El 40 % de los arrendatarios españoles destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, de modo que superan el umbral que marca que un hogar tiene una sobrecarga excesiva en este concepto.
Así lo revela un informe elaborado por el ICTA-UAB que analiza la creciente crisis de la vivienda en España y en ocho países europeos más. El estudio destaca que el aumento de los precios de la vivienda y su mala calidad están agravando las desigualdades estructurales en todo el país y alerta sobre el progresivo envejecimiento del parque inmobiliario en las zonas rurales.
Hasta el 40 % de los anuncios de alquiler en Barcelona son de temporada
El informe nacional sobre desigualdades habitacionales en España elaborado por el ICTA-UAB señala también que el porcentaje de ingresos destinado a la vivienda alcanza el 37 % en el caso de los arrendatarios del mercado libre. Como consecuencia, la pobreza energética afecta hasta al 28 % de los hogares españoles, una de las tasas más altas de la Unión Europea.
Asimismo, el aumento de los alquileres turísticos de corta estancia está desplazando a los inquilinos de larga duración. Hasta el 40 % de los anuncios de alquiler en Barcelona son de temporada: contratos de entre uno y once meses que no ofrecen el control de los alquileres de larga estancia ni las protecciones a los inquilinos de la Ley de vivienda española. A esto se suman miles de propiedades con licencias de alquileres turísticos de corta estancia, es decir, de menos de un mes. La inversión extranjera, los alquileres a corto plazo y de temporada y la gentrificación impulsada por el turismo han disparado los precios de alquiler en centros urbanos como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga.
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La escasez de viviendas de alquiler público es otro de los problemas detectados. “Solo el 1,5-2 % del total de viviendas son de alquiler público, y leyes como la de las viviendas de protección oficial (VPO) permitieron vender las viviendas subsidiadas en el mercado privado después de 10 a 30 años, afectando la asequibilidad a largo plazo”, indica el Dr. Austin Matheney, investigador del ICTA-UAB y autor principal del informe.
Y, pese a que el problema parece centrarse en las ciudades, las zonas rurales también se enfrentan a múltiples desafíos. El envejecimiento del parque de viviendas, la falta de infraestructura y el declive demográfico dificultan la vida rural, especialmente para la gente mayor. En estas áreas, la ineficiencia energética es una preocupación importante, ya que aumenta el coste de los servicios públicos y contribuye a la creciente tasa de pobreza energética en España.
El problema de las desigualdades ambientales: 1 de cada 5 hogares españoles no pueden mantener cálida su vivienda
Las desigualdades ambientales también afectan a los más vulnerables. Por ejemplo, en edificios antiguos con mal aislamiento, las familias se enfrentan a inviernos fríos, humedad y altas facturas de electricidad. Casi una de cada cinco hogares españoles no puede mantener cálida su vivienda.
Informe ICTA-UAB sobre vivendaAcciones para resolver la crisis de la vivienda
1Ampliar el alquiler público de viviendas
2Reformar los incentivos fiscales para desincentivar la especulación
3Promover los alquileres a largo plazo
4Regular los alquileres a corto plazo
5Proporcionar subsidios específicos para los hogares más vulnerables
Los autores argumentan que resolver la crisis de la vivienda en España requerirá de reformas coordinadas y a múltiples niveles. Las principales recomendaciones incluyen ampliar el alquiler público de viviendas, especialmente en los centros urbanos, y reformar los incentivos fiscales para desincentivar la especulación, a la vez que se promueven los alquileres a largo plazo.
Además, es necesario reformas las viviendas antiguas para mejorar su eficacia energética, con el apoyo de asistencia técnica y financiera. También es urgente regular los alquileres a corto plazo, particularmente en áreas de alta demanda, y proporcionar subsidios específicos para los hogares más vulnerables. Finalmente, es fundamental desarrollar estrategias regionales que traten las disparidades entre las zonas urbanas y rurales.