Human Rights Watch (HRW) denuncia que Israel cometió crímenes de guerra y contra la humanidad durante las operaciones militares que, entre enero y febrero de este año, derivaron en la expulsión forzada de unos 32.000 palestinos de los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams, en el norte de Cisjordania.
En un informe de 105 páginas difundido hoy, basado en más de una treintena de entrevistas y el análisis de imágenes de satélite y documentos verificados, la organización sostiene que las autoridades israelíes han impedido el retorno de todas las familias desplazadas y que, en los campos atacados, cientos de viviendas y edificios quedaron gravemente dañadas o, directamente, fueron destruidas.
Según la investigadora de HRW Nadia Hardman, las fuerzas israelíes expulsaron a los residentes de los campamentos “sin respetar las protecciones legales internacionales”. La Convención de Ginebra prohíbe el desplazamiento de civiles de territorios ocupados, salvo temporalmente por razones militares imperativas o por su seguridad, y establece que la población desplazada tiene derecho a protección, alojamiento y a regresar tan pronto como cesen las hostilidades en la zona. La actuación de Israel documentada por la oenegé incumple todos estos requisitos.
Actuación denunciable
Los edificios eran arrasados mientras la población civil huía sin recibir refugio
De acuerdo con el informe, en las operaciones militares participaron tropas terrestres, tanques, helicópteros, drones y excavadoras que avanzaron zona por zona, allanaron viviendas y destruyeron infraestructura. Los edificios eran arrasados mientras la población civil huía sin recibir refugio, alimentos ni atención médica por parte del ejército.
El nivel de destrucción es significativo: HRW identifica más de 850 estructuras destruidas o gravemente dañadas, mientras que una evaluación de la ONU en octubre señalaba un total de 1.460 edificios afectados, incluidos 652 con daños moderados. Los campamentos, creados a mediados del siglo pasado para acoger a palestinos desplazados tras la creación del Estado de Israel en 1948, han quedado prácticamente arrasados.
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En declaraciones a la agencia Reuters, el ejército israelí ha argumentado que necesitaba demoler infraestructura civil de los campamentos para evitar su uso por milicianos, aunque no ha aclarado cuándo podrán regresar los residentes ni ha ofrecido explicaciones sobre las expulsiones masivas. Por su parte, HRW sostiene que Israel no ha presentado evidencias de objetivos militares que justificaran la evacuación completa ni la prohibición del retorno.
Ante los datos contenidos en su informe, HRW reclama sanciones específicas, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos, contra altos funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz. Desde el 7 de octubre de 2023, las operaciones israelíes en Cisjordania han dejado alrededor de 1.000 palestinos muertos, según datos de la ONU.