La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha iniciado los trámites para rescindir el contrato con la empresa israelí IMI Systems LTD para la adquisición de munición en dos lotes para la Guardia Civil por valor de 6,6 millones de euros.
Calvo ha firmado este lunes el acuerdo para iniciar el procedimiento de resolución del contrato por imposible cumplimiento, ya que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso, que depende del Ministerio de Economía, ya denegó en su día la solicitud de importación.
El acuerdo firmado por Calvo, al que ha tenido acceso EFE, hace referencia al reciente real decreto, publicado el pasado día 23, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
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La secretaria de Estado entiende que hay “una imposibilidad legal sobrevenida” para la rescisión, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel.
Esa imposibilidad -recalca el texto del acuerdo- “es objetiva y ajena a las partes, impide la ejecución del contrato en sus términos originales, no puede ser subsanada mediante modificación legalmente admisible y no genera responsabilidad patrimonial para el contratista, salvo que se determine lo contrario en el expediente”.
Fue el 21 de octubre de 2024 cuando se acordó la adjudicación a la empresa israelí de ese contrato en dos lotes: uno por 4.464.900 euros y otro por 2.178.000 euros.
Para responder del cumplimiento del contrato se constituyeron sendas garantías a favor del órgano de contratación, por un importe de 184.500 euros y 90.000 euros, equivalentes al 5% del presupuesto base de licitación de cada lote, excluidos impuestos.
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Aunque la empresa comunicó que ya tenía lista una partida, el pasado 4 de agosto el subdirector general de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso denegó la solicitud de importación, de conformidad con el informe preceptivo y vinculante de la Junta Interministerial.
La duración del contrato finalizaba el 17 de julio de 2027 y, por tanto, Calvo estima que procedía incoar un expediente administrativo de resolución del mismo, “ya que no se han extinguido las obligaciones del adjudicatario”.
En el acuerdo para iniciar los trámites de rescisión, la secretaria de Estado propone la liquidación del contrato “en la cuantía de cero euros”, además del reconocimiento a favor del contratista de la indemnización que pudiera corresponderle como consecuencia de la resolución del contrato por causa no imputable al mismo.
Y conceder al contratista un plazo de audiencia de 10 días para que alegue lo que estime conveniente.