El prolongado bloqueo en el Senado de Estados Unidos ha llevado esta madrugada al cierre de gobierno más largo en la historia del país, superando los 35 días que duró el de diciembre del 2018 y enero del 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.
Las consecuencias de la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para financiar a la Administración siguen agravándose día tras día. El cierre del grifo federal ya ha dejado a más de 650.000 funcionarios y empleados federales suspendidos de sueldo y empleo, y la Administración Trump ha aprovechado para acelerar su cruzada contra la burocracia con más de 4.000 trabajadores despedidos, a pesar de una orden de un juez federal que ha bloqueado temporalmente la medida.
Más allá de los funcionarios, los primeros afectados, los impactos se notan en la mayoría de servicios de los que dependen los fondos federales, como el cierre de parques nacionales, los retrasos y las largas colas en los aeropuertos, la nula atención al ciudadano o la congelación de ayudas públicas. El sábado, expiró la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, del que dependen 42 millones de personas en situación de pobreza, la mayoría ancianos y niños.
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Un tribunal federal ordenó la semana pasada a la Casa Blanca encontrar los fondos para que los afectados puedan recibir sus cupones de alimentos, como ya hizo Trump durante el cierre de gobierno de su primer mandato. Pero el republicano amenazó ayer con incumplir esa orden, en un nuevo desafío directo al poder judicial. En una publicación en su plataforma, Truth Social, afirmó que estas ayudas “se otorgarán solo cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el gobierno, algo que pueden hacer fácilmente, ¡y no antes!”.
En realidad, la responsabilidad sobre el cierre de gobierno recae sobre el legislativo al completo, incluidos republicanos, demócratas e independientes. Pero, mientras los ciudadanos ven como se agotan los servicios públicos, ambos lados del tablero político llevan más de un mes repartiéndose las culpas y sin dar señales claras de avances.
La financiación del gobierno expiró el 1 de octubre, por primera vez en siete años, después de que los demócratas del Senado se negaran a aprobar la resolución republicana de la Cámara de Representantes. Su exigencia era, y sigue siendo, la extensión de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (conocida como Obamacare), que expiran a final de año, así como revertir los recortes republicanos al seguro de salud público Medicaid (para personas de bajos ingresos y discapacitadas), entre otros programas que los republicanos demolieron en julio con la “gran y hermosa” reforma fiscal promovida por Trump.
Su cálculo es que, electoral y políticamente, vale más la pena mantener sin fondos el gobierno de Trump que financiarlo y permitir que expiren las ayudas sanitarias, en un contexto de incremento de costes en la salud de los estadounidenses. Están utilizando una de las pocas herramientas de negociación política que les queda en un Washington dominado por los republicanos. Sin embargo, la derecha no ha cedido en ningún momento a su presión y ha mostrado total intransigencia, llegando Trump a celebrar la “oportunidad sin precedentes” de utilizar el cierre de gobierno para cerrar “agencias demócratas”.
Donald Trump, presidente de EE.UU.
“¡Acabemos con el filibusterismo! Si no, será imposible que aprobemos políticas de sentido común con estos demócratas enloquecidos”
De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha mantenido la institución en receso desde el pasado septiembre, señalando a los demócratas que solo hay una opción para reabrir la Administración: aprobando en el Senado la resolución que ya recibió luz verde en la cámara baja. Tampoco esta estrategia ha funcionado por el momento, y de hecho ha llevado a divisiones internas entre los republicanos, algunos de los cuales se presentarán a las legislativas del próximo año y deberán explicárselo a sus constituyentes.
A diferencia de la Cámara de Representantes, en el Senado se necesita una mayoría cualificada de 60 senadores para sortear el filibusterismo y aprobar la medida, y las 14 votaciones que se han llevado a cabo hasta el momento han fracasado. Los republicanos, con una estrecha mayoría de 53 escaños, necesitan que otros ocho senadores se pongan de su lado para reabrir el gobierno, y de momento tan solo han logrado convencer a tres: los demócratas John Fetterman y Catherine Cortez Masto, y el independiente Angus King.
