El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio carta blanca anoche para atacar aviones venezolanos “si se acercan peligrosamente” a la Armada en aguas internacionales. “Si nos ponen en una situación peligrosa, los derribaremos”, dijo el mandatario.
Estas declaraciones de Trump en el despacho oval se enmarcan en las informaciones del Pentágono del pasado jueves en que se aseguraba que dos cazabombarderos F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, uno de los buques desplegados por la Armada estadounidense en la zona. Esas mismas fuentes lo calificaron de “demostración de poder”.
El Departamento de Defensa confirmó que los aparatos volaron cerca del barco estadounidense en aguas internacionales. “El movimiento altamente provocativo estuvo diseñado para interferir en nuestra operación en contra del narcoterrorismo”, señaló en un comunicado.
Un F-35 aterriza en el portaviones ‘USS Carl Vinson’ durante unas maniobras en Hawai en julio del 2024 (Marco Garcia / Reuters)
Por otra parte, fuentes del entorno de Marco Rubio han dicho que el secretario de Estado está en su salsa. Enemigo acérrimo del chavismo, Rubio se ha convertido en el abanderado del despliegue militar ordenado por el presidente Trump en el Caribe y del bombardeo de una embarcación supuestamente de narcotraficantes que salió de Venezuela y en el que murieron once personas.
A pesar de las críticas sobre su legalidad (el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido este año y afronta cargos contra la humanidad por algo similar), Rubio dijo que “estos ataques sucederán de nuevo”.
Ayer también se concretó ese reconocimiento de nunca dar un paso atrás al ordenar el envío de una decena de aviones de combate F-35 hacia un aeropuerto de Puerto Rico. Su objetivo sería llevar a cabo operaciones contra los cárteles de la droga, a los que de manera excepcional la Administración Trump ha declarado organizaciones terroristas. Disponer de los F-35, junto a buques de guerra y miles de soldados, supone incrementar la potencia militar en aguas del Caribe y avivar la tensión con Caracas.
La Casa Blanca insiste en que se trata de una operación militar contra los narcos, pero en el círculo de Rubio se responde que “nada está fuera de la mesa” al ser preguntados si se busca un cambio de régimen en Venezuela.
Queda claro que el presidente estadounidense considera que Nicolás Maduro y los narcos son lo mismo, y, de hecho, ha ofrecido una recompensa de 50 millones por información que conduzca a su arresto.
En una visita a Ecuador el miércoles, después de viajar a México, Rubio subrayó que EE.UU. va a trabajar con otras naciones en la guerra contra las drogas. “Hay gobiernos que nos ayudarán a acabar con ellos [los cárteles]. Si lo hacen por ellos mismos, colaboraremos”, remarcó el secretario de Estado.
Rubio anunció además que dos grupos que operan en Ecuador, los Lobos y los Choneros, también serán incluidos en la lista de organizaciones terroristas. Esta denominación ampara al pacificador Trump en los ataques letales a los traficantes, sin plantear el caso ante el Congreso, que es quien autoriza el uso de los poderes de guerra.
Rubio insiste en la legalidad del ataque mortal a un barco venezolano y dice que habrá más
La iniciativa del presidente, emprendida el martes, recibió numerosas críticas por adoptar una medida extrema que solo se aplica en conflictos bélicos. Numerosos expertos consideran que traficar con productos ilegales para el consumo no es un delito capital.
Esta circunstancia ha propiciado que se plantee si Trump dispone de autoridad legítima para emplear militares para, sumariamente, matar a gente por la sospecha de que comercian con sustancias prohibidas.
“Resulta difícil de imaginar cómo abogados que trabajan dentro del Pentágono pueden llegar a la conclusión de que es algo legal en lugar de observar que se trata de asesinatos amparados por las leyes internacionales que el Departamento de Defensa aceptó”, dijo a The New York Times el profesor Ryan Goodman, que ejerció de letrado del Pentágono. La Casa Blanca replicó que el bombardeo fue consecuente con la legislación de conflicto armado.



