Robar móviles saldrá más caro: ¿Qué implica la nueva ley contra la multirreincidencia?
El escenario político
La norma tiene en cuenta el hecho de que los delincuentes sean reincidentes aunque las cantidades del hurto sean inferiores a 400 euros y también incluye medidas para proteger a agricultores y ganaderos de los robos
Imagen de la sustracción de un teléfono móvil
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la ley contra la multirreincidencia que impulsa Junts con una amplia mayoría, con más de 300 votos a favor. La norma, que ha estado varada dos años en el trámite parlamentario y se desencalló el pasado otoño, debe pasar ahora por el Senado y volver a la Cámara baja para su aprobación definitiva.
El redactado endurece el Código Penal y modifica también la ley de Enjuiciamiento Criminal, dos leyes orgánicas, para que se tengan en cuenta los antecedentes penales de los detenidos y también se introducen agravantes para determinados supuestos en los delitos contra el patrimonio, es decir, en caso de robos, hurtos y estafas. También prevé que haya más jueces en función del número de habitantes en cada lugar.
Los cambios más importantes
En ese sentido, la medida más destacada es que robar móviles y otros dispositivos electrónicos con información personal, laboral o bancaria saldrá más caro, con penas de entre uno y tres años de cárcel. Sin embargo, no se considerarán incluidos los teléfonos que se encuentren a la venta o en exposición en establecimientos comerciales.
Prevención de la reincidencia
La nueva legislación también incluye medidas cautelares, como impedir que una persona reincidente tenga prohibido “residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma”. Asimismo, en esa misma línea, se contempla la prohibición de acudir a determinados lugares donde hubiera delinquido.
¿Quién es reincidente?
En el 2022 ya hubo cambios en el Código Penal para tratar de atajar la problemática de la inseguridad y la multirreincidencia, un fenómeno que se da sobre todo en las grandes ciudades y en los núcleos urbanos. Con la nueva ley se acota la definición de la reincidencia.
Así pues, ahora hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza. Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros estados de la Unión Europea también producirán los efectos de reincidencia.
Además, en el caso de los hurtos, aunque la cantidad sustraída sea inferior a los 400 euros, si el delincuente ha sido condenado al menos por tres delitos de la misma naturaleza se le aplicarán también penas de cárcel de uno a tres años en lugar de multa.
Actualización del delito de estafa
La norma que ha validado el Congreso también actualiza el delito de estafa por la modalidad en auge de la estafa electrónica. Así, se remarca que estafan aquellos que “con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. La pena prevista es de seis meses a tres años de prisión, en función de la cantidad defraudada, y en las estafas inferiores a 400 euros se tendrá en cuenta también la reincidencia, de modo que si la hubiere se aplique la pena de cárcel en lugar de la multa.
Protección para agricultores y ganaderos
Del mismo modo que se tienen en cuenta la reincidencia o la sustracción de dispositivos electrónicos, esta ley confiere también una protección especial para los robos que sufren agricultores y ganaderos si el valor de lo sustraído excede los 400 euros. En ese apartado entran tanto los productos alimenticios, agrarios o ganaderos, como los instrumentos o medios para su obtención.
Condenas para el apoyo logístico a las narcolanchas
La ley contra la multirreincidencia castiga con entre uno y cinco años el “petaqueo”, esto es la provisión logística a narcolanchas, como sería la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro con temeridad manifiesta de cualquier forma de combustibles líquidos.
El origen de la ley
Se trata de una ley que registró en marzo del 2024 el grupo parlamentario de JxCat en el Congreso y que los socialistas habían retenido en el trámite parlamentario por las reticencias de sus aliados: Sumar, Esquerra, BNG, EH Bildu y Podemos. Los republicanos al final se han abstenido en la votación de hoy. Desde el mundo local de Junts se reclamaba esta norma y también los alcaldes metropolitanos del PSC habían exigido medidas en este sentido, como también las exigen en el caso de las ocupaciones.
JxCat había pactado con el PSOE en Suiza la aprobación de esta ley y de otra para poder echar a los ocupas en un plazo de 48 horas si no tienen un contrato de alquiler o una escritura. Con todo, la norma estaba en un cajón y fue tras la ruptura de los posconvergentes con los socialistas, a finales de octubre, cuando se reactivó la maquinaria parlamentaria. Antes de Navidad se aprobó en comisión y ahora ya tiene el sello del pleno del Congreso. Han dado apoyo a la norma PP, PSOE, Vox, Junts y PNV.