Más de 100.000 pasajeros se han visto afectados este viernes por los retrasos y cancelaciones de vuelos en los 40 principales aeropuestos de Estados Unidos. La autoridad aérea del país, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), ha ordenado a las aerolíneas cancelar un 4% de sus vuelos en los aeropuertos más concurridos para reducir la presión sobre los controladores aéreos durante el cierre de gobierno, que después de 37 días es el más largo de la historia del país.
En el primer día con la nueva directriz en marcha, se han anulado alrededor de 900 vuelos y otros 1.700 se han retrasado. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha advertido que los impactos seguirán expandiéndose y el transporte aéreo no volverá a la normalidad hasta dentro de “días, incluso semanas”.
El porcentaje de vuelos cancelados aumentará progresivamente hasta el 10%, y podría alcanzar el 20% en Navidad
A falta de financiación del gobierno por la falta de acuerdo en el Senado entre republicanos y demócratas, la Administración incrementará en los próximos días sus restricciones, pasando del 4 al 6% de vuelos cancelados el próximo martes, al 8% el jueves y al 10% el viernes. Este porcentaje podría aumentar al 20% si se prolonga el cierre administrativo hasta la temporada de Navidad. Los aeropuertos más afectados, por el momento, son los de Chicago, Nueva York y Atlanta.
Los controladores aéreos, considerados trabajadores esenciales, deben seguir trabajando a pesar de que dejaron de recibir su sueldo el pasado 1 de octubre, cuando inició el cierre de gobierno. Son tan solo una parte de los más de 650.000 empleados públicos suspendidos de salario, la mayoría también de empleo, durante esta situación, que ha obligado a decenas de agencias a reducir sus operaciones al mínimo.
El cierre también está afectando, más allá de los funcionarios, a los millones de personas dependientes de los servicios públicos. Los impactos se notan en la mayoría de programas de los que dependen los fondos federales, como el cierre de parques nacionales, la nula atención al ciudadano o la congelación de ayudas y subvenciones.
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El sábado pasado, expiró la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, del que dependen 42 millones de personas en situación de pobreza, la mayoría ancianos y niños. Un tribunal federal ordenó a la Casa Blanca encontrar los fondos para que los afectados puedan recibir sus cupones de alimentos, como ya hizo Donald Trump durante el cierre de gobierno de su primer mandato.
Pero el republicano ha desafiado esta mañana esa orden ante un tribunal de apelaciones, al que ha pedido que la suspenda de inmediato. El juez del tribunal inferior, John McConnell, acusó a la Administración de usar el mayor programa contra el hambre del país como moneda de cambio política. También dio al gobierno un plazo hasta el viernes para cumplir la orden y liberar los pagos completos a los estados.
En una publicación en su plataforma, Truth Social, Trump afirmó esta semana que estas ayudas “se otorgarán solo cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el gobierno, algo que pueden hacer fácilmente, ¡y no antes!”.
Trump desafía en los tribunales la orden judicial que le obliga a financiar el programa de alimentos, congelado desde el sábado
En realidad, la responsabilidad sobre el cierre de gobierno recae sobre el legislativo al completo, incluidos republicanos, demócratas e independientes, que ahora tendrán todavía más presión sobre sus espaldas para alcanzar un acuerdo. Pero, mientras los ciudadanos ven como se agotan los servicios públicos, ambos lados del tablero político llevan más de un mes repartiéndose las culpas y sin dar señales claras de avances.
La financiación del gobierno expiró el 1 de octubre, por primera vez en siete años, después de que los demócratas del Senado se negaran a aprobar la resolución republicana de la Cámara de Representantes. Su exigencia era, y sigue siendo, la extensión de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (conocida como Obamacare), que expiran a final de año, así como revertir los recortes republicanos al seguro de salud público Medicaid (para personas de bajos ingresos y discapacitadas), entre otros programas que los republicanos demolieron en julio con la “gran y hermosa” reforma fiscal promovida por Trump.
Su cálculo es que, electoral y políticamente, vale más la pena mantener sin fondos el gobierno de Trump que financiarlo y permitir que expiren las ayudas sanitarias, en un contexto de incremento de costes en la salud de los estadounidenses. Están utilizando una de las pocas herramientas de negociación política que les queda en un Washington dominado por los republicanos. Sin embargo, la derecha no ha cedido en ningún momento a su presión y ha mostrado total intransigencia, llegando Trump a celebrar la “oportunidad sin precedentes” de utilizar el cierre de gobierno para cerrar “agencias demócratas”.