En otra publicación, Trump insistió ayer en su estrategia para acabar con esta caótica situación: “¡Acabemos con el filibusterismo!”, dijo a través de Truth Social. Pero esta medida es impopular incluso dentro de sus filas, pues entienden que el fin del filibusterismo –la norma que exige 60 votos para la aprobación de la mayoría de proyectos de ley en el Senado– daría más poder a los demócratas si en las próximas elecciones recuperan la mayoría parlamentaria.
La norma se puede eliminar con una mayoría simple en el Senado. Y, aunque no tiene precedentes, podría hacerlo si fructifican las presiones de Trump al legislativo, como ya ha ocurrido en repetidas ocasiones este año. En otra publicación en su red social, el presidente argumentó ayer que “los demócratas tienen muchas más probabilidades de ganar las elecciones de mitad de mandato, y las próximas elecciones presidenciales, si no llevamos a cabo la eliminación del filibusterismo, porque será imposible que los republicanos logremos políticas de sentido común con estos demócratas enloquecidos pudiendo bloquearlo todo con solo negar sus votos. Durante tres años, no se aprobará nada, y los republicanos seremos culpados. Las elecciones, incluidas las de mitad de mandato, serán con razón brutales”, dijo, en un mensaje lleno de sus habituales mayúsculas.
“Si eliminamos el Filibusterismo, aprobaremos todo, como ningún Congreso en la historia. Tendremos elecciones justas, libres y seguras, no hombres en deportes femeninos ni transgénero para todo el mundo, fronteras fuertes, grandes recortes de impuestos y energía, y protegeremos nuestra Segunda Enmienda, que los demócratas también eliminarán, inmediatamente”, añadió en su mensaje alarmista. “Si no lo hacemos, ellos tienen muchas más probabilidades de salir bien parados en las próximas elecciones, lo que significaría un Tribunal Supremo ampliado, 2 Estados más y 4 senadores demócratas más (D.C. y Puerto Rico), y 8 votos electorales más. Recuerden, republicanos: ellos van a acabar con el Filibusterismo tan pronto como tengan la oportunidad”.
La Administración Trump avisa a los funcionarios suspendidos de empleo que no cobrarán su sueldo, a pesar de una ley que obliga a su pago
En la última semana, algunos senadores han comenzado a señalar avances en las negociaciones para poner fin al estancamiento. Sin embargo, las opciones propuestas por los republicanos no parece que vayan a convencer a los demócratas. Según avanzan medios estadounidenses, esa vía de salida podría incluir un acuerdo para que se pueda votar, por separado, un paquete de financiación para extender los subsidios sanitarios. Sin embargo, eso no daría ninguna garantía a los demócratas de que se vaya a aprobar la extensión del Obamacare y otras ayudas públicas.
Mientras sigue el bloqueo, la Administración Trump ha comenzado a enviar notificaciones a los funcionarios señalando que solo aquellos que continúan trabajando durante el cierre de gobierno, los considerados trabajadores esenciales, recibirán su salario una vez finalice, a pesar de que una ley de 2019 garantiza el pago también a los empleados suspendidos.
“Una vez que se apruebe una asignación o resolución de continuidad, los empleados exceptuados tienen derecho a recibir su pago”, dice uno de los mensajes enviados a algunas dependencias del gobierno, que han sido desvelados por The Washington Post. Esa frase —que omite a los trabajadores suspendidos— no figuraba en el primer aviso de suspensión emitido el mes pasado.
En los 35 días que ha estado cerrado el gobierno, la Administración ha desembolsado 15.700 millones de dólares en salarios, una caída del 24% respecto al mismo periodo del año anterior, según Penn Wharton Budget Model. Esta cifra, así como la lista de servicios públicos afectados, seguirá en aumento hasta que republicanos y demócratas alcancen un acuerdo en el legislativo.