Dimisiones en HRW por el bloqueo de un informe sobre el derecho al retorno de los palestinos
Conflicto en Oriente Medio
Omar Shakir afirma que la ONG impidió la publicación por miedo a ser considerado un ataque al carácter judío del Estado israelí
Omar Shakir, exdirector de Human Rights Watch (HRW) para Israel y Palestina
Omar Shakir, exdirector de la ONG Human Rights Watch, dimitió a principios de este mes a causa del bloqueo de un informe que califica de “crimen contra la humanidad” la denegación por parte de Israel del derecho al retorno de los palestinos.
Según el investigador, los dirigentes de la ONG “temían” que se hiciera uso del informe “para afirmar que HRW cuestionaba el carácter judío del Estado israelí”. Afirma también que, «no se trataba de derechos o hechos. Fue una decisión motivada por la preocupación sobre cómo se percibiría a la organización al publicar este informe».
Por su parte, la ONG indica que la publicación se había “suspendido” mientras se llevaban a cabo “análisis e investigaciones adicionales”, que todavía “están en curso”. Consideran que el informe “planteaba cuestiones complejas y con grandes consecuencias”. Durante la revisión concluyeron que “algunos aspectos de la investigación y la base fáctica de nuestras conclusiones jurídicas debían reforzarse para cumplir con los elevados requisitos”.
Los refugiados palestinos reclaman el derecho a regresar a las tierras que abandonaron o de las que fueron expulsados durante la creación de Israel en 1948, y que ahora se encuentran en territorio israelí.
Israel se opone firmemente a esta reivindicación, ya que la considera una amenaza demográfica para su supervivencia.
Shakir explica que la política de Israel de negar a los refugiados el derecho al retorno “ha causado graves perjuicios y constituye un crimen contra la humanidad”. Añade que “los daños incluyen la angustia que se transmite de generación en generación, como resultado del desarraigo y la ruptura con su tierra natal, así como con los lazos familiares y comunitarios”.
La expulsión de sus tierras, que es vivida por la comunidad palestina como una catástrofe, supuso la huida y la expulsión de unos 760 000 árabes palestinos, más de la mitad de la población árabe de Palestina en aquel momento, durante la creación del Estado de Israel.
Junto con sus descendientes, hoy en día hay unos seis millones de refugiados palestinos que viven en Cisjordania ocupada, la Franja de Gaza, Jordania, Líbano y Siria, según las Naciones Unidas.
Durante las negociaciones para alcanzar una solución definitiva al conflicto israelo-palestino, celebradas en Taba (Egipto) en 2001, las partes contemplaron la posibilidad de que Israel reconociera parte de su responsabilidad en la catástrofe y autorizara el regreso de un número limitado de refugiados, previendo también una compensación económica, a cambio de que Palestina renunciara a reclamar el derecho al retorno de todos los refugiados.