, en una carta de abril, “condicionó especialmente estos fondos al acuerdo según sus términos, de los que solo uno está relacionado con el antisemitismo, mientras que los otros seis se vinculan a preocupaciones ideológicas y pedagógicas, incluyendo quien puede dirigir y enseñar en Harvard, quien puede ser admitido y que es lo que se puede enseñar”.
Y añadió: “Tenemos que luchar contra el antisemitismo, pero también necesitamos proteger nuestros derechos, entre estos el de la libertad de expresión, y ningún objetivo debe ser sacrificado en el altar del otro”. Así lo explicó en sus 84 páginas de sentencia. “Aunque con retraso, Harvard está intentando actualmente tomar las medidas necesarias para combatir el antisemitismo y parece en disposición de hacer todavía más si es necesario”, indicó.
Alan Garber, presidente de la institución en el momento en que se procedió a la congelación de los fondos, señaló en un comunicado que “ningún gobierno, independientemente del partido que ocupa el poder, debe dictar cómo una universidad privada puede enseña, a quien admite y que áreas de estudio y objetivos puede perseguir”.
