MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Fuentes gubernamentales explican que el 7 de octubre de 2023, España puso en marcha el “plan de desconexión” con la industria de defensa israelí y en julio se alcanzó este objetivo cumpliendo el “cero de dependencia” para dar cumplimiento al real decreto ley que este martes aprobó el Consejo de Ministros sobre el embargo de armas al país liderado por Benjamín Netanyahu.
El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el real decreto de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, que este miércoles publica el Boletín Oficial del Estado y contempla “el embargo total de armas” a Israel.
Aunque este real decreto aprobado incluye una disposición para revocar autorizaciones vigentes y prohibir pendientes de resolución, que serán aprobadas por el Consejo de Ministros para preservar, de manera puntual y por circunstancias excepcionales de interés general, de poder autorizar una excepción en casos concretos y específicos, a la que ya hace referencia la propia normativa de control del comercio exterior de material de defensa y tecnologías de doble uso.
Con esta excepción el Gobierno también se verá obligado a rendir cuentas y a realizar una comparecencia de carácter trimestral ante el Congreso de los Diputados para “aportar transparencia”, según explicaron fuentes gubernamentales. El texto aprobado incluye cuatro medidas esenciales que contemplan la consolidación del embargo, la denegación de solicitud de tránsito para los combustibles con posible uso militar en Israel, la prohibición de comercialización de productos originarios de asentamientos ocupados y la prohibición de la publicidad de comercialización.
EL PLAN DE DESCONEXIÓN
Pero lo que fuentes gubernamentales cuentan ahora es que tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en el que Hamás y otros grupos militantes palestinos lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, en el que murieron 1.195 israelíes y extranjeros, incluidos 815 civiles, y 251 fueron tomados como rehenes, el Ejecutivo español puso en marcha el “plan de desconexión” con la industria de defensa israelí para asegurar la autonomía estratégica de las Fuerzas Armadas españolas y su autonomía de suministro para asegurar que tengan las capacidades que necesitan. “Desde julio podemos decir que hemos cumplido nuestro objetivo y hoy con la aprobación de este decreto podemos recalcar que tenemos cero dependencia tecnológica con Israel”, señalan las mismas fuentes.
Desde el Ejecutivo explican que hay dos variables que se han tenido en cuenta a la hora de proceder a esta desconexión y son, en primer lugar, el origen y el destino. España e Israel y los territorios ocupados. Y en segundo lugar, el objeto, que es el armamento y material de doble uso y los productos, en el caso de importaciones y exportaciones de todo tipo de bienes en territorios ocupados.
“Esto es lo determinante y no el nombre de las empresas”, recalcan para evitar dar nombres como el de Pegasus, el software israelí de la empresa NSO Group Technologies con el que presuntamente se espió al independentismo y a varios miembros del Gobierno.
Al ser preguntados por este software, fuentes gubernamentales no pueden revelar los nombres de ciertas empresas al afectar a la seguridad nacional, pero recalcan que “hemos garantizado ya, entre otras cuestiones, que se utilice en Defensa ninguna licencia de material procedente de Israel. En estos momentos no hay ninguna activa y hemos puesto en marcha la anulación de todos los acuerdos marco, contratos y figuras, incluida la tecnología procedente de Israel”.
Por tanto, el Gobierno se encuentra afrontando en estos momentos una fase de “reconversión y reprogramación de todos los programas”, para lo cual se han cancelado el uso de licencias y tecnología israelí en el Ministerio de Defensa y en estos momentos, el Ejecutivo negocia con empresas españolas y europeas la sustitución de esta tecnología. Hace meses el mismo Ministerio dirigido por Margarita Robles hablaba de “pequeños componentes y piezas” de origen israelí que eran “difíciles” de sustituir. Sin embargo, hoy en día, “podemos decir que hemos cumplido nuestro objetivo”, responden fuentes del Gobierno.
Así, en estos meses se hablaba de un régimen de transitoriedad por el cual el Gobierno evaluó todas las licencias para revocarlas en los casos que hiciese falta y se buscase una alternativa viable. Por el momento, no ha habido ninguna reclamación de ninguna empresa “porque hay buena disposición y se está negociando bien” con empresas españolas y los aliados europeos, responden.
PRODUCTOS DE TERRITORIOS OCUPADOS
Respecto a la prohibición de los productos de territorios ocupados, fuentes del Gobierno anunciaron que existe una lista de estos a nivel europeo y, en estos momentos, se está hablando para que España pueda formar parte y utilizarla y desvelan que otros países estarían valorando hacer lo mismo.
Así y para establecer el control en las aduanas, explicaron que a partir de ahora se exigirá que se presente la localidad y el código postal de origen de los bienes para evitar el contrabando, algo que en estos momentos no se exige en el control aduanero, y así prohibir los productos de territorios ocupados. Así, avanzaron que el producto que más se importa son los dátiles, “porque es un producto muy limitado”, explican.
Al igual que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estas fuentes reconocen que el volumen de comercio con estas zonas es “poco significativo”, con un peso del 0,5% del total de las exportaciones, pero, más allá del impacto, busca mandar un mensaje a esas empresas y seguir actuando en una “línea de trabajo coherente y consistente” que ejerza presión sobre Israel. “Se agotan todos los márgenes de actuación legal disponible, manteniendo el límite del respeto al derecho internacional”, recalcan.
Así, pusieron como ejemplo que en la invasión de Ucrania por Rusia, para identificar zonas ocupadas por los rusos en el Donbas es algo habitual solicitar la localidad y el código postal de la localidad.
Algo de gran importancia son las consecuencias que introduce el Gobierno en esta decreto si alguien realiza una triangulación con otros países para saltarse la importación o exportación de estos productos.
Desde el Ejecutivo explican que se puede considerar infracción administrativa o algo más grave considerado delito. El umbral se sitúa a partir de 50.000 euros. A partir de esta cantidad ya se constituye delito y las penas, según la Ley Orgánica, oscilan entre uno a cinco años de cárcel y una multa del valor a la sexta parte del importe de la mercancía que sea objeto de contrabando.
(SERVIMEDIA)23-SEP-2025 21:54 (GMT +2)NVR/mjg
